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La Justicia digital: el libro primero del Real Decreto-ley 6/2023, el Código de Conducta informático y los archivos judiciales 

191 preguntas · 13 bloques

del equipo de Nemoteca

Citas contrastadas con el texto vigente · Actualizada el 20 de octubre de 2026

Test de la Justicia digital: RDL 6/2023, sede judicial y expediente electrónicos, firma, Código de Conducta y archivos judiciales, con el artículo literal.

Se responde en el navegador, sin instalar nada y sin cuenta. Nemoteca hace la parte cara: decidir qué y cuándo.

Así son sus preguntas

Resueltas, y cada una con la cita literal que la justifica, para que compruebes la respuesta por tu cuenta. Ésta es una pequeña muestra de las 191 preguntas que contiene en total.

Los actos y servicios no presenciales

En una vista por videoconferencia, uno de los intervinientes no se identificó al inicio, como pide el art. 60. Según el art. 61.1 del Real Decreto-ley 6/2023, ¿qué efecto tiene ese incumplimiento por sí solo?

  • La nulidad de la actuación
  • Su anulabilidad, si la pide cualquiera de las partes
  • Su nulidad, salvo que se identifique antes del final
  • Ninguno por sí solo: conserva sus efectos

El art. 61.1 salva la actuación: incumplir las reglas de identificación y firma de los artículos anteriores no le quita, por sí solo, sus efectos procesales y jurídicos, ni la hace ineficaz o nula. Por eso no hay que repetirla, y su validez no depende de que el interviniente se identifique más tarde. Lo que la ley prevé es otra vía: si alguien impugna la identificación o la firma, la Administración comprueba los requisitos, y si el resultado es negativo resuelve el juez o tribunal (art. 61.2 y 61.4).

El incumplimiento de lo establecido en los artículos anteriores no priva por sí solo de efectos procesales y jurídicos a la actuación llevada a cabo por videoconferencia, ni supone la ineficacia o nulidad de la misma.
Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre
La presentación de escritos y el expediente judicial electrónico

Según el Real Decreto-ley 6/2023, ¿para qué sirve el Sistema Común de Intercambio de documentos y expedientes judiciales electrónicos?

  • Para que los ciudadanos consulten el estado de sus procedimientos
  • Para que los profesionales presenten sus escritos y se den traslado de las copias
  • Para conservar los expedientes ya concluidos hasta su expurgo
  • Para que expedientes y documentos pasen de un órgano u oficina judicial a otro

El art. 48.1 le da un objeto concreto: posibilitar la itineración de expedientes y la transmisión de documentos electrónicos de una oficina u órgano judicial o fiscal a otro cuando lo exijan las leyes procesales, aunque usen sistemas de gestión procesal distintos. La consulta del estado de tramitación es cosa de los servicios del art. 46; la presentación y el traslado de copias, de los arts. 41 a 44; y la conservación hasta el expurgo, de la normativa de archivos judiciales.

El Sistema Común de Intercambio de documentos y expedientes judiciales electrónicos tendrá por objeto posibilitar la itineración de expedientes electrónicos y la transmisión de documentos electrónicos de una oficina u órgano judicial o fiscal a otro
Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre
Las comunicaciones electrónicas y las actuaciones automatizadas

En una actuación automatizada, asistida o proactiva, ¿quién puede encargarse, según el art. 58.1 del Real Decreto-ley 6/2023, de definir las especificaciones y, en su caso, de auditar el sistema de información y su código fuente?

  • El Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica
  • La Comisión Nacional de Estadística Judicial
  • La Agencia Española de Protección de Datos, como autoridad de control
  • El Centro Criptológico Nacional del Centro Nacional de Inteligencia

El art. 58.1 permite que el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica defina las especificaciones, la programación, el mantenimiento, la supervisión y el control de calidad y, en su caso, la auditoría del sistema y de su código fuente. La Comisión Nacional de Estadística Judicial sale en el mismo artículo, pero solo para fijar, con el Comité, los indicadores de gestión (art. 58.3). El artículo no menciona la protección de datos ni el Centro Criptológico Nacional. Sus criterios de decisión, además, han de ser públicos y objetivos (art. 58.2).

podrá realizarse por el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, la auditoría del sistema de información y de su código fuente
Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre
La eficiencia digital de la Justicia: objeto, principios y ámbito

Entre los medios con los que deben contar las administraciones competentes en materia de Justicia, ¿dónde sitúa el art. 4.3 del Real Decreto-ley 6/2023 los puntos de información electrónicos?

