El acceso a las fuentes de prueba en los daños por infracciones de la competencia

El art. 283 bis d).1 da dos reglas: si el proceso ya está en marcha, conoce el tribunal que lleva el asunto en primera instancia; si no ha empezado, el que sea competente para la demanda principal. La solicitud sigue así al pleito que prepara, y no al lugar donde están las pruebas, al domicilio de quien ha de exhibirlas ni al de quien la pide.

El art. 283 bis c).1 los carga al solicitante, que responde además de los daños que cause un uso indebido de las medidas; por eso el destinatario puede pedir que preste caución. No hay que confundirlos con las costas del incidente, que se imponen con los criterios generales de la ley (art. 283 bis f).5): los gastos de practicar la medida los paga quien la pide.

El art. 283 bis i).10 hace de la autoridad de la competencia el último recurso: el tribunal no se las requiere salvo que ninguna parte ni ningún tercero sea capaz, en una medida razonable, de aportarlas. No depende de la elección del solicitante ni del consentimiento de la autoridad, que solo puede presentar por su iniciativa observaciones sobre la proporcionalidad (apartado 11). La conclusión del procedimiento importa para qué categorías se exhiben (apartado 5), no para a quién se piden.

El art. 283 bis h).3 da diez días a las demás partes para alegar por escrito; después el tribunal resuelve por auto, recurrible en apelación. El mismo trámite y el mismo plazo rigen cuando se incumple la confidencialidad o los límites de uso de las fuentes de prueba (283 bis k).3). Los cinco días son los que tiene el tribunal para resolver la solicitud de acceso tras la vista (283 bis f).4), y los veinte, el plazo para demandar tras las medidas acordadas antes del proceso (283 bis e).2).

El art. 283 bis e).2.a) fija lo que ocurre de oficio: condena en costas al solicitante y le declara responsable de los daños y perjuicios causados, que se hacen efectivos por los arts. 712 y siguientes. La devolución de documentos y objetos y la prohibición de usar los datos en otro proceso también existen, pero solo a instancia de la parte perjudicada, y la prohibición, además, exige apreciar abuso (283 bis e).2.b). La multa coercitiva por día de retraso es otra cosa: responde a la obstrucción de la medida (283 bis h).

El art. 283 bis f).4 distingue según el momento. Contra el auto dictado con el proceso en marcha cabe reposición con efectos suspensivos, y si se desestima, la parte hace valer sus derechos en la segunda instancia. Pero si la solicitud se hizo antes de la demanda, no hay proceso al que esperar, y cabe directamente apelación; el apelante puede pedir que se suspenda la eficacia del auto. La revisión es el recurso contra los decretos del letrado de la Administración de Justicia, no contra un auto.

El art. 283 bis k).2 permite sustituir las consecuencias que pide la parte perjudicada por una multa cuando el incumplimiento no es grave, y precisa a quién: se puede considerar infractor tanto a la parte como a sus representantes y defensores legales, con multas separadas para cada uno. No es una responsabilidad solidaria, ni se limita a la parte o a sus abogados.

La multa coercitiva del art. 283 bis h).1.d) va de 600 a 60.000 euros por día de retraso en cumplir la medida: busca vencer la resistencia mientras dura. La horquilla de 6.000 a 1.000.000 de euros es la de otro precepto, el 283 bis k).2, y no se cuenta por días: responde al incumplimiento no grave de la confidencialidad o de los límites de uso de las fuentes de prueba.

Las pruebas obtenidas exclusivamente a través del expediente de una autoridad de la competencia tienen uso restringido. Las que la ley admite, dice el art. 283 bis j).3, solo puede usarlas quien las obtuvo o quien le suceda en sus derechos, y la ley incluye expresamente a quien haya adquirido su reclamación. No se extienden a otros perjudicados ni dependen de una autorización de la autoridad.

La sexta medida del art. 283 bis b).5 restringe el acceso a determinadas fuentes de prueba a los representantes y defensores legales de las partes y a peritos sujetos a obligación de confidencialidad: el profesional ve lo que la empresa competidora no debe ver. Es justo lo contrario de dejar fuera a los abogados. El fiscal y la autoridad de la competencia no aparecen en esta medida, y la ley no prevé que el tribunal custodie la prueba para contarla después.

El art. 283 bis b).2 lo dice sin rodeos: el interés de las empresas en evitar acciones por daños a raíz de una infracción del Derecho de la competencia no justifica protección. Los otros tres sí la tienen: el tribunal tiene en cuenta la información confidencial de terceros (283 bis b).4), da pleno efecto a la confidencialidad entre abogado y cliente (283 bis b).3), y las normas sobre los documentos internos de las autoridades de la competencia quedan a salvo (283 bis i).3).