La jurisdicción civil, la competencia y el reparto

El art. 48.4 pide que el auto indique la clase de tribunal al que corresponde el conocimiento del asunto: en la competencia objetiva se discute qué tipo de órgano ha de conocer. El orden jurisdiccional es lo que se señala cuando falta jurisdicción porque el asunto pertenece a otro orden; el superior común es quien resuelve el conflicto negativo de competencia territorial (art. 60.3), y la LEC no pide aquí ningún plazo para volver a demandar. No hay que confundirlo con el art. 51.2 de la LOPJ, que en las cuestiones de competencia entre tribunales del mismo orden pide expresar el órgano que se considere competente.

Según el art. 57, la sumisión expresa determina la circunscripción, no el tribunal: si en ella hay varios de la misma clase, el reparto decide cuál conoce, y las partes no pueden someterse a uno con exclusión de los otros. Por eso la cláusula no es nula, sino eficaz en lo que la ley permite, que es llevar el pleito a Sevilla, y la designación del número no vincula. Nada depende de que el tribunal acepte. Hoy, con un solo Tribunal de Instancia por partido, el reparto decide a qué plaza de su Sección Civil va el asunto (art. 167.1 de la LOPJ).

La regla del art. 49 bis.1 es la inhibición: el tribunal civil que tiene noticia de un acto de violencia de género que ha dado lugar a un proceso penal o a una orden de protección remite los autos, en el estado en que se hallen, al juez de violencia sobre la mujer competente, hoy el de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia. Pero la ley la excluye si ya se ha iniciado materialmente la vista o la comparecencia, y aquí ha empezado: sigue conociendo. La comparecencia con el fiscal es la del art. 49 bis.2, para cuando no hay proceso penal ni orden de protección, y este artículo no prevé suspender la vista.

El art. 54.2 invalida la sumisión expresa contenida en contratos de adhesión, en los que contengan condiciones generales impuestas por una de las partes o en los celebrados con consumidores o usuarios: son supuestos distintos, y basta uno. Que los clientes sean empresarios no la salva, porque el motivo aquí es la imposición, no la condición de consumidor. Designar con precisión la circunscripción es lo que define la sumisión expresa (art. 55), pero no basta si el art. 54.2 la anula. Y entre empresarios también cabe la expresa, cuando se negocia.

El art. 69 da dos días desde la presentación del escrito o de la solicitud de incoación para repartir el asunto y remitirlo a la Oficina judicial que corresponda. Es un plazo breve porque nada puede tramitarse sin la diligencia o la anotación electrónica del reparto (art. 68.2). Cuatro, cinco y ocho días no son plazos de este artículo.

Contra el auto que rechaza la falta de competencia internacional, de jurisdicción o de competencia objetiva, el art. 66.2 solo da reposición, sin perjuicio de alegar la falta de ese presupuesto en la apelación contra la sentencia definitiva: la cuestión no se cierra, se aplaza. La apelación inmediata es la del auto que estima la declinatoria y se abstiene (art. 66.1), y la queja no sirve contra este auto.

El art. 53.1 ordena tres criterios en cascada: primero, el lugar de la acción que sea fundamento de las demás; en su defecto, el tribunal que deba conocer del mayor número de las acciones acumuladas; y, en último término, el lugar de la acción más importante cuantitativamente. Descartado el primero, toca el segundo: la cuantía solo decide si tampoco este resuelve. La elección del demandante entre varios lugares es la regla de la pluralidad de demandados (art. 53.2), no la de la acumulación de acciones.

El art. 67 cierra la competencia territorial en dos tiempos: contra los autos que resuelven sobre ella no hay recurso (67.1), y en apelación y casación solo se admite alegar su falta cuando eran de aplicación normas imperativas (67.2). Haber propuesto declinatoria no basta si el fuero era dispositivo, y lo que no hay es un «nunca»: el fuero imperativo sigue abierto en los recursos contra la sentencia.

El art. 50.2 escalona los fueros de quien no tiene domicilio ni residencia en España: el lugar en que se encuentre dentro del territorio nacional o el de su última residencia en él y, si tampoco así puede determinarse la competencia, el domicilio del actor. Aquí no sirve ninguno de los dos primeros, así que se llega al tercero. El lugar del contrato, el domicilio de un representante o el último domicilio en el extranjero no son fueros de este artículo.

El art. 51.1 añade al domicilio un fuero concurrente: el lugar donde la situación o relación jurídica del litigio haya nacido o deba surtir efectos, siempre que la persona jurídica tenga allí establecimiento abierto al público o representante autorizado. Demandar en el domicilio de los gestores o en cualquier lugar en que se desarrolle la actividad es lo que el art. 51.2 permite frente a los entes sin personalidad, no frente a una persona jurídica. El domicilio del demandante no es fuero de este artículo.