  • En los edificios judiciales
  • En las sedes colegiales
  • En los ayuntamientos
  • En las oficinas de registro

La letra d) del art. 4.3 los ubica en los edificios judiciales, junto a los otros tres medios mínimos: las oficinas de información y atención al público, las sedes judiciales electrónicas y la atención telefónica. El artículo no los pone en las sedes de los colegios profesionales, ni en los ayuntamientos, ni en las oficinas de registro.

d) Puntos de información electrónicos, ubicados en los edificios judiciales.
Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre
Los expurgos de documentos judiciales

Publicadas las relaciones de expedientes por acuerdo del presidente de la Junta de Expurgo, ¿de qué plazo disponen los interesados para recuperar los documentos que aportaron al proceso, según el art. 16.1 del Real Decreto 937/2003?

  • Un mes
  • Quince días hábiles
  • Dos meses
  • Seis meses

Son dos meses desde la publicación en el BOE o en el diario oficial autonómico, con una referencia en un diario de gran difusión. El mes es la cifra vecina que confunde: es el plazo del órgano de procedencia para confirmar la prescripción o la caducidad (art. 15.2) y el de la sesión que aprueba el acta (art. 19.1). Quien deja pasar los dos meses sin pedir la devolución queda decaído en su derecho (art. 16.3).

al objeto de que, en el plazo de dos meses, puedan los interesados recuperar aquellos documentos en su día aportados al proceso
Real Decreto 937/2003, de 18 de julio
Ver 20 preguntas más
La tramitación electrónica, orientada al dato, y el documento judicial electrónico

Un técnico tiene que entrar en el sistema de gestión procesal de un órgano judicial para una labor de mantenimiento, ajena al acceso ordinario de la tramitación. Según el Real Decreto-ley 6/2023, ¿de quién necesita autorización previa?

  • Del letrado de la Administración de Justicia competente
  • Del juez o magistrado que sea titular del órgano judicial
  • De la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
  • Del delegado de protección de datos de la Administración

El art. 31.3 exige autorización previa del letrado de la Administración de Justicia competente —o, en su caso, del superior funcional del servicio— para todo acceso con las finalidades del apartado 2, que nombra expresamente al personal de administración, mantenimiento y soporte, y para cualquier otro distinto del acceso ordinario de jueces, fiscales, letrados y personal de la oficina judicial. No lo autoriza el juez: el control del acceso a los sistemas lo pone la norma en el letrado, que dirige la oficina judicial. Ni la Sala de Gobierno ni el delegado de protección de datos aparecen en el artículo.

Requerirá autorización previa del letrado o letrada de la Administración de Justicia competente, o en su caso del superior funcional del servicio, todo acceso que se lleve a cabo a los sistemas de información ya sea a las finalidades del apartado anterior, o a cualquier otra finalidad extraña o ajena o distinta del acceso ordinario
Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre
Los archivos judiciales: clases, custodia y acceso

Según el art. 5.3 del Real Decreto 937/2003, ¿a quién corresponde decidir que los documentos de un Archivo Judicial de Gestión se remitan al Territorial?

  • Al responsable del Archivo Judicial de Gestión donde se hallan
  • Al responsable del Archivo Judicial Territorial que los recibe
  • Al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad
  • Al juez o presidente del órgano judicial del que proceden

Decide quien responde del archivo de origen, el de gestión donde están los documentos; el Territorial los recibe y los ordena (art. 8.2), pero no decide su envío. Del Presidente del Tribunal Superior de Justicia depende el Archivo Territorial (art. 8.1), no la remisión. Y el juez o presidente del órgano interviene para revisar si se deniega el acceso (art. 12.3), no aquí. Ese responsable del archivo de gestión es el letrado de la Administración de Justicia, al que el art. 6 llama todavía secretario judicial.

La decisión de remitir los documentos anteriores corresponderá al responsable del Archivo Judicial de Gestión donde se hallasen los documentos judiciales.
Real Decreto 937/2003, de 18 de julio
Los registros y los archivos electrónicos de la Administración de Justicia

Una empresa quiere que su apoderado pueda actuar en su nombre en cualquier clase de procedimiento y actuación judicial. Según el Real Decreto-ley 6/2023, ¿qué tipología de apoderamiento corresponde inscribir en el Registro Electrónico de Apoderamientos Judiciales?

