Los procesos matrimoniales: modificación, mutuo acuerdo y ejecución

El art. 777.3 manda al letrado citar a los cónyuges dentro de los tres días siguientes a la admisión para que se ratifiquen, cada uno por separado, en su petición. Los cinco días son otro plazo del mismo artículo: el del informe del fiscal si no se abrió plazo de prueba.

El art. 775.1 abre la modificación de las medidas, las convenidas y las adoptadas a falta de acuerdo, siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias que se tuvieron en cuenta al aprobarlas o acordarlas. La ley no fija ningún plazo de espera desde la sentencia. El común acuerdo tienta porque existe, pero no es un requisito: solo decide el cauce (art. 775.2), y la modificación puede pedirla un cónyuge solo.

El art. 777.10 manda al letrado advertirlo a los otorgantes y dar por terminado el procedimiento; desde ahí, los cónyuges solo pueden acudir al juez para que apruebe la propuesta. El letrado no aprueba el convenio en parte ni pasa el asunto al juez de oficio. Conceder un plazo para un convenio nuevo es lo que hace el juez cuando su sentencia no aprueba el convenio entero (art. 777.7), no lo que hace el letrado.

El art. 777.10 hace competente al letrado de la Administración de Justicia cuando no existen hijos menores no emancipados ni hijos con discapacidad con medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores. Que los cónyuges compartan abogado y procurador lo permite el art. 750.2 en el mutuo acuerdo, pero no decide quién resuelve; y ni el contenido económico del convenio ni el tiempo de separación de hecho cambian la competencia.

El art. 778 ter.3 manda al letrado de la Administración de Justicia dar traslado de la solicitud, en el mismo día, al titular u ocupante para que alegue en las veinticuatro horas siguientes, y solo sobre si procede conceder la autorización. Con urgencia acreditada, el juez puede acordar la entrada sin oírle, también en veinticuatro horas como máximo desde la recepción de la solicitud y previo informe del Ministerio Fiscal.

La especialidad 4.ª del art. 776 exige, para los gastos extraordinarios no previstos expresamente en las medidas, una declaración previa al despacho de ejecución: que la cantidad tiene la consideración de gasto extraordinario. De ese escrito se da vista a la contraria y, si se opone, hay vista por los trámites del verbal. No hace falta modificar las medidas, que siguen siendo el título; basta declarar que el gasto cae en ellas.

El art. 777.8 reserva el recurso contra la sentencia o el auto que aprueban en su totalidad la propuesta de convenio al Ministerio Fiscal, y solo en interés de los hijos menores o de los hijos con discapacidad con medidas de apoyo atribuidas a los progenitores. Los cónyuges no pueden recurrir lo que ellos mismos propusieron y el juez aprobó tal cual; pero tampoco es irrecurrible, porque el fiscal conserva su recurso.

La especialidad 3.ª del art. 776 permite que el incumplimiento reiterado del régimen de visitas, sea del progenitor guardador o del no guardador, lleve al tribunal a modificar el régimen de guarda y visitas, siempre que sea acorde con la evaluación previa del interés superior del menor. La ley no prevé ninguna suspensión automática de la patria potestad, ni cambia las visitas por dinero, ni toca los alimentos, que son de la hija y no del progenitor.

La especialidad 1.ª del art. 776 atribuye al letrado de la Administración de Justicia la imposición de multas coercitivas, conforme al art. 711, al cónyuge o progenitor que incumpla de manera reiterada sus obligaciones de pago, sin perjuicio de cobrar lo debido sobre su patrimonio. La tentación es pensar en el tribunal, porque las medidas las fijó él, pero la letra del artículo da la multa al letrado.

La regla general del art. 709.3 limita a un año los requerimientos y, pasado ese tiempo, la ejecución sigue para entregar al ejecutante un equivalente pecuniario o para adoptar otras medidas idóneas. La especialidad 2.ª del art. 776 se aparta de ella en las medidas matrimoniales: no procede la sustitución automática y el tribunal puede mantener las multas mensuales más allá del año. El distractor de la sustitución automática describe justo la regla que este artículo excluye.

El art. 777.7 concede a las partes diez días para proponer un nuevo convenio, limitado, en su caso, a los puntos que el tribunal no aprobó. Presentada la propuesta o pasado el plazo sin hacerlo, el tribunal dicta auto dentro del tercer día: de ahí sale el «tres», que es el plazo del tribunal para resolver y no el de las partes para proponer.

El art. 777.8 da apelación contra el auto que decide sobre las medidas, pero el recurso no suspende su eficacia ni afecta a la firmeza de la sentencia de separación o divorcio: las medidas del auto rigen mientras se resuelve, y la separación ya concedida es firme por su lado. Las demás combinaciones suspenden una de las dos cosas, y la ley no suspende ninguna.

El art. 775.1 legitima en todo caso a los cónyuges, a cualquiera de ellos, y además al Ministerio Fiscal cuando hay hijos menores o hijos con discapacidad con medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores. Con un hijo de doce años el fiscal puede pedirla por sí mismo, sin esperar a que se lo pida nadie; y la ley no reserva la petición al cónyuge que tiene la guarda.

El art. 778.1 da audiencia por diez días al otro cónyuge y al Ministerio Fiscal cuando la demanda pide solo la eficacia civil, y después el tribunal resuelve por auto. No se oye al tribunal eclesiástico, que ya dictó su resolución, ni al Registro Civil.

El art. 778.2 manda sustanciar la eficacia civil de la resolución o decisión canónica conjuntamente con la petición de medidas, por el procedimiento que corresponda conforme al art. 770. Separar las dos peticiones en dos procesos es justo lo que la ley evita. Y el silencio del otro cónyuge no convierte la demanda en una de mutuo acuerdo: el art. 777 exige que la pidan los dos o uno con el consentimiento del otro.

El art. 778 bis.6 fija los informes periódicos cada tres meses, salvo que el juez, atendida la conducta que motivó el ingreso, señale un plazo inferior: el plazo de la ley es un techo que el juez puede acortar. Seis meses es la periodicidad de los informes del internamiento no voluntario por trastorno psíquico (art. 763.4). Hoy conoce el Tribunal de Instancia del lugar del centro, por su Sección de Familia, Infancia y Capacidad donde exista (art. 86.5.h LOPJ).

El art. 777.3 dice que contra la resolución del letrado que archiva por falta de ratificación cabe recurso directo de revisión ante el tribunal: sin pasar antes por la reposición. El archivo, además, deja a salvo el derecho de los cónyuges a pedir la separación por el cauce contencioso del art. 770. La apelación es el recurso de las resoluciones del juez en este proceso (art. 777.8), no de las del letrado.