La intervención y administración del caudal hereditario y la liquidación del régimen económico matrimonial

El art. 790.1 cuenta a los colaterales «dentro del cuarto grado»: si hay un primo hermano conocido, por ejemplo, el tribunal no interviene de oficio por esta vía. El cuarto grado coincide con el límite de los colaterales llamados a la sucesión intestada en el Código Civil (art. 954): el segundo y el tercero dejarían fuera a los primos hermanos, y el sexto alcanzaría a parientes que no heredan.

El art. 794.4 cierra la regulación del inventario con una salvedad expresa: la sentencia sobre la inclusión o exclusión de bienes deja a salvo los derechos de terceros, sin distinguir entre los citados y los no citados. Decide entre los interesados en la herencia si el bien entra en el inventario, no si es del difunto frente a quien no ha sido parte; por eso no les vincula aunque gane firmeza o se inscriba.

El art. 791.3 libra a la Administración de la caución: «no se exigirá a la Administración Pública que preste caución». La que fija el tribunal es la regla del administrador común (art. 795.3.º), y la proporcionada al interés en el caudal es la que se presta cuando no todos los herederos la dispensan (795.4.º).

El art. 811.2 pide una propuesta de liquidación con la estimación del patrimonio inicial y final de cada cónyuge y, en su caso, la cantidad que debe pagar el que más se ha enriquecido: en la participación no hay masa común, sino patrimonios que comparar. La propuesta con los reintegros y la división del remanente es la de los gananciales (art. 810.2), y el inventario de una comunidad no existe en este régimen. El dictamen pericial no es requisito de la solicitud.

Sin acuerdo sobre la liquidación de los gananciales, el art. 810.5 manda nombrar por diligencia contador y, en su caso, peritos, como en la división de la herencia (art. 784), y seguir por los arts. 785 y siguientes. La vista por los trámites del juicio verbal es lo que prevé la ley, sin acuerdo, para el régimen de participación (811.5), que no tiene masa común que dividir.

El art. 808.1 adelanta el inventario: basta con que se haya admitido la demanda de nulidad, separación o divorcio, o iniciado el proceso en que se pide la disolución del régimen. No hay que esperar a las medidas provisionales, a la vista ni a la sentencia.

El art. 807 da la competencia para liquidar al juzgado que conoce, conoció o habría sido competente para la nulidad, la separación o el divorcio, y nombra expresamente al Juzgado de Violencia sobre la Mujer: la liquidación sigue al proceso matrimonial y no se reparte por fueros nuevos. El del último domicilio común tienta porque es fuero de los procesos matrimoniales (art. 769), pero aquí no rige. Hoy, la Sección Civil y la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia.

El art. 791.3 le da un mes desde la comunicación para pedir al tribunal que nombre nuevo administrador judicial, y pasado ese mes cesa en el cargo en todo caso. Los plazos más largos no tienen apoyo en el precepto. El mismo mes aparece, con otro sentido, cuando la resolución la declara heredera: entonces el tribunal adopta antes de un mes las provisiones para entregarle los bienes.

El art. 792.1.2.º permite a cualquier coheredero o legatario de parte alícuota pedir la intervención al solicitar la división judicial, «salvo que la intervención hubiera sido expresamente prohibida por disposición testamentaria». La prohibición del testador cierra esa vía sin más: no se supera con una caución ni con el acuerdo de todos los coherederos, y no depende de que nadie la invoque. Tampoco cede ante las legítimas: ese límite es el de las reglas del testador para la partición (art. 786.1), no el de esta prohibición.

El art. 797.3 lo hace por mandamiento expedido por el letrado de la Administración de Justicia, con los requisitos de la legislación hipotecaria. El testimonio o copia auténtica del nombramiento es otra cosa: es lo que el letrado entrega al administrador para que acredite su representación (797.2). El oficio y el exhorto son otros actos de comunicación, que no son los que la ley prevé aquí.