  • Un poder genérico
  • Un poder específico
  • Un poder para determinadas clases de procedimientos
  • Un poder por comparecencia electrónica

El art. 74.4 distingue tres tipologías por su ámbito: el poder genérico, para actuar en cualquier clase de procedimiento y actuación judicial; el poder para determinadas clases de procedimientos, y el poder específico, para un procedimiento concreto. Lo que pide la empresa es el genérico. La comparecencia electrónica no es una tipología, sino una forma de otorgar el poder (74.5); y que las facultades sean generales o especiales es otro eje, que decide el poderdante conforme al art. 25 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Un poder genérico para que el apoderado o apoderada pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier clase de procedimiento y actuación judicial
Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre
La sede judicial electrónica y la Carpeta Justicia

Según el Real Decreto-ley 6/2023, ¿cómo se crea una sede judicial electrónica?

  • Por acuerdo del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica
  • Por acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial
  • Por su inscripción en el directorio del Punto de Acceso General
  • Por disposición publicada en el BOE o en el diario oficial autonómico

El art. 8.2 exige una disposición publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o en el boletín o diario oficial de la comunidad autónoma que corresponda, y el art. 8.9 añade que ese instrumento de creación tiene que ser accesible desde la propia sede. El Punto de Acceso General contiene el directorio de las sedes (art. 12.1), pero figurar en él no las crea; y ni el Comité técnico estatal ni el Consejo General del Poder Judicial crean sedes por acuerdo.

Las sedes judiciales electrónicas se crearán mediante disposición publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o el Boletín o Diario Oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente
Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre
Los datos abiertos, la cooperación y la interoperabilidad de la Justicia digital

Según el Real Decreto-ley 6/2023, ¿con qué órgano se coordinará el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica en el ejercicio de sus funciones, en aras de la eficiencia de los servicios públicos?

  • Con la Agencia Española de Protección de Datos
  • Con el Consejo Consultivo para la Transformación Digital
  • Con la Conferencia Sectorial de Justicia
  • Con las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores

El art. 86.1 coordina el Comité técnico estatal con la Conferencia Sectorial de Justicia, el órgano de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas en esta materia, y manda arbitrar los mecanismos de colaboración que correspondan. El mismo artículo añade la colaboración con la Administración General del Estado (86.2) y la coordinación con la Comisión Nacional de Estadística Judicial (86.3). El Consejo Consultivo es otra pieza del mismo capítulo, pero su papel es dar entrada a los profesionales y al sector privado (art. 87), y ni la Agencia Española de Protección de Datos ni las Salas de Gobierno aparecen en el art. 86.

El Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica y la Conferencia Sectorial de Justicia se coordinarán en el ejercicio de sus funciones, en aras de la eficiencia de los servicios públicos
Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre
La identificación y la firma electrónicas en la Justicia

Según el Real Decreto-ley 6/2023, ¿en qué casos admitirá y requerirá la Administración de Justicia la firma electrónica?

  • Cuando lo acuerde quien dirija el procedimiento, por resolución motivada
  • En los escritos de los profesionales, pero no en los de los ciudadanos
  • En todos los que, según las leyes procesales, requieran la firma
  • En los escritos que inician el procedimiento y en los de recurso

El art. 22.1 ata la firma electrónica a lo que piden las leyes procesales: la Administración de Justicia la admitirá y requerirá en todos los casos en que, de conformidad con ellas, los órganos judiciales requieran la firma (con la salvedad del funcionario habilitado del art. 29.1). No depende de una resolución de quien dirige el procedimiento ni distingue entre profesionales y ciudadanos o entre clases de escrito. En los demás casos basta acreditar antes la identidad con cualquiera de los medios de identificación del real decreto-ley (art. 22.2).

La Administración de Justicia admitirá y requerirá la firma electrónica en todos los casos en que, de conformidad con las leyes procesales, los órganos judiciales requieran la firma
Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre
El Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia

Se extingue la relación laboral de una usuaria con la Administración de Justicia. Según la Instrucción 2/2003 del CGPJ, ¿qué pasa con su buzón de correo electrónico?

