La prioridad del embargante y la tercería de mejor derecho

Estimada la tercería, el art. 620.1 impone las costas al ejecutante que contestó y, si el ejecutado intervino oponiéndose también, a los dos por mitad. Al ejecutante en su totalidad, cuando el ejecutado no se opuso. Al ejecutado en su totalidad solo cuando el ejecutante se allanó y la tercería siguió únicamente con el ejecutado. Si la tercería se desestima, todas las costas son del tercerista.

El art. 620.1 limita la sentencia a la existencia del privilegio y al orden de pago en la ejecución en que recae, sin prejuzgar otras acciones, especialmente las de enriquecimiento; por eso no tiene el efecto general que le atribuye otra opción. La pertenencia del bien y la procedencia del embargo son lo que resuelve la tercería de dominio, y lo hace por auto (art. 603), no por sentencia.

La tercería de mejor derecho se dirige siempre frente al ejecutante (art. 617.1), y el ejecutado ha de ser demandado cuando el crédito del tercerista no consta en un título ejecutivo (art. 617.2): sin título, el ejecutado puede discutir la existencia misma de esa deuda. Es al revés de lo que dice la opción que habla de un crédito que consta en título ejecutivo: con título, basta demandar al ejecutante. Haber designado él el bien es el criterio de la tercería de dominio (art. 600), y no vale aquí. Aunque no se le demande, se le notifica la admisión para que intervenga si quiere.

Con el allanamiento se dicta auto para seguir la ejecución y pagar primero al tercerista, pero el art. 619.1 reserva al ejecutante las tres quintas partes de las costas y gastos de lo actuado a su instancia hasta la notificación de la demanda de tercería: fue su ejecución la que obtuvo el dinero. La misma fracción se repite si la tercería se estima por sentencia, contada entonces hasta que esta recae (art. 620.2). La mitad es el reparto de las costas de la tercería entre ejecutante y ejecutado cuando los dos se oponen y pierden (art. 620.1).

El art. 615.2 cierra la puerta cuando ya se ha entregado al ejecutante la suma obtenida en la ejecución forzosa: hasta entonces el dinero está depositado y todavía puede repartirse por el orden que fije la sentencia. Convocar la subasta, celebrarla o aprobar el remate no lo impiden. Si los bienes se adjudican al propio ejecutante, el límite es que este adquiera su titularidad conforme a la legislación civil. La tercería de dominio tiene otro tope: la transmisión del bien al acreedor o al adquirente en subasta (art. 596.2).

Mientras el ejecutante no esté reintegrado del capital, los intereses y todas las costas, el art. 613.2 no deja aplicar lo realizado a ningún otro objeto que no haya sido declarado preferente por sentencia dictada en tercería de mejor derecho. El privilegio no se acredita en la ejecución con un documento público ni lo decide el letrado de la Administración de Justicia por decreto: se declara por sentencia, en un pleito propio contra el ejecutante. Y la ley no reparte a prorrata: el embargo da al ejecutante derecho a cobrar con lo que se obtenga (art. 613.1).