Las normas procesales y las partes

El art. 16.3 distingue por la causa. Si los sucesores del demandante no se personan porque no se les conoce o no se les localiza, el letrado dicta decreto teniendo por desistido al demandante, salvo que el demandado se oponga; pero si no se personan porque no quieren, se entiende que la parte demandante renuncia a la acción, con lo que eso supone frente al desistimiento.

Para el demandante, el art. 14.1 sitúa la solicitud en la demanda, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa. La opción tentadora es la regla del demandado: cuando es él quien llama al tercero, lo pide dentro del plazo para contestar a la demanda (art. 14.2.1.ª).

El art. 14.2, regla 2.ª, manda al letrado de la Administración de Justicia interrumpir el plazo para contestar con efectos desde el día en que se presentó la solicitud, oír al demandante en diez días y dejar al tribunal que resuelva por auto. El plazo no sigue corriendo ni se cuenta la interrupción desde la admisión; se reanuda con la notificación de la desestimación o, si se estima, con el traslado de la contestación del tercero (regla 3.ª).

El art. 11 bis.1 legitima, además de a las personas afectadas y «siempre con su autorización», a la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y, respecto de sus afiliados o asociados, a partidos, sindicatos y otras organizaciones. La mayor representatividad es un requisito del apartado 2, para los intereses difusos de una pluralidad indeterminada de personas, no para defender a un afiliado.

El art. 5.2 fija el criterio en el efecto de la decisión: la pretensión se dirige frente a los sujetos a quienes haya de afectar lo que se pide. No basta la opinión del demandante sobre quién es responsable, ni haber firmado el título, y el domicilio sirve para la competencia territorial, no para decidir contra quién se demanda.

El carácter supletorio de la LEC alcanza a los cuatro órdenes que el art. 4 enumera: los procesos penales, los contencioso-administrativos, los laborales y los militares. El arbitraje no está en la lista: no es un proceso ante los tribunales del Estado, sino un medio de solución de controversias que se rige por su propia ley.

El litisconsorcio voluntario del art. 12.1 se apoya en la conexión de las acciones: que provengan de un mismo título o causa de pedir. No depende de una autorización del tribunal, ni del domicilio, que es criterio de competencia territorial, ni de la cuantía, que decide la clase de juicio.

El art. 7.3 resuelve la representación del concebido anticipando la que tendría al nacer: comparecen por él quienes legítimamente lo representarían si ya hubiera nacido. El defensor judicial y la intervención del Ministerio Fiscal son el remedio del art. 8 cuando falta quien represente a una persona física, no la regla para el concebido.

El art. 2 aplica las normas procesales vigentes y cierra la puerta a la retroactividad con un «nunca»: no la abre ni el acuerdo del tribunal ni el beneficio de las partes. La única salvedad es la que el propio artículo nombra, que una disposición de Derecho transitorio diga otra cosa. La fecha en que nació la relación jurídica importa para el Derecho sustantivo que se aplica al fondo, no para el procedimiento.

Con perjudicados indeterminados, el art. 11.3 reserva la legitimación «exclusivamente» a las asociaciones de consumidores que sean representativas conforme a la ley. Basta estar legalmente constituida para defender a los asociados y los intereses generales (art. 11.1), pero no para los intereses difusos; y la ley no pide que los perjudicados sean socios ni pone un criterio territorial.

El art. 7 bis.1 considera personas mayores, a efectos de los ajustes, a las de sesenta y cinco años o más. Cincuenta y cinco, sesenta y setenta años no son umbrales del artículo.

El art. 14.2, regla 5.ª, permite imponer las costas a quien pidió la intervención del tercero, que en este caso es el demandado, con los criterios generales del art. 394. No van automáticamente al demandante, que no llamó al tercero, ni se reparten por mitad en todo caso.

El art. 15 bis permite a la Comisión Europea, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y a los órganos autonómicos intervenir sin tener la condición de parte, por iniciativa propia o a instancia del tribunal, aportando información o presentando observaciones escritas, y verbales con la venia del tribunal. No son partes ni peritos: ilustran al tribunal sobre la aplicación del Derecho de la competencia.

El defensor judicial del art. 8.1 es un remedio provisional: asume la representación y la defensa hasta que se designa a quien legalmente corresponda representar o asistir a esa persona. Su cargo no se mide por las fases del pleito, ni lo cierra la sentencia, ni depende de un auto de cese.

Es el litisconsorcio pasivo necesario del art. 12.2: cuando la tutela solo puede hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente, todos ellos han de ser demandados como litisconsortes. No queda a la iniciativa del demandado ni a la intervención voluntaria del art. 13, que es la vía de quien acredita interés en un pleito ajeno.

El art. 17.2 dice que, si no se accede a la sucesión, el transmitente continúa en el juicio, y deja a salvo las relaciones jurídicas privadas entre transmitente y adquirente. La ley no archiva el pleito ni convierte a los dos en litisconsortes; el adquirente que quiera estar en el proceso tendría que acudir a otra vía, como la intervención del art. 13.

El principio de legalidad procesal obliga a todos los que están en el proceso civil: a los tribunales y a quienes ante ellos acuden e intervienen, sean partes, profesionales o terceros. Por eso falla limitarlo a los tribunales y a su oficina, o a las partes y sus profesionales, y falla también la opción del pacto: las partes pueden disponer de lo que piden (art. 19), pero no del procedimiento, que es el de la ley.

La legitimación es la titularidad afirmada de la relación jurídica u objeto litigioso, salvo los casos en que la ley la atribuye a otro, como a las asociaciones de consumidores. No se confunde con la capacidad procesal (arts. 6 a 9), ni con figurar en la demanda, ni con verse afectado por la sentencia.

El art. 7 bis.3 hace de tramitación preferente todo procedimiento, declarativo o de ejecución, en que alguna parte interesada tenga ochenta años o más. La edad no dispensa de abogado ni de procurador, que dependen de la clase de juicio (arts. 23 y 31), ni da lugar a un defensor judicial, que es el remedio del art. 8 para quien no tiene quien lo represente. Y desde los ochenta los ajustes se hacen a petición suya o de oficio (art. 7 bis.1), no solo cuando ella los pide.

Las masas patrimoniales y los patrimonios separados sin titular, o con un titular privado de sus facultades de disposición y administración, pueden ser parte (art. 6.1.4.º) y comparecen por medio de quienes legalmente los administran (art. 7.5). No esperan a que se determine el titular, ni los sustituye el fiscal o un defensor judicial, que son figuras del art. 8 para las personas físicas.