  • Conserva el acceso un mes para lo personal
  • Se borra en cuanto se extingue la relación, con los mensajes que tuviera guardados
  • Se le interrumpe el acceso en ese momento
  • Lo usa hasta que se asigne a quien la sustituya

El apartado noveno (9.3) dice que el acceso al correo dura lo que dura la vinculación y que, al extinguirse la relación funcionarial o laboral, se interrumpe el acceso al buzón. Los servicios técnicos pueden entonces acceder a él para reenviar los mensajes profesionales a los usuarios que determine el administrador o responsable del Sistema. No hay ningún mes de gracia, el buzón no se borra sin más y la usuaria no sigue usándolo.

En el momento de la extinción de la relación funcionarial o laboral, se interrumpirá el acceso a su buzón de correo. Los servicios técnicos podrán acceder al buzón para reenviar los mensajes profesionales a los usuarios que se determinen por el administrador o responsable del Sistema.
Instrucción 2/2003, de 26 de febrero, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial
Los derechos y deberes digitales ante la Administración de Justicia

Según el art. 5.2 del Real Decreto-ley 6/2023, ¿de qué documento nombra expresamente los sistemas de identificación y firma electrónica que los ciudadanos tienen derecho a usar ante la Administración de Justicia?

  • El documento nacional de identidad
  • El pasaporte español en vigor
  • La tarjeta de identidad de extranjero
  • El carné de colegiado profesional

La letra i) del art. 5.2 nombra el documento nacional de identidad y añade los demás dispositivos que se pongan a disposición de los ciudadanos para autenticarse o firmar conforme al art. 20 del real decreto-ley. Ni el pasaporte, ni la tarjeta de identidad de extranjero, ni el carné de colegiado aparecen en la letra.

A utilizar los sistemas de identificación y firma electrónica ante la Administración de Justicia del documento nacional de identidad
Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre
Las comunicaciones electrónicas y las actuaciones automatizadas

Sin intervención humana, el sistema de información aprovecha los datos de un expediente judicial para generar un aviso en un expediente de otra Administración Pública. Según el Real Decreto-ley 6/2023, ¿qué clase de actuación es?

  • Una actuación asistida
  • Una actuación proactiva
  • Una actuación resolutoria simple
  • Una comunicación orientada al dato

El art. 56.3 llama proactivas a las actuaciones automatizadas que el sistema inicia solo, sin intervención humana, y que aprovechan la información de un expediente para generar avisos o efectos en el mismo o en otros expedientes, de la misma o de otra Administración. La asistida es otra cosa: el sistema prepara un borrador a voluntad del usuario (art. 57). Las «resolutorias simples» son las que pueden automatizarse porque no requieren interpretación jurídica (art. 56.2), y la orientación al dato describe cómo son los canales (art. 53), no una clase de actuación.

Se entiende por actuaciones proactivas las actuaciones automatizadas, auto-iniciadas por los sistemas de información sin intervención humana, que aprovechan la información incorporada en un expediente o procedimiento de una Administración Pública con un fin determinado, para generar avisos o efectos directos a otros fines distintos
Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre
La presentación de escritos y el expediente judicial electrónico

Según el Real Decreto-ley 6/2023, ¿quién firma el índice electrónico que tiene todo expediente judicial electrónico?

  • El juez o magistrado que conozca del procedimiento
  • La parte que inició el procedimiento, al presentar la demanda
  • La oficina judicial actuante o procesos automatizados
  • El Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica

El art. 47.3 dice que el índice electrónico lo firma la oficina judicial actuante o lo firman procesos automatizados conforme al propio real decreto-ley. Ese índice es el que garantiza la integridad del expediente y permite recuperarlo. No es una resolución del juez ni un documento de parte, y el Comité técnico estatal fija normas técnicas, pero no firma expedientes.

Todo expediente judicial electrónico tendrá un índice electrónico, firmado por la oficina judicial actuante o por procesos automatizados conforme a lo previsto en este real decreto-ley.
Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre
Los actos y servicios no presenciales

Además de contar con dispositivos que sean punto de acceso seguro, ¿cuál de estos requisitos mínimos ha de reunir un lugar seguro según el art. 62.3 del Real Decreto-ley 6/2023?

