La prueba documental y el dictamen de peritos

El art. 328.2 exige acompañar copia simple del documento y, si no existe o no se dispone de ella, indicar su contenido en los términos más exactos posibles. La ley no pide caución, ni un requerimiento previo fuera del proceso, ni declaración jurada.

La exhibición por terceros es excepcional: solo se les requiere si el tribunal entiende que conocer el documento es trascendente para dictar sentencia (art. 330.1). Para que esa protección no se use de forma indebida, el art. 330.2 dice que no son terceros los titulares de la relación jurídica controvertida o de las que sean su causa, aunque no figuren como partes en el juicio. El testigo, el perito y el acreedor ajeno al pleito sí son terceros.

A falta de regla en la ley que le da carácter público, el art. 319.2 dispone que los hechos, actos o estados de cosas que constan en esos documentos se tienen por ciertos a efectos de la sentencia, salvo que otros medios de prueba desvirtúen su certeza. No es la prueba plena del art. 319.1, que se reserva a los documentos de los números 1.º a 6.º del art. 317; tampoco se rebajan a documento privado ni necesitan ratificación del funcionario.

Las escrituras públicas antiguas sin protocolo, y las demás cuyo protocolo o matriz haya desaparecido, no tienen original con el que cotejarse; por eso el art. 322.1 les da prueba plena sin necesidad de cotejo o comprobación, salvo prueba en contrario y la posibilidad de pedir el cotejo de letras. No se rebajan a documento privado ni dependen del reconocimiento de las partes.

La regla es que los libros de los comerciantes se usan como prueba según las leyes mercantiles. El art. 327 permite al tribunal, de manera motivada y con carácter excepcional, reclamar que se le presenten los libros o su soporte informático, siempre que se especifiquen los asientos que han de examinarse. No exige que el comerciante sea demandado, ni el acuerdo de las partes, ni que falte una copia.

Los dictámenes cuya necesidad nace de la contestación o de lo alegado en la audiencia previa no siguen el art. 337, sino el 338.2: se aportan, para su traslado a las contrarias, con al menos cinco días de antelación a la celebración del juicio o de la vista. Los cinco días antes de la audiencia previa son el límite del dictamen anunciado con la demanda o la contestación en el ordinario (art. 337.1).

Con un servicio de confianza cualificado del Reglamento (UE) 910/2014 que figuraba en la lista de confianza, el art. 326.4 presume que el documento reúne la característica cuestionada —aquí la fecha y la hora— y que el servicio se prestó correctamente. Si aun así se impugna, la carga de la comprobación es de quien impugna. El cotejo pericial que propone quien aporta el documento es la vía del servicio no cualificado (art. 326.3, que remite al 326.2).

Las dependencias del Estado y demás entidades públicas no pueden negarse a exhibir los documentos de sus archivos, salvo la documentación legalmente declarada o clasificada como reservada o secreta; en ese caso, según el art. 332.1, dirigen al tribunal una exposición razonada sobre ese carácter. El deber tiene esa excepción, y la ley no prevé una pieza reservada, una desclasificación previa ni una entrega en sobre cerrado.

El cotejo de letras lo practica un perito designado por el tribunal por el procedimiento de los arts. 341 y 342 (art. 349.3), no uno elegido por la parte. El letrado de la Administración de Justicia coteja las copias de documentos públicos con su original (art. 320.2), que es otra cosa; y los documentos indubitados no los examina el juez, sino que sirven al perito para comparar (art. 350).

El art. 337.1 obliga a aportar el dictamen anunciado en cuanto se disponga de él y, en todo caso, en el juicio verbal, en treinta días desde la presentación de la demanda o de la contestación. En el ordinario el límite es otro: cinco días antes de la audiencia previa. El tribunal puede prorrogar el plazo si la naturaleza de la pericia lo exige y hay causa justificada. Diez y veinte días son los plazos para contestar la demanda en el verbal (art. 438) y en el ordinario (art. 404).

El art. 342.1 obliga al letrado de la Administración de Justicia a comunicar la designación al perito titular el mismo día o el siguiente hábil, requiriéndole para que en el plazo de dos días diga si acepta. Los tres días son los que tiene el perito, ya nombrado, para pedir la provisión de fondos, y los cinco, los de la parte para depositarla (art. 342.3).

Cuando las dos partes pidieron la designación judicial y aceptan un único perito, el art. 339.2 dispone que los honorarios los abonan ambos litigantes por partes iguales, sin perjuicio de lo que se acuerde sobre costas. No los adelanta el demandante ni quien pidió antes; y la condena en costas es un pronunciamiento posterior que no sustituye ese abono.

El art. 343.2 permite proponer, al formular la tacha, la prueba conducente a justificarla, excepto la testifical. Las demás caben; y quien quiera contradecir la tacha puede aportar los documentos que considere pertinentes (art. 344.1).

Cuando el cotejo confirma la autenticidad o la exactitud de la copia impugnada, el art. 320.3 carga sus costas, gastos y derechos exclusivamente a quien formuló la impugnación, sin esperar a la sentencia ni repartirlos. La temeridad no decide quién paga: solo permite al tribunal imponer, además, una multa al impugnante.

Ante la negativa injustificada, el art. 329.1 permite al tribunal, tomando en consideración las restantes pruebas, atribuir valor probatorio a la copia simple presentada por quien pidió la exhibición o a la versión que dio de su contenido. En lugar de eso, puede requerir por providencia que se aporte (art. 329.2). No hay multas coercitivas, ni se tienen por ciertos todos los hechos de la demanda, ni se suspende el juicio.

Según el art. 350.3, si quien debe formar el cuerpo de escritura se niega, el documento impugnado se considera reconocido. La sana crítica es para otro caso: cuando no hay indubitados y el cuerpo de escritura es imposible por fallecimiento o ausencia de quien debía formarlo (art. 350.4). La ley no prevé aquí multa ni confesión.

El art. 323.2 pide dos requisitos: que en su otorgamiento se hayan observado los que exige el país donde se otorgó para que haga prueba plena, y que contenga la legalización o apostilla y lo demás necesario para su autenticidad en España. La forma que cuenta es la del país de otorgamiento, no la española; ni la inscripción en un registro español ni el reconocimiento de la otra parte son requisitos.

El art. 335.3 prohíbe pedir dictamen a un perito que haya intervenido en una mediación o un arbitraje relacionados con el mismo asunto, salvo acuerdo en contrario de las partes. La excepción depende solo de ese acuerdo: no de cómo terminó la mediación, ni de una autorización del tribunal, ni de que la perita cobrara.

Para peritos sin título oficial, el art. 341.2 manda usar una lista anual de sindicatos, asociaciones y entidades apropiadas, de al menos cinco personas. Pero si por la singularidad de la materia solo se dispone del nombre de una persona entendida, se pide el consentimiento de las partes y solo se la designa si todas lo otorgan. La lista anual es la regla que este caso excepciona.

La regla es aportar el dictamen de parte con la demanda (art. 336.1). El art. 336.3 presume que al demandante le era posible hacerlo, salvo que justifique cumplidamente que la defensa de su derecho no le permitía retrasar la demanda hasta tenerlo. No basta con haberlo encargado ni importa cuándo lo terminó el perito: lo que cuenta es esa justificación.