El art. 803.2 enumera las excepciones: los bienes que pueden deteriorarse, los de difícil y costosa conservación, los frutos cuando se presentan circunstancias ventajosas y los que haya que vender para pagar deudas o cubrir otras atenciones de la administración. Las circunstancias ventajosas solo valen para los frutos, no para los inmuebles; y ni el interés de un legatario ni la petición de los herederos abren la venta. Aun en las excepciones, la venta la decreta el tribunal (803.3).

Según el art. 790.2, en cuanto comparecen los parientes se les entregan los bienes y efectos del difunto y cesa la intervención judicial, y deben acudir al notario para que incoe el expediente de declaración de herederos. La declaración de herederos abintestato no la hace el tribunal por auto ni el letrado de la Administración de Justicia por decreto: es notarial. El inventario y el administrador son propios de la intervención que sigue cuando no hay testamento ni parientes (arts. 791 y 793 a 795).

El art. 804.1 fija una retribución tasada según el origen del ingreso: el 2 por 100 por la venta de frutos y otros muebles, el 1 por 100 por la venta de bienes raíces y la cobranza de valores, y el medio por 100 por la venta de efectos públicos. Por los demás ingresos, el letrado de la Administración de Justicia le señala entre el 4 y el 10 por ciento, y de ahí sale el 4 por 100, que no es el de los inmuebles.

El art. 792.2 legitima a tres clases de acreedores: los reconocidos como tales en el testamento, los reconocidos por los coherederos y los que tengan su derecho documentado en un título ejecutivo. La factura que nadie reconoce no es ninguna de las tres. Y los acreedores de un heredero, aunque hayan embargado su parte, no son acreedores de la herencia, que son los que el artículo llama a pedir la intervención (su epígrafe dice «a instancia de los acreedores de la herencia»; a los de los coherederos la LEC los trata aparte, en el art. 782.5).

El art. 799.1 deja al tribunal fijar los plazos de la rendición periódica de cuentas, proporcionados a la importancia y condiciones del caudal, con un techo: nunca más de un año. Un plazo de nueve meses cabe si el tribunal lo señala, pero no es el límite legal, y dieciocho meses o dos años lo rebasan. Al cesar, además, el administrador rinde una cuenta final complementaria (art. 800.1).

A falta de disposición del testador, el art. 795.2.º fija un orden: primero el viudo o la viuda, y solo en su defecto el heredero o legatario de parte alícuota con mayor parte en la herencia. El hijo mayor, que es aquí el de más parte, tienta porque es el segundo del orden, pero hay viuda capaz. El tercero solo entra si faltan aquellos o no tienen capacidad a juicio del tribunal, y los herederos no eligen.

Según el art. 800.3, pasado el término sin oposición, el letrado de la Administración de Justicia dicta decreto que aprueba las cuentas, declara al administrador exento de responsabilidad y, en ese mismo decreto, manda devolverle la caución. No hay que esperar a la entrega de los bienes ni a ningún plazo posterior, y la caución no sirve para pagar su retribución, que se regula aparte (art. 804).

El art. 811.1 lo dice en negativo: no puede pedirse la liquidación del régimen de participación hasta que sea firme la resolución que declare disuelto el régimen económico matrimonial. Una sentencia recurrida no basta, y ni la inscripción ni el inventario son el hito: la ley mira a la firmeza.

El art. 809.1 sanciona la incomparecencia sin causa justificada teniendo al ausente por conforme con la propuesta de inventario del cónyuge que comparece; se consigna en el acta y se da por concluido el acto. No hay segunda citación. La vista con los trámites del juicio verbal es para cuando los dos discuten la inclusión o el importe de alguna partida (809.2), no para cuando uno falta.

El art. 793.3.5.º manda citar al Ministerio Fiscal cuando algún heredero o pariente con derecho a la herencia no puede ser citado personalmente por no conocerse su residencia, y también cuando puede haber parientes desconocidos o algún interesado es menor sin representante legal. El abogado del Estado se cita en otro caso (793.3.6.º): cuando no consta testamento ni cónyuge o parientes con derecho a la sucesión legítima.