La representación por procurador y la defensa por abogado

El art. 35.4, igual que el 34.4 para la cuenta del procurador, dice que el auto sobre las cláusulas abusivas «será directamente apelable en todo caso», y que, firme, tiene fuerza de cosa juzgada. La revisión es el recurso contra el decreto del letrado de la Administración de Justicia que fija la cantidad (art. 35.2), no contra un auto del juez. Y la reserva del juicio declarativo posterior es la del decreto y del auto que resuelve la revisión, que no lo prejuzgan; el auto de abusividad, en cambio, sí produce cosa juzgada.

La representación pasiva dura «durante el curso del asunto y hasta que quede ejecutada la sentencia» (art. 28.1), y comprende también la notificación de la sentencia: lo que el procurador oye y firma vale como si interviniera el poderdante. Ni la sentencia de instancia, ni su firmeza ni su notificación cierran el poder; la ejecución sigue siendo parte del asunto. Quedan fuera los actos que la ley manda practicar a la parte en persona (art. 28.4).

El art. 27 remite a «las normas establecidas para el contrato de mandato en la legislación civil aplicable». La misma remisión vuelve en la provisión de fondos (art. 29.1) y en la responsabilidad del procurador, que es la del mandatario (art. 26.2.2.º). El arrendamiento de servicios es la tentación de quien piensa en el abogado, y ni la comisión mercantil ni el contrato de obra aparecen en la LEC para esta relación.

El art. 24.1 da dos vías: la comparecencia electrónica, a través de una sede judicial electrónica, en el registro electrónico de apoderamientos judiciales apud acta, y el poder ante notario o por comparecencia personal, presencial o electrónica, ante el letrado de la Administración de Justicia de cualquier oficina judicial, que no tiene que ser la del pleito. El Colegio de Procuradores no recibe apoderamientos: organiza los servicios de sus colegiados (art. 23.6) y el de recepción de notificaciones (art. 28.3).

Pedir la suspensión urgente de vistas no necesita firma de abogado (art. 31.2.2.º), pero con una salvedad: si la causa se refiere especialmente al abogado, «también deberá éste firmar el escrito, si fuera posible». Quien mejor acredita su propio impedimento es él. El decano del colegio no interviene, y la excepción a la firma de abogado no dispensa del procurador cuando este es preceptivo.

El art. 26.2.7.º obliga al procurador a pagar todos los gastos causados a su instancia «excepto» cuatro: los honorarios de los abogados, los de los peritos, las tasas judiciales y los depósitos para recurrir, salvo que el poderdante le haya dado los fondos para ellos. Los edictos, las certificaciones y las copias son gastos ordinarios del pleito y entran en la regla. Lo que el procurador suple lo recupera de su poderdante, si hace falta con la cuenta del art. 34.

El demandante que, sin ser preceptivos, quiere ser defendido por abogado, representado por procurador o ambas cosas, «lo hará constar así en la demanda» (art. 32.1). El escrito aparte es la vía del demandado, que responde a una demanda ya notificada (art. 32.2), no la del demandante. Así cada parte sabe pronto si la otra irá asistida y puede pedir la asistencia jurídica gratuita.

Impugnados por excesivos, se da traslado al abogado por cinco días; si no acepta la reducción, el letrado de la Administración de Justicia los regula por el trámite de la tasación de costas, «salvo que el abogado o la abogada acredite la existencia de presupuesto previo en escrito aceptado por el impugnante», y fija la cantidad por decreto, contra el que cabe recurso directo de revisión (art. 35.2). Lo pactado de antemano no se discute por excesivo. El tercio de la cuantía es el límite del art. 394.3 a lo que paga el condenado en costas, no a lo que el cliente debe a su abogado.

La aceptación no tiene forma: «se presume por el hecho de usar de él el procurador» (art. 26.1). Por eso el apud acta no exige que el procurador concurra al otorgamiento (art. 24.2), y tampoco la ley pide firmar la escritura, ratificar ante el letrado de la Administración de Justicia ni avisar al Colegio. Aceptado el poder, nacen los deberes del art. 26.2, empezando por seguir el asunto mientras no cese.

El art. 23.2.1.º exime del procurador en los juicios verbales «cuya determinación se haya efectuado por razón de la cuantía» y esta no exceda de 2.000 euros. Las dos condiciones van juntas: el desahucio va al verbal por la materia (art. 250.1.1.º), así que los 1.500 euros no abren la excepción y rige la regla del art. 23.1, comparecer por procurador. Ni el letrado de la Administración de Justicia dispensa de ello ni lo que haga el demandado cambia la regla: el art. 32 solo trata de quién se vale de profesionales cuando no son preceptivos.