  • Permitir la entrevista reservada con el abogado
  • Contar con un funcionario de la oficina judicial presente
  • Estar en el partido judicial del órgano que conoce del asunto
  • Disponer de una sala virtual propia

Entre los requisitos mínimos del lugar seguro, el art. 62.3.c pide asegurar todas las garantías del derecho de defensa, incluida la facultad de entrevistarse reservadamente con el abogado o la abogada. Los otros son tener puntos de acceso seguros, garantizar la identidad de los intervinientes y la autonomía de su intervención, y poder digitalizar documentos para verlos por videoconferencia. La norma no exige que esté presente un funcionario judicial, ni que el lugar esté en el partido judicial del órgano, ni una sala virtual propia, que es otra figura (art. 65).

Asegurar todas las garantías del derecho de defensa, inclusive la facultad de entrevistarse reservadamente con el Abogado o Abogada.
Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre
La tramitación electrónica, orientada al dato, y el documento judicial electrónico

Una persona física interviene en un proceso en el que, conforme a las leyes procesales, no actúa representada por procurador, y ninguna norma la obliga a usar medios electrónicos. Según el Real Decreto-ley 6/2023, ¿cómo se comunica con la Administración de Justicia?

  • Por medios electrónicos, como el resto de los que intervienen
  • Por el medio que elija en cada momento, electrónico o no
  • En papel, salvo que pida los medios electrónicos al iniciar el proceso
  • Por medios electrónicos, si el órgano judicial así se lo requiere

El art. 32.1 manda que todo lo que se hace ante la Administración de Justicia se haga por medios electrónicos, y exceptúa a las personas físicas que no actúan representadas por procurador: ellas pueden elegir «en todo momento» si se comunican por medios electrónicos o no, salvo que una norma las obligue expresamente. La elección no se hace una sola vez al empezar el proceso ni la decide el órgano judicial: es de la persona y puede cambiarla.

En estos casos, las personas físicas podrán elegir, en todo momento, si se comunican con la Administración de Justicia a través de medios electrónicos o no, salvo en aquellos supuestos en los que expresamente estén obligadas a relacionarse a través de tales medios.
Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre
La eficiencia digital de la Justicia: objeto, principios y ámbito

Según el art. 1.2 del Real Decreto-ley 6/2023, al utilizar las tecnologías de la información la Administración de Justicia asegura una serie de cualidades de los datos, informaciones y servicios que gestiona. ¿Cuál de estas figura en esa enumeración?

  • La gratuidad
  • La publicidad
  • La trazabilidad
  • La exhaustividad

El art. 1.2 enumera lo que se asegura de los datos, informaciones y servicios: la seguridad jurídica digital, el acceso, la autenticidad, la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, la trazabilidad, la conservación, la portabilidad y la interoperabilidad. Ni la gratuidad ni la publicidad ni la exhaustividad están en esa lista. La gratuidad aparece más adelante, en el art. 4.3.a, para los medios que las oficinas de atención ponen a disposición de quien actúa sin abogado ni procurador, no como cualidad de los datos.

asegurando la seguridad jurídica digital, el acceso, autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad, conservación, portabilidad e interoperabilidad de los datos, informaciones y servicios que gestione
Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre
La sede judicial electrónica y la Carpeta Justicia

Según el Real Decreto-ley 6/2023, ¿a quién corresponden la titularidad, la gestión y la administración de una sede judicial electrónica?

  • Al Consejo General del Poder Judicial, en todo el territorio
  • A cada administración competente en materia de Justicia
  • Al órgano judicial cuya información se publica en ella
  • Al Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica

El art. 8.1 define la sede judicial electrónica como una dirección electrónica cuya titularidad, gestión y administración corresponde a cada una de las administraciones competentes en materia de Justicia: hay tantas sedes como administraciones con esa competencia. El Consejo General del Poder Judicial no es su titular. El Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica adopta acuerdos sobre el Punto de Acceso General y la Carpeta Justicia, pero no es titular de ninguna sede, y el órgano que origina la información responde de su veracidad (art. 11), no de la sede.

cuya titularidad, gestión y administración corresponde a cada una de las administraciones competentes en materia de Justicia
Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre
Los archivos judiciales: clases, custodia y acceso

Según el art. 8.1 del Real Decreto 937/2003, en cada comunidad autónoma existirá como mínimo un Archivo Judicial Territorial. ¿De quién depende?

