Las diligencias preliminares y la presentación de documentos, dictámenes e informes

El art. 256.3 da un mes desde que terminan las diligencias: si en ese tiempo no se interpone la demanda y el tribunal no ve justificación suficiente, la caución se pierde a favor de quienes intervinieron en ellas. Es el mismo mes que el art. 262.2 manda esperar antes de devolver al solicitante lo que sobre de la caución una vez aplicada. Dos, tres o seis meses no son plazos de este capítulo.

El art. 267 se conforma con la copia simple del documento público, en papel o, en su caso, en imagen digitalizada conforme a la normativa del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica. Si se impugna su autenticidad, se lleva a los autos el original, una copia o una certificación con los requisitos para que surta efectos. No hace falta el original ni una copia autorizada: la copia simple basta mientras no se impugne la autenticidad (art. 318).

La regla general del art. 257.1 mira a quien ha de actuar: es competente el juez del domicilio de la persona que hubiera de declarar, exhibir o intervenir de otro modo en la diligencia, aquí el condueño de Bilbao. El tribunal ante el que haya de presentarse la demanda solo es competente en las diligencias de los números 6.º a 9.º del art. 256.1 (consumidores, propiedad industrial e intelectual y leyes especiales), no en la del socio o comunero. La ley habla del juez de primera instancia: desde la LO 1/2025, es el de la Sección Civil del Tribunal de Instancia.

El art. 270.1.2.º admite después de la audiencia previa los documentos anteriores a ella cuando la parte justifica que no conocía su existencia. Ser anterior a la demanda no lo impide por sí solo, y el consentimiento del actor no es la llave. Tampoco basta presentarlo antes de la sentencia: pasada la vista o el juicio rige la preclusión del art. 271.

El art. 265.3 abre una ventana solo al actor y solo por una razón: que el interés o la relevancia del documento aparezca a consecuencia de lo que el demandado alegó al contestar. Lo presenta en la audiencia previa o, en el juicio verbal, en la vista. No depende de que el demandado consienta ni de que el tribunal lo vea útil, y ser público no exime de aportarlo con la demanda.

Designar el archivo o el protocolo solo vale cuando la parte no puede disponer del documento (art. 265.2, párrafo primero). Si se pueden pedir y obtener copias fehacientes, la ley entiende que el actor dispone de él y debe acompañarlo a la demanda, sin limitarse a la designación. Tampoco se le exige el original: los documentos públicos pueden presentarse por copia simple (art. 267).

El art. 257.2 cierra la declinatoria en las diligencias preliminares y encarga el control al propio juez, que revisa de oficio su competencia; si cree que no le corresponde, se abstiene e indica al solicitante a qué juzgado acudir (hoy, la sección civil del tribunal de instancia que corresponda). Si ese segundo juez también se inhibe, el conflicto negativo lo decide el tribunal inmediato superior común (art. 60), no el que resuelva una apelación. La inhibitoria no existe en la LEC.

La lista del art. 256.1 es de exhibiciones concretas y con un porqué: las cuentas de la sociedad o de la comunidad para el socio o el comunero, la historia clínica, el contrato del seguro de responsabilidad civil para quien se considera perjudicado por un hecho que pudiera cubrir. Ninguno de sus números permite indagar la solvencia del futuro demandado: conocer su patrimonio no prepara el juicio, sino, en su caso, la ejecución.

El art. 265.1.5.º admite con la demanda o la contestación los informes de profesionales de la investigación privada legalmente habilitados, pero no les da el valor de un dictamen: si los hechos que recogen no se reconocen como ciertos, se practica prueba testifical, y quien los investigó declara como testigo. Lo tentador es la pericial, porque el informe se presenta en el mismo momento que los dictámenes; pero el detective cuenta lo que vio, no aporta conocimientos especializados.

El art. 268.2 deja presentar la copia simple del documento privado, en papel o en imagen digitalizada, y le da los mismos efectos que al original con una condición: que ninguna de las demás partes cuestione su conformidad con él. No hace falta cotejo previo del letrado de la Administración de Justicia ni aportar el original de entrada; si se impugna, se discute entonces.

