El juicio ordinario: la demanda, la contestación y la reconvención

El art. 412.1 prohíbe a las partes alterar el objeto del proceso una vez establecido en la demanda, la contestación y, en su caso, la reconvención, y el 412.2 deja a salvo «la facultad de formular alegaciones complementarias». Ampliar la demanda contra nuevos demandados y acumular nuevas acciones solo caben antes de la contestación (art. 401), y la causa de pedir no se cambia ni con el consentimiento del contrario: las alegaciones complementarias no pueden alterar sustancialmente las pretensiones ni sus fundamentos.

El letrado admite la demanda por decreto en el caso normal, pero el art. 404.2 le obliga a dar cuenta al tribunal para que resuelva sobre la admisión en dos casos: si estima falta de jurisdicción o competencia, y si la demanda tiene defectos formales que el actor no subsanó en el plazo concedido. Por eso no la inadmite él mismo, ni la admite pese al defecto, ni la archiva: la decisión pasa al tribunal.

El art. 403.1 solo permite inadmitir por las causas expresamente previstas, y el 403.2 nombra la falta de los documentos que la ley exija expresamente para la admisión (junto a la falta de las circunstancias del intento de negociación previa cuando la ley lo exige y de los requerimientos, reclamaciones o consignaciones de casos especiales). La prueba no se propone en la demanda, sino en la audiencia previa; las peticiones subsidiarias son una posibilidad, no un requisito; y el teléfono solo se consigna, si no hay obligación de relacionarse electrónicamente, «de disponer de» él.

El art. 400.2 cierra la puerta al segundo pleito: los hechos y fundamentos aducidos en un litigio «se considerarán los mismos» que los alegados en otro juicio anterior «si hubiesen podido alegarse en éste». No son nuevos, ni dependen de que el demandado se oponga, ni se salvan por apoyarse en otro título jurídico: el art. 400.1 incluye expresamente los distintos fundamentos o títulos jurídicos entre lo que hay que aducir en la primera demanda.

La regla general del art. 406.2 rechaza la reconvención cuya acción deba ventilarse en juicio de diferente tipo, y esa es la trampa. Pero el mismo apartado hace la excepción: «podrá ejercitarse mediante reconvención la acción conexa que, por razón de la cuantía, hubiere de ventilarse en juicio verbal». No depende de la conformidad del actor, y tampoco se tramita aparte: las pretensiones de la reconvención se sustancian y resuelven al mismo tiempo y en la misma forma que las de la demanda principal (art. 409).

Según el art. 401.2, en caso de ampliación «el plazo para contestar a la demanda se volverá a contar desde el traslado de la ampliación de la demanda». No sigue corriendo desde el primer traslado —el demandado tiene que poder contestar a todo lo ampliado—, ni se suspende, ni se prorroga por una fracción: empieza de nuevo.

El art. 399.5 manda que las peticiones subsidiarias, «para el caso de que las principales fuesen desestimadas», consten «por su orden y separadamente». El orden importa: dice al tribunal cuál examina primero. Por eso no vale unirlas a la principal en un solo pronunciamiento ni ponerlas en un otrosí sin orden de preferencia; y van en la propia demanda, no en un escrito aparte.

El art. 407.2 fija el día inicial: el actor reconvenido, y los terceros contra los que se dirija la reconvención, pueden contestarla en veinte días «a partir de la notificación de la demanda reconvencional». No corre desde la admisión de la demanda principal ni desde que vence el plazo del demandado, y la audiencia previa no se convoca hasta que se contesta la reconvención o pasa el plazo para hacerlo.

El art. 406.2 lo dice expresamente: ese auto «podrá ser recurrido en apelación», y mientras se resuelve el recurso se suspende la tramitación del procedimiento principal. La revisión se da contra decretos del letrado de la Administración de Justicia, no contra autos del tribunal; la casación es para sentencias y autos de segunda instancia; y la queja solo cabe contra el auto que deniega la tramitación de un recurso de casación (art. 494).

El art. 410 la adelanta al primer momento posible: la litispendencia se produce «desde la interposición de la demanda, si después es admitida». La admisión es la condición, pero sus efectos se retrotraen a la presentación; no hay que esperar al decreto de admisión, al emplazamiento ni a la contestación.

El demandado ha de negar o admitir los hechos del actor, y el art. 405.2 dice que el tribunal «podrá» considerar su silencio o sus respuestas evasivas como admisión tácita de los hechos que le perjudiquen. Es una facultad, no una obligación: por eso falla la opción que obliga a tenerlos por admitidos. Tampoco se tienen por negados, y la ley no obliga al tribunal a requerir una aclaración.

La LEC no admite la reconvención implícita: la reconvención ha de expresar con claridad la tutela que se pide frente al actor, y el art. 406.3 añade que «en ningún caso» se considera formulada en el escrito del demandado que termina pidiendo su absolución. Ni los hechos nuevos, ni la falta de oposición del actor, ni la petición de costas convierten ese escrito en reconvención.

El art. 408.1 da al actor el mismo trámite que si hubiera reconvención: puede controvertir el crédito compensable «en la forma prevenida para la contestación a la reconvención», y lo puede hacer «aunque el demandado sólo pretendiese su absolución». Que no haya reconvención no se lo impide, no tiene que esperar a las conclusiones del juicio y no necesita que el tribunal lo permita.

La regla del art. 413.1 es que la sentencia no tiene en cuenta las innovaciones que, iniciado el juicio, introduzcan las partes o terceros en el estado de las cosas o de las personas. La única excepción es la innovación que priva definitivamente de interés legítimo a las pretensiones, por haberse satisfecho fuera del proceso o por cualquier otra causa. No basta acreditarla antes de la sentencia, da igual que la introduzcan partes o terceros, y un cambio de valor de la cosa no es la excepción.

Es la perpetuación de la jurisdicción del art. 411: las alteraciones del domicilio de las partes, de la situación de la cosa litigiosa o del objeto del juicio, producidas una vez iniciado el proceso, «no modificarán la jurisdicción y la competencia», que se determinan según lo que se acredite al inicio de la litispendencia. Ni el tribunal la pierde, ni el cambio abre una declinatoria nueva, ni el actor puede escoger otro tribunal.

El art. 399.1 distingue. Al demandante en general le pide un teléfono, dispositivo electrónico, servicio de mensajería o correo electrónico «de disponer de ellos». Pero a quien está obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia, o elige hacerlo, le exige «necesariamente» los dos: un número de teléfono y una dirección de correo electrónico. No basta uno a su elección, ni solo el correo, ni solo el teléfono.

El art. 404.1: el letrado de la Administración de Justicia admite la demanda por decreto y da traslado al demandado «para que la conteste en el plazo de veinte días». Los diez días son el distractor que tienta: es el plazo para contestar por escrito en el juicio verbal (art. 438.1), no en el ordinario. Treinta y sesenta días no son plazos de este trámite.