  • De la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo
  • Del Consejo General del Poder Judicial
  • Del Presidente del Tribunal Superior de Justicia
  • Del Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia

El Archivo Judicial Territorial depende del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, que puede delegar esa competencia. Al Secretario de Gobierno le puede tocar otra cosa, la ordenación y custodia del archivo como su responsable (art. 9.3): custodiarlo no es que el archivo dependa de él. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo es la del Archivo Judicial Central (art. 10.1), y el Consejo General aprueba los programas informáticos (art. 3.2).

En cada comunidad autónoma existirá como mínimo un Archivo Judicial Territorial dependiente del Presidente del Tribunal Superior de Justicia
Real Decreto 937/2003, de 18 de julio
La identificación y la firma electrónicas en la Justicia

Según el Real Decreto-ley 6/2023, ¿mediante qué sistemas podrá identificarse la propia Administración de Justicia?

  • Los del artículo 40 de la Ley 40/2015
  • Los del artículo 9 de la Ley 39/2015
  • Los del artículo 10 de la Ley 39/2015
  • Los del artículo 43 de la Ley 40/2015

El art. 24 remite la identificación de la Administración de Justicia a los sistemas del art. 40 de la Ley 40/2015, el que regula cómo se identifican las Administraciones Públicas. El art. 9 de la Ley 39/2015 es al que remite el art. 19 para identificar a quienes actúan ante la Justicia, y el art. 10 de la misma ley, el de su firma (art. 20). El art. 43 de la Ley 40/2015 trata de la firma del personal, no de la identificación de la Administración.

La Administración de Justicia podrá identificarse mediante los sistemas de identificación establecidos en el artículo 40 de la Ley 40/2015
Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre
Los datos abiertos, la cooperación y la interoperabilidad de la Justicia digital

Según el art. 85 del Real Decreto-ley 6/2023, ¿cuál de estas instituciones NO está representada en el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica?

  • El Consejo General del Poder Judicial
  • La Fiscalía General del Estado
  • El Consejo General de la Abogacía
  • Las comunidades autónomas con competencias en Justicia

El art. 85.1 compone el Comité con representantes de cuatro instituciones públicas: el Consejo General del Poder Judicial, el ministerio competente en Justicia, la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas con competencias en Administración de Justicia. Los Consejos Generales de la Abogacía, de la Procura y de los Graduados Sociales no están en el Comité: participan en el Consejo Consultivo para la Transformación Digital (art. 87.2.c), que es el cauce de los profesionales y del sector privado. Es la confusión que hay que evitar entre los dos órganos.

Estará compuesto por representantes del Consejo General del Poder Judicial, del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, de la Fiscalía General del Estado y de las Comunidades Autónomas con competencias en materias de Administración de Justicia
Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre
Los expurgos de documentos judiciales

La Junta de Expurgo examina unos expedientes judiciales sin interés histórico-documental que solo están recogidos en soporte electrónico. Según el art. 18.4 del Real Decreto 937/2003, ¿qué acordará?

  • Su enajenación, para reutilizar el soporte
  • Su destrucción, sin pasar por la enajenación
  • Su impresión en papel y su enajenación posterior
  • Su conservación indefinida en el Archivo Judicial Central

Lo que no se preserva se excluye y, por regla, se enajena (art. 18.2); pero la enajenación está pensada para el papel, que el adquirente solo puede reutilizar como papel de uso común (art. 21.2). Por eso, cuando el expediente no está en soporte de papel, se acuerda en todo caso su destrucción, igual que cuando enajenar no es posible o no es aconsejable. El reglamento no prevé pasarlos a papel para venderlos: lo que no está en papel se destruye.

en todo caso, cuando los expedientes o documentos judiciales y gubernativos no estén recogidos en soporte de papel, se acordará su destrucción.
Real Decreto 937/2003, de 18 de julio
El Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia

Un magistrado se lleva a casa el portátil que le suministró la Administración competente y trabaja con él fuera del juzgado. Según la Instrucción 2/2003 del CGPJ, ¿le obliga ahí el Código de Conducta?