El art. 32.2 le da «los tres días siguientes» a la notificación de la demanda, y en ese escrito puede pedir también el reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita, que puede llevar a suspender el proceso. Diez días es el plazo de la contestación en el juicio verbal (art. 438.1), que es otro acto: comunicar que se irá asistido no es contestar. Los mismos tres días tiene el demandante cuando es el demandado el que anuncia que irá con profesionales (art. 32.3).

El poder lo otorga la persona jurídica, no quien la representaba: por eso el art. 30.2 dice que los cambios en la representación o administración de personas jurídicas, masas patrimoniales, patrimonios separados o entes sin personalidad «no extinguirán el poder del procurador ni darán lugar a nueva personación». Las dos cosas a la vez: el poder sigue y no hay que volver a personarse. Tampoco hace falta que el nuevo administrador lo ratifique.

El art. 24.2 manda otorgarlo «al mismo tiempo que la presentación del primer escrito o, en su caso, antes de la primera actuación», y sin necesidad de que concurra el procurador. Ni el traslado a la contraria, ni la admisión de la demanda, ni la sentencia marcan nada aquí. Después, la representación se acredita consultando la inscripción en el Registro Electrónico de Apoderamientos Judiciales o con su certificación.

Cuando el procurador practica actos de comunicación o actividades de ejecución delegadas, actúa con capacidad de certificación, de forma personal e indelegable, y su actuación «será impugnable ante el letrado de la Administración de Justicia» por el trámite de la reposición de los arts. 452 y 453 (art. 23.5). Contra el decreto que resuelve la impugnación cabe después recurso de revisión, que es el que llega al juez; la reposición ante el juez no es el primer escalón. El Colegio responde de organizar los servicios (art. 23.6), no de revisar el acto.

Si la reclamación se dirige contra una persona física, el procurador «deberá aportar junto con la cuenta el contrato suscrito con el cliente» (art. 34.4), y el letrado de la Administración de Justicia, antes de requerir el pago, da cuenta al juez para que examine de oficio si alguna cláusula es abusiva. El contrato es lo que se controla; el informe del Colegio es del trámite de los honorarios excesivos en la tasación de costas (art. 246.1), y la conformidad del abogado no se pide.

En los juicios del art. 250.1.1.º —las reclamaciones de rentas y los desahucios por falta de pago o por expiración del plazo—, el art. 33.3 manda al tribunal dictar, «tan pronto como tenga noticia», resolución motivada que requiera de los colegios el nombramiento provisional de abogado y procurador; la solicitud sigue después su trámite, y si se deniega el derecho, el solicitante resarce los honorarios. La solicitud no suspende por sí sola el proceso (art. 16.1 de la Ley 1/1996), y no es el tribunal quien comprueba los recursos del solicitante: eso se tramita conforme a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

Mientras no se le tenga por renunciante, el procurador no puede abandonar la representación y sigue en ella hasta que el poderdante designe otro en diez días; pasados sin designación, el letrado de la Administración de Justicia dicta resolución que le tiene «por definitivamente apartado» de la representación (art. 30.1.2.º). La ley no dice más: no designa de oficio otro procurador, ni declara la rebeldía, ni suspende el proceso.

La cuenta del procurador se presenta «ante el letrado de la Administración de Justicia del lugar en que éste radicare», es decir, donde radica el asunto (art. 34.1), sin abogado ni procurador. Él requiere al poderdante para que pague o la impugne en diez días y, si hay oposición, la resuelve por decreto, revisable ante el juez. El juez solo entra en el control de las cláusulas abusivas cuando el deudor es una persona física (art. 34.4). Ni hace falta un monitorio ni el Colegio aprueba nada.

El art. 31.2.3.º exime de la firma de abogado los escritos con los que el procurador acredita las actividades materiales de ejecución que le delegó el juez o el tribunal, «sin perjuicio de la obligación de informar de su presentación a la dirección letrada del procedimiento». El abogado no firma, pero tiene que saberlo. No hay ratificación ante el letrado de la Administración de Justicia ni visto bueno del Colegio; si la actuación se discute, se impugna ante el letrado por el art. 23.5.

Deducida la pretensión, el letrado de la Administración de Justicia da traslado al poderdante «por el plazo de diez días» y resuelve por decreto, fijando, en su caso, la cantidad necesaria y el plazo para entregarla, bajo apercibimiento de apremio (art. 29.2). Es el mismo plazo de diez días que tiene el poderdante para pagar o impugnar la cuenta de su procurador una vez gastado el dinero (art. 34.2).