El art. 269.1 es una regla de preclusión: el documento que debía acompañar a la demanda, a la contestación o, en su caso, presentarse en la audiencia previa ya no puede aportarse después ni traerse a los autos a petición de la parte. Solo lo salvan los casos del art. 270. No hay requerimiento de subsanación: el documento de fondo no es un defecto formal.

Después de la vista o el juicio la preclusión es definitiva (art. 271.1): ningún documento, informe o dictamen, por buena que sea la razón del retraso, salvo lo que se acuerde como diligencia final. La única excepción del art. 271.2 son las sentencias o resoluciones judiciales o administrativas dictadas o notificadas no antes de las conclusiones que puedan ser condicionantes o decisivas; se dan a las demás partes cinco días comunes y el tribunal resuelve sobre ellas en la misma sentencia. Las razones del art. 270 valen hasta el juicio, no después.

El art. 258.2 trata distinto a los dos autos: el que acuerda las diligencias no admite recurso alguno, y el que las deniega es apelable, porque cierra al solicitante la vía que pedía. «Ninguno» es la respuesta para el auto que las acuerda, no para el que las deniega. La revisión es el recurso contra ciertos decretos del letrado de la Administración de Justicia, y aquí resuelve el tribunal por auto.

El art. 264.4.º, en su redacción de la LO 1/2025, ofrece dos caminos: el documento que acredite el intento de negociación o, si no se pudo hacer por desconocer el domicilio o el medio para requerir al demandado, una declaración responsable de la parte. No queda exento sin más: algo hay que presentar, y es su propia declaración, no un acta notarial ni una petición de averiguación al tribunal.

El art. 262.1 hace apelable la decisión sobre la aplicación de la caución, pero sin efectos suspensivos: lo acordado se cumple mientras se resuelve el recurso. No es una decisión que se recurra en reposición, con efectos o sin ellos. El tribunal la toma en cinco días, oído el solicitante.

El art. 261.1.ª no fuerza la declaración: le da efectos a la negativa. Las preguntas que el solicitante pretendía formular se pueden tener por respondidas afirmativamente y los hechos, por admitidos para el juicio posterior. La entrada y registro está prevista para cuando se pidió exhibir títulos, documentos o una cosa y hay indicios del lugar en que se encuentran (art. 261.2.ª y 3.ª), no para obtener una declaración.

La regla general del art. 265.1.4.º es acompañar a la demanda los dictámenes en que se apoya la pretensión, pero quien tiene asistencia jurídica gratuita no tiene que aportarlo: basta con anunciarlo, para que se designe perito conforme al art. 339.1. Después del juicio ya no se admite ningún dictamen (art. 271.1), y la prueba testifical es la que corresponde a los informes de los investigadores privados no reconocidos, no a los dictámenes.

El art. 258.1 pide dos cosas: que la diligencia sea adecuada a la finalidad que persigue el solicitante y que en la solicitud concurran justa causa e interés legítimo; si no las ve justificadas, la rechaza. La apariencia de buen derecho y el peligro por la mora son los presupuestos de las medidas cautelares (art. 728), que aseguran una sentencia, no preparan un juicio. Y la oposición del requerido llega después, cuando ya se le ha citado en el auto que accede.

El art. 260.1 da cinco días desde que se recibe la citación. Del escrito de oposición se da traslado al solicitante, que puede impugnarlo en otros cinco días, y los dos pueden pedir vista, que sigue los trámites del juicio verbal. Los tres días de este capítulo son el plazo para prestar la caución (art. 258.3), los diez, el de practicar la diligencia (art. 259.1), y los veinte, los de la contestación en el ordinario (art. 404).

El art. 258.3 da tres días desde que se dicta el auto que concede las diligencias, no desde que se notifica. Si la caución no se presta, el letrado de la Administración de Justicia archiva definitivamente las actuaciones por decreto. Los cinco días son los que tiene el tribunal para resolver la solicitud (art. 258.1) y los diez, los que da la citación para practicar la diligencia (art. 259.1).