  • No, porque el Código regula el uso de los equipos dentro de las instalaciones judiciales
  • Sí, pero en la medida en que el portátil esté conectado a la red interna del propio órgano
  • No, salvo que el portátil guarde datos personales de las partes de un proceso
  • Sí, porque alcanza a los equipos suministrados por la Administración, estén donde estén

El apartado tercero dice que el Código quiere concienciar sobre la seguridad «tanto dentro como fuera de las instalaciones judiciales», y que sus normas se refieren a todos los equipos suministrados por la Administración competente «con independencia de su ubicación». El apartado cuarto lo confirma para los portátiles. Lo que decide es quién suministró el equipo, no dónde está ni si en ese momento está conectado a la red interna o guarda datos de las partes.

las presentes normas se refieren a todos los equipos informáticos suministrados por la Administración competente y sean utilizados por los usuarios, con independencia de su ubicación
Instrucción 2/2003, de 26 de febrero, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial
Las comunicaciones electrónicas y las actuaciones automatizadas

¿Cuál de estas actuaciones cita el art. 56.2 del Real Decreto-ley 6/2023 entre las que los sistemas informáticos de la Administración de Justicia posibilitarán automatizar?

  • La generación de copias y certificados
  • La admisión a trámite de la demanda
  • La resolución de los recursos de reposición
  • La valoración de la prueba documental

El art. 56.2 permite automatizar las actuaciones de trámite o resolutorias simples, que no requieren interpretación jurídica, y pone ejemplos: el numerado o paginado de los expedientes, la remisión al archivo, la generación de copias y certificados, la de libros, la comprobación de representaciones y la declaración de firmeza. Admitir una demanda, resolver un recurso o valorar una prueba exige interpretar el derecho, y eso queda fuera del criterio del artículo.

que no requieren interpretación jurídica. Entre otras: a) El numerado o paginado de los expedientes. b) La remisión de asuntos al archivo cuando se den las condiciones procesales para ello. c) La generación de copias y certificados.
Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre

Lo que hay dentro

Tres normas de la Justicia digital y de su documentación, cada una en sus bloques. Del libro primero del Real Decreto-ley 6/2023, de punta a punta, la eficiencia digital del servicio público de Justicia: los derechos y deberes digitales, la sede judicial electrónica y la Carpeta Justicia, la identificación y la firma electrónicas, la tramitación electrónica y el documento judicial electrónico, la presentación de escritos y el expediente judicial electrónico, las comunicaciones electrónicas, los actos no presenciales, los registros y los archivos electrónicos, los datos abiertos y la cooperación entre Administraciones.

La Instrucción 2/2003 del Consejo General del Poder Judicial, con el Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia. Y el Real Decreto 937/2003, de modernización de los archivos judiciales: las clases de archivos, su custodia y el acceso a ellos, las relaciones documentales y las Juntas de Expurgo.

Con el artículo literal del texto vigente en cada respuesta. Sus bloques son los mismos que llevan las colecciones del equipo que la incluyen, como la de Tramitación procesal y administrativa: lo que ya sabes en una te cuenta en las demás.

