Los procesos civiles europeos

Con la oposición en plazo el proceso europeo termina su papel: el letrado de la Administración de Justicia comunica al demandante que ha de instar la continuación del asunto por el procedimiento que corresponda según las normas procesales españolas, salvo que hubiera pedido expresamente que en ese caso se pusiera fin al proceso (DF 23.ª.8). No hay vista ni sentencia dentro del monitorio europeo, y la declaración de ejecutividad es lo que ocurre cuando no hay oposición ni pago.

Si la reconvención supera el límite del art. 2.1 del Reglamento, el juez resuelve mediante auto que el asunto entero se tramite por el procedimiento que corresponda según las normas procesales españolas (DF 24.ª.4). No se inadmite ni se separa la reconvención para dejar vivo el proceso europeo, y el límite sí alcanza a la reconvención.

Las resoluciones con fuerza ejecutiva del Reglamento 1215/2012 se ejecutan en España sin declaración de fuerza ejecutiva; para la que ordena una medida provisional o cautelar, la DF 25.ª.2, regla 1.ª, añade una condición: que el órgano que la dictó haya certificado que es competente en cuanto al fondo del asunto. No hace falta un auto previo de fuerza ejecutiva, ni repetir la medida en España, ni una caución añadida.

La DF 25.ª.4 manda tramitar la denegación de la ejecución por los motivos del art. 45 del Reglamento por los cauces del juicio verbal, con especialidades: conoce el juzgado de la ejecución, la demanda se presenta en diez días desde la notificación del despacho y se contesta en otros diez. Esos motivos se suman a los de oposición a la ejecución de la LEC, que conservan su cauce propio, y por eso la oposición tienta sin serlo.

La DF 23.ª.13 atribuye la ejecución en España del requerimiento europeo de pago con fuerza ejecutiva al Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado (hoy, la Sección Civil del Tribunal de Instancia), sin fuero alternativo. La elección entre el domicilio del demandado y el lugar de ejecución es la regla del título ejecutivo europeo (DF 21.ª.5), no la del monitorio europeo, y por eso tienta. Ni el lugar de los bienes por sí solo ni Madrid son fuero aquí.

La DF 21.ª.1 separa dos caminos: la rectificación de errores del certificado (art. 10.1.a del Reglamento) se resuelve como la aclaración del art. 267 de la LOPJ, y la revocación (art. 10.1.b) se tramita y resuelve como el recurso de reposición de la LEC, sea cual sea el orden jurisdiccional del tribunal. Por eso tienta el art. 267: es el cauce de la rectificación, no el de la revocación. Ni la apelación ni la revisión de decretos intervienen aquí.

La DF 23.ª.9 atribuye la revisión al órgano que expidió el requerimiento y la reparte: por las causas del art. 20.1 del Reglamento, por los trámites de la rescisión de sentencias firmes a instancia del litigante rebelde (arts. 501 y siguientes); por las del art. 20.2, por el incidente de nulidad del art. 241 de la LOPJ. Esa es la trampa: el incidente de nulidad es el cauce del 20.2, no del 20.1. Los arts. 556 y siguientes sirven para denegar o limitar la ejecución en España de un requerimiento extranjero.

La DF 24.ª.2 remite lo no previsto en el Reglamento 861/2007 a la regulación del juicio verbal de la LEC. Tienta el monitorio porque es la remisión del monitorio europeo: lo no previsto en el Reglamento 1896/2006 para expedir el requerimiento se rige por el proceso monitorio de la LEC (DF 23.ª.11). Ni el ordinario ni la ley del domicilio del demandado son el supletorio.

La DF 21.ª.3 atribuye la expedición del certificado del documento público al notario que lo autorizó, o a quien legalmente le sustituya o suceda en su protocolo, que deja nota en la matriz o póliza. El tribunal solo certifica sus propias resoluciones y transacciones (DF 21.ª.1 y 2), y ni el colegio notarial ni el letrado del tribunal de la ejecución tienen papel en la expedición.

Para ejecutar en España la orden de retención dictada en otro Estado miembro es competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se mantenga la cuenta y, si hay cuentas en distintos lugares, el correspondiente a cualquiera de ellas (DF 27.ª.2; hoy, la Sección Civil del Tribunal de Instancia): uno solo, sin partir la ejecución por cuentas. El domicilio del deudor fija otra cosa, el tribunal que le notifica la orden (DF 27.ª.3), y por eso tienta Madrid, que no ejecuta.

Las resoluciones del Reglamento 1215/2012 se reconocen en España sin procedimiento alguno, y si su denegación se invoca como cuestión incidental, conoce de ella el mismo órgano ante el que se plantea, por el procedimiento de los arts. 388 y siguientes, con eficacia limitada a ese proceso (DF 25.ª.1, regla 2.ª). No hay exequátur, ni se remite la cuestión a otro tribunal español o extranjero, aunque nada impide que en proceso aparte se resuelva sobre el reconocimiento a título principal.

La DF 23.ª.7 manda advertir que el cómputo se rige por el Reglamento 1182/71 del Consejo, sobre plazos, fechas y términos, sin que se excluyan los días inhábiles. Lo tentador es la regla interna de la LEC, que en los plazos por días excluye los inhábiles (art. 133.2): en el monitorio europeo no se aplica, y los inhábiles cuentan.

La DF 25.ª.3, regla 2.ª, da al ejecutado cinco días desde la notificación del despacho de la ejecución para pedir la traducción de la resolución extranjera. Mientras no se le entrega, queda en suspenso el plazo para oponerse, y el juez sobresee si el ejecutante no la aporta en un mes. Ocho, quince y treinta días no son plazos de este trámite.

La petición de requerimiento europeo de pago se presenta en el formulario del anexo I sin necesidad de aportar documentación alguna, y la que se aporte se inadmite (DF 23.ª.2). La única salvedad es la del contrato entre un empresario y un consumidor cuando el juez pide los documentos para controlar de oficio las cláusulas abusivas, y aquí las dos partes son empresas. A diferencia del monitorio nacional, el europeo no se funda en un principio de prueba documental.

La DF 22.ª.1 atribuye esa certificación al letrado de la Administración de Justicia, de forma separada y mediante diligencia, cumplimentando el formulario del reglamento. El juez con providencia es la regla de los certificados sobre el derecho de visita y la restitución del menor (DF 22.ª.2 y 3), y por eso tienta. El decreto es la forma de la denegación de esta certificación (DF 22.ª.5), no de su expedición. El Reglamento 2201/2003 fue sustituido por el Reglamento (UE) 2019/1111, que se aplica a los procesos iniciados desde el 1 de agosto de 2022; la LEC no ha adaptado esta disposición.

La DF 23.ª.7 da al demandado treinta días desde la notificación para oponerse con el formulario F del anexo VI del Reglamento 1896/2006. Tienta el de veinte días porque es el del monitorio nacional para pagar o comparecer y oponerse (art. 815); el europeo es más largo. Treinta días es también el plazo máximo para expedir el requerimiento, pero ese corre para el tribunal, no para el demandado.

La DF 21.ª.1 manda certificar el título ejecutivo europeo de forma separada y mediante providencia, en el formulario del anexo I del Reglamento 805/2004, y la certificación la hace el mismo tribunal que dictó la resolución. No va en el fallo, porque se adopta aparte; tampoco por auto, y no es un decreto del letrado: es una certificación judicial. La denegación sigue la misma forma, providencia, y se impugna por reposición.