Los datos abiertos, la cooperación y la interoperabilidad de la Justicia digital

El art. 87 crea el Consejo Consultivo para que los sistemas se diseñen en colaboración con el sector privado y con los colectivos afectados, y su lista lo refleja: sindicatos, asociaciones profesionales de jueces, fiscales y letrados, los Consejos Generales de la Abogacía, la Procura y los Graduados Sociales, las organizaciones empresariales, el Colegio de Registradores, el Consejo General del Notariado, la Federación Española de Municipios y Provincias y la Secretaría General de Administración Digital. El Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado no están ahí: están en el Comité técnico estatal (art. 85.1). El Centro Criptológico Nacional colabora con el Subcomité de Seguridad (art. 95.2).

El art. 93.2, en su redacción de la Ley Orgánica 1/2025, dice que la política de seguridad, única para todos los sistemas que prestan servicios a la Justicia, la aprueba el Comité técnico estatal y se publica en el Punto de Acceso General de la Administración de Justicia y en las sedes judiciales electrónicas. El Boletín Oficial del Estado y los diarios autonómicos son el tentador porque es donde se publica la disposición que crea una sede judicial electrónica (art. 8.2), pero no es el cauce de esta política. El Portal de datos sirve la estadística y los datos abiertos (arts. 81 a 84).

El art. 97.1 obliga a la administración titular de los derechos de propiedad intelectual de una aplicación, desarrollada por sus servicios o contratada, a ponerla a disposición de cualquier institución judicial o Administración Pública sin contraprestación y sin necesidad de convenio. El convenio es el distractor tentador porque aparece en el mismo artículo, en otro supuesto: cuando quien va a adquirir o desarrollar una aplicación encuentra en el directorio general una solución reutilizable, puede reutilizarla previa formalización de convenio conforme al art. 47 de la Ley 40/2015 (art. 97.3). Tampoco hay compensación por el coste ni acuerdo previo del Comité.

El art. 81 reparte el Portal entre dos órganos. El Comité técnico estatal define los términos en que los sistemas de Justicia proveen los datos de actividad y carga de trabajo (81.1), pero qué estadística judicial se publica lo determina la Comisión Nacional de Estadística Judicial (81.2). Por eso el Comité es el distractor tentador: aparece en el mismo artículo, con otra tarea. Ni el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ni la Conferencia Sectorial de Justicia tienen ese papel en el art. 81.

El art. 81.4 pide una anonimización previa de los datos y, en todo caso, un nivel de agregación suficiente para que no se pueda identificar a ninguna persona física. Lo que el Portal publica es información sobre la actividad y la carga de trabajo de los órganos y oficinas, no sobre las personas, y por eso la norma no se apoya en el consentimiento de los afectados, ni en la firmeza de las resoluciones, ni en una autorización caso por caso del órgano judicial: la garantía es que nadie sea identificable.

El art. 84 exige que el apartado de datos abiertos interopere con el Portal de datos abiertos del Estado y con el de la Unión Europea, para que los datos de la Justicia se encuentren donde están los del resto del sector público. El Punto de Acceso General y las sedes judiciales electrónicas son los canales de acceso a los servicios, no portales de datos abiertos; el Portal de Transparencia y la base de jurisprudencia tampoco aparecen en el artículo. Lo que sí añade el art. 84 es que cada administración puede usar el Portal de la Justicia directamente o hacer interoperar con él el suyo propio.

El art. 91 obliga a los Registros y al protocolo electrónico de las Notarías a ser accesibles y consultables desde los órganos y oficinas judiciales y fiscales, y a interoperar con la gestión procesal, de modo que puedan automatizarse las interacciones habituales. El límite es material: no se automatiza lo que exige la función calificadora del registrador ni la fe pública del notario, que siguen siendo actos de esas personas. La norma no lo hace depender de una autorización del letrado caso por caso, ni de un convenio, ni de la clase de expediente; la interconexión se hace con un protocolo único para toda la Administración de Justicia.