  • Los archivos judiciales: clases, custodia y acceso 18 preguntas Los capítulos I y II del Real Decreto 937/2003, de modernización de los archivos judiciales: su objeto y qué son el documento y el archivo judicial, las nuevas tecnologías en los archivos, sus clases —los de gestión, los territoriales y el central—, cómo se ordena, se custodia y se conserva cada uno, quién accede a su documentación y cómo se remiten los documentos con sus relaciones documentales.
  • Los expurgos de documentos judiciales 16 preguntas El capítulo III y las disposiciones del Real Decreto 937/2003, de modernización de los archivos judiciales: las Juntas de Expurgo y cómo funcionan y acuerdan, la remisión de las relaciones documentales, la devolución de los documentos aportados al proceso, las actas, el fin de la vía administrativa, la enajenación, la destrucción y el traslado de los documentos, y lo que se dispone para el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los archivos históricos.
  • La eficiencia digital de la Justicia: objeto, principios y ámbito 9 preguntas El título preliminar del libro primero del Real Decreto-ley 6/2023: el objeto de las medidas de eficiencia digital del servicio público de Justicia, sus principios y a quién se aplican.
  • Los derechos y deberes digitales ante la Administración de Justicia 15 preguntas El título I del libro primero del Real Decreto-ley 6/2023: los derechos y los deberes digitales de los ciudadanos y de los profesionales en sus relaciones con la Administración de Justicia.
  • La sede judicial electrónica y la Carpeta Justicia 16 preguntas Los capítulos I y II del título II del libro primero del Real Decreto-ley 6/2023: qué es la sede judicial electrónica, quién la crea y qué contiene, y la Carpeta Justicia, el punto de acceso personal de cada ciudadano a sus asuntos.
  • La identificación y la firma electrónicas en la Justicia 14 preguntas El capítulo III del título II del libro primero del Real Decreto-ley 6/2023: los sistemas de identificación y firma electrónicas, cómo se identifican y firman los órganos y el personal de la Administración de Justicia, y cómo se identifican, firman y se hacen representar los ciudadanos.
  • La tramitación electrónica, orientada al dato, y el documento judicial electrónico 15 preguntas Los capítulos I a III del título III del libro primero del Real Decreto-ley 6/2023: las disposiciones comunes y el inicio electrónico del procedimiento, la tramitación orientada al dato y el documento judicial electrónico.
  • La presentación de escritos y el expediente judicial electrónico 16 preguntas Los capítulos IV y V del título III del libro primero del Real Decreto-ley 6/2023: cómo se presentan los escritos y los documentos por medios electrónicos, y qué es el expediente judicial electrónico, cómo se forma y cómo se remite.
  • Las comunicaciones electrónicas y las actuaciones automatizadas 15 preguntas Los capítulos VI y VII del título III del libro primero del Real Decreto-ley 6/2023: los actos de comunicación por medios electrónicos y las actuaciones automatizadas, proactivas y asistidas.
  • Los actos y servicios no presenciales 15 preguntas El título IV del libro primero del Real Decreto-ley 6/2023: cuándo se celebran actos y se prestan servicios sin presencia física, cómo se emiten las actuaciones celebradas por medios electrónicos, la protección de los datos de lo grabado en soporte audiovisual y la seguridad de los entornos remotos de trabajo.
  • Los registros y los archivos electrónicos de la Administración de Justicia 14 preguntas El título V del libro primero del Real Decreto-ley 6/2023: el Registro de Datos para el contacto electrónico, el registro de escritos, el Registro Electrónico Común, el Registro Electrónico de Apoderamientos Judiciales, el registro del personal habilitado y los archivos electrónicos de la Administración de Justicia.
  • Los datos abiertos, la cooperación y la interoperabilidad de la Justicia digital 12 preguntas Los títulos VI y VII y las disposiciones adicionales del libro primero del Real Decreto-ley 6/2023: los datos abiertos, la cooperación entre las Administraciones con competencias en Justicia y su marco institucional, el Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad, la reutilización de aplicaciones y la protección de datos personales.

No incluye el libro segundo del Real Decreto-ley 6/2023, de función pública, que está en su propia colección, ni su título VIII, que modifica las leyes procesales y se estudia en ellas, ni las disposiciones transitorias.

Tampoco la Ley Orgánica del Poder Judicial, la normativa de protección de datos, el Reglamento europeo de identificación electrónica, la ley de servicios electrónicos de confianza ni la administración electrónica de la Administración General del Estado, que es otra norma.

Ni las aplicaciones de cada comunidad autónoma, LexNET como programa o el manejo del expediente en pantalla, ni la Orden de las relaciones documentales. Y nada de jurisprudencia ni de doctrina: solo lo que dicen las tres normas, en su redacción vigente.

Antes de empezar

¿Por qué responder y no releer?

El método que mejor sensación te deja es el que peor te va a salir: releer el tema se siente bien porque lo reconoces, no porque lo recuerdes. Aquí no relees, respondes. Lo que ya dominas casi no vuelve, y lo que se te resiste no te deja en paz. Se llama repetición espaciada, y lleva medio siglo funcionando con fichas de cartón.

¿Cuánto cuesta?

Estudiar es gratis, y es igual en los dos planes: el repaso no tiene límite y las preguntas nuevas de cada día son las mismas. Premium añade simulacros de examen sin límite —en el plan gratuito, uno a la semana— y sacar preguntas de tus propios PDF con IA.

¿Esto es como Anki?

El método de fondo es el mismo, y Anki es extraordinario: te devuelve cada tarjeta en el momento justo. El problema nunca fue Anki, fue tener que fabricarse las tarjetas primero. Aquí las preguntas ya están hechas: abres la colección y ya estás respondiendo.

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