El art. 68.3 excluye la declinatoria contra las decisiones de reparto —el reparto no es cuestión de competencia, sino de qué tribunal de la misma clase conoce—, pero deja a cualquier litigante impugnar la infracción de las normas de reparto vigentes al presentar el escrito o la solicitud. Esperar a apelar la sentencia es justo lo que no conviene: la nulidad de lo resuelto por el tribunal al que no correspondía hay que instarla en el trámite inmediatamente posterior a conocer la infracción (art. 68.4).

El art. 40.1 pide una providencia: comunicar el hecho al Ministerio Fiscal, por si hubiera lugar a la acción penal, es un trámite que no decide nada sobre el proceso civil. El auto llega después, si se acuerda suspender (art. 40.3), y confundir los dos momentos es el error habitual. El decreto y la diligencia de ordenación son resoluciones del letrado de la Administración de Justicia, y quien comunica aquí es el tribunal.

El art. 42.1 deja a los tribunales civiles conocer, a los solos efectos prejudiciales, de asuntos de los órdenes contencioso-administrativo y social, y su decisión no surte efecto fuera de ese proceso (art. 42.2). El penal queda fuera: la prejudicialidad penal tiene su propio régimen en el art. 40, que no deja al juez civil decidirla, sino que, si concurren sus requisitos, suspende el proceso. Por eso fallan todas las opciones que incluyen el orden penal, también la que extiende la regla a los otros tres órdenes.

Cuando la competencia territorial no es imperativa, el art. 65.4 solo deja al tribunal estimar la declinatoria si considera competente al órgano señalado por quien la promovió, que por eso tiene que indicarlo en su escrito (art. 63.1). No puede mandar el pleito a un tercer tribunal que nadie propuso. La oposición del actor no impide estimarla, y la ley no exige un informe favorable del fiscal ni una prueba concreta del domicilio.

El art. 36.2.3.ª manda a los tribunales civiles españoles abstenerse cuando el demandado, emplazado en forma, no comparece y su competencia internacional solo podría apoyarse en la sumisión tácita: callar no es someterse. Tenerlo por sometido tácitamente es la tentación, porque el art. 56.2.º sí trata así al demandado que no comparece, pero eso es para la competencia territorial dentro de España. Por lo mismo no se le declara en rebeldía para seguir adelante, y la ley no prevé esperar a que comparezca.

El art. 43 solo permite suspender por prejudicialidad civil «si no fuere posible la acumulación de autos»: si los dos procesos pueden juntarse, se juntan y se resuelven a la vez. Da igual que el otro proceso esté ante el mismo tribunal o ante otro, y basta que lo pida una de las partes, oída la contraria: no hace falta que lo pidan las dos. Tampoco se exige que el otro pleito esté pendiente de sentencia; ese momento es el de la prejudicialidad penal (art. 40.3).

El art. 37.2 lo dice expresamente: el Tribunal de Cuentas, cuando ejerce funciones jurisdiccionales, se entiende integrado en el orden contencioso-administrativo, y el tribunal civil se abstiene ante él como ante cualquier otro orden de la jurisdicción ordinaria. Cuando actúa en sus funciones contables, el art. 37.1 lo nombra aparte, junto a la jurisdicción militar y las Administraciones públicas. No se asimila al orden penal ni al social, y menos al propio orden civil, que es justo el que tiene que abstenerse.

La declinatoria sirve para denunciar que el asunto corresponde a árbitros o a mediadores (arts. 39 y 63.1), pero el art. 63.1 exceptúa el pacto previo entre un consumidor y un empresario de someterse a un procedimiento de resolución alternativa de litigios de consumo cuando el consumidor es el demandante: su acceso al juez prevalece sobre el pacto. Por eso el pacto no obliga aquí a las dos partes por igual, y ni el plazo ni la forma escrita cambian nada.

El art. 54.1 hace dispositivas las reglas de competencia territorial, pero exceptúa los números 1.º y 4.º a 15.º del art. 52.1, entre otras: ahí no cabe sumisión. Las acciones reales sobre inmuebles (1.º), las cuestiones hereditarias (4.º) y la impugnación de acuerdos sociales (10.º) están en la excepción. Las demandas sobre la presentación y aprobación de las cuentas de los administradores de bienes ajenos son el número 2.º, que la ley no exceptúa, así que las partes pueden someterse a otra circunscripción.

El art. 41.3 da recurso directo de revisión contra la resolución del letrado que alza la suspensión: la revisión es el recurso que lleva al tribunal lo que decide el letrado. La reposición es la que el art. 41.1 da contra la resolución que deniega la suspensión, y la apelación, la del auto que la acuerda (art. 41.2): son decisiones del tribunal, no del letrado. La casación se reserva a resoluciones dictadas en segunda instancia, y esta la dicta el letrado en la primera.