La ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados

El art. 685.1 manda dirigir la demanda ejecutiva frente al deudor y, en su caso, frente al hipotecante no deudor o frente al tercer poseedor, pero a este «siempre que [...] hubiese acreditado al acreedor la adquisición»: lo que cuenta en la LEC es que el acreedor lo sepa por él. Si la certificación registral revela un titular inscrito al que no se requirió de pago, se le notifica la existencia del procedimiento para que pueda intervenir (art. 689.1); y, fuera de la LEC, el registrador comprueba al inscribir que se demandó y requirió al tercer poseedor que tuviera inscrito su derecho al expedirse la certificación de cargas (art. 132.1.º de la Ley Hipotecaria). Ni el consentimiento del acreedor a la venta, ni la petición del deudor, ni la forma de la compraventa deciden contra quién se demanda.

La oposición del art. 695.1 se ciñe a cuatro causas tasadas: la extinción de la garantía o de la obligación, el error en el saldo de una cuenta, el carácter abusivo de una cláusula y, en los muebles hipotecados o con prenda sin desplazamiento, su sujeción a otro gravamen o embargo inscrito antes. Que el bien valga más que la deuda no es ninguna de ellas, la nulidad del título va al juicio que corresponda (art. 698) y el requerimiento extrajudicial previo no es requisito.

El art. 690.1 cuenta diez días desde el requerimiento de pago o, si se hizo extrajudicialmente, desde el despacho de la ejecución. No se confunde con los veinte días que deben pasar desde el requerimiento y las notificaciones para pedir la subasta (art. 691.1).

El art. 695.2 manda que medien quince días desde la citación hasta la comparecencia, en la que el tribunal oye a las partes, admite documentos y resuelve por auto dentro del segundo día. Veinte son los días que deben pasar desde el requerimiento y las notificaciones para pedir la subasta (art. 691.1), no los de esta comparecencia.

Con los bienes pignorados, el art. 684.1.4.º sí admite la sumisión pactada en la escritura o póliza, a diferencia de los inmuebles; a falta de ella, decide dónde están los bienes: donde se hallen, estén almacenados o se entiendan depositados. El lugar de constitución y los domicilios de las partes no entran en esta regla. La ley habla del Juzgado de Primera Instancia; hoy, la sección civil del tribunal de instancia.

El art. 698.1 manda las reclamaciones no comprendidas en el capítulo —incluidas las de la nulidad del título, el vencimiento, la certeza, la extinción o la cuantía de la deuda— al juicio que corresponda, y sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer la ejecución: ni entera, ni por fases, ni por indicios. Lo único que puede pedir quien litiga allí es que se retenga lo que deba entregarse al acreedor (698.2), y eso no para la ejecución.

El art. 687.1 manda depositar los bienes pignorados y los vehículos hipotecados en poder del acreedor o de quien este designe; los vehículos, además, se precintan y no pueden usarse. Lo acuerda el letrado de la Administración de Justicia, no el tribunal por auto, y la ley no deja el bien en manos del deudor ni lo lleva a un establecimiento público.

El art. 681.1 abre una vía propia: la acción se dirige directamente contra los bienes pignorados o hipotecados, por las reglas generales de la ejecución con las especialidades del capítulo. No hace falta perseguir antes al deudor ni obtener una sentencia previa, porque la escritura de hipoteca es título ejecutivo (art. 517), y la ley no pone a esa vía ningún umbral de cuantía. Es una facultad del acreedor («podrá»): no le cierra otros cauces, como el monitorio o la ejecución ordinaria, pero tampoco le obliga a recorrerlos antes.

El art. 693.3 permite liberar el bien en segunda o ulteriores ocasiones siempre que medien al menos tres años entre la fecha de la liberación y la del requerimiento de pago, judicial o extrajudicial. Los otros plazos no aparecen en el artículo.

El art. 683.1 da un régimen distinto a cada clase de hipoteca: en la naval basta con poner el cambio en conocimiento del acreedor (acreditando la notificación fehaciente); en la mobiliaria hace falta su consentimiento, y en la inmobiliaria el consentimiento sobra solo si el nuevo domicilio queda en la misma población o en el término donde radican las fincas. Ninguna exige autorización judicial.

Como regla, el domicilio para requerimientos y notificaciones lo fija el deudor en la escritura (art. 682.2.2.º). En la hipoteca de establecimiento mercantil la ley no deja elegir: se tiene necesariamente por domicilio el local donde está el establecimiento. Ni el domicilio social ni el que proponga el acreedor lo sustituyen.

El art. 692.1 manda depositar el exceso a disposición de los titulares de derechos posteriores inscritos o anotados; solo cuando estos quedan satisfechos se entrega el remanente al propietario. Aplicar el exceso al resto de la deuda del actor solo cabe si el propietario es el propio deudor, que aquí no lo es; y no hay reparto a prorrata con el actor, que ya cobró hasta su cobertura.

El art. 695.4 abre la apelación contra el auto que sobresee la ejecución, el que inaplica una cláusula abusiva y el que desestima la oposición por la causa 4.ª, la del carácter abusivo. Los demás autos que resuelven la oposición no tienen recurso, de ahí la tentación de «Ningún recurso». La queja solo cabe contra el auto que deniega la tramitación de un recurso de casación (art. 494), y aquí no se ha denegado nada.

El art. 688.3 no deja margen: si la certificación muestra que la hipoteca no existe o está cancelada, el letrado de la Administración de Justicia dicta decreto que pone fin a la ejecución. No hay suspensión ni plazo de subsanación, y la ejecución no espera a que el deudor se oponga: la extinción de la garantía es causa de oposición (art. 695), pero aquí la ejecución acaba antes.

El art. 691.4 unifica: la subasta de bienes hipotecados, sean muebles o inmuebles, se hace con las reglas de la subasta de inmuebles. Lo tentador es la subasta de muebles, que es la que corresponde a los bienes pignorados que no son de esa clase (art. 694.2). El convenio y la entidad especializada son vías alternativas que el 691.6 admite, no las reglas de la subasta.

El art. 697 restringe la suspensión penal a un supuesto: que se acredite, conforme al art. 569, una causa criminal sobre un hecho de apariencia delictiva que determine la falsedad del título o la invalidez o ilicitud del despacho. Una denuncia sobre cualquier hecho conexo, o indicios ajenos al título, no bastan.

El art. 686.1 manda requerir de pago al deudor —y, en su caso, al hipotecante no deudor o al tercer poseedor demandados— en el domicilio que resulte vigente en el Registro: por eso la escritura debe fijarlo y su cambio se hace constar al margen de la inscripción (arts. 682 y 683). Ni el que proponga el ejecutante ni el del padrón lo sustituyen.

Para los inmuebles, el art. 684.1.1.º atribuye la competencia al juzgado del lugar de la finca y, si son varias en distintos partidos, al de cualquiera de ellos a elección del demandante, sin que valgan las normas sobre sumisión expresa o tácita: la cláusula de Madrid no surte efecto. La ley habla del Juzgado de Primera Instancia; hoy es la sección civil del tribunal de instancia (LO 1/2025).

El art. 685.2 exige acompañar a la demanda el título o títulos de crédito y, si no puede presentarse el título inscrito, una certificación del Registro que acredite la inscripción y subsistencia de la hipoteca. Una copia autorizada sola no basta: incluso en el régimen especial de las entidades del art. 685.4, la copia autorizada completa la certificación, no la sustituye. La certificación de dominio y cargas es otra cosa: no se acompaña a la demanda, sino que se reclama del registrador ya en la ejecución (art. 688.1). Una nota simple no acredita que la hipoteca esté inscrita y siga viva.