La impugnación de las resoluciones de protección de menores

Según el art. 780.4, recibido el testimonio o la copia del expediente, el letrado de la Administración de Justicia emplaza al actor, en el plazo máximo de cinco días, por diez días para que presente la demanda, que sigue los trámites del art. 753. Los veinte días son los de la oposición a las resoluciones en materia de Registro Civil (art. 781 bis.4), y los dos meses, el plazo para formular la oposición desde la notificación.

Aunque la resolución sea administrativa, el art. 780.1 lleva su impugnación a los tribunales civiles y declara innecesaria la reclamación previa en vía administrativa: quien se opone acude directamente al juzgado. Por eso no tiene sentido pasar antes por la Entidad Pública, ni para reclamarle ni para que ella eleve la oposición, y tampoco es asunto de lo contencioso-administrativo, que es la vía que el carácter administrativo de la resolución hace pensar.

El art. 781.1 suspende el expediente de adopción y encarga al letrado de la Administración de Justicia otorgar a los progenitores un plazo de quince días para presentar la demanda, que conoce el mismo tribunal. No se decide en otro proceso: si la demanda llega en plazo, el expediente se declara contencioso y la demanda se tramita en él, como pieza separada, por el art. 753. Tampoco se archiva ni espera a un informe del Ministerio Fiscal; si la demanda no llega, se alza la suspensión y la adopción sigue.

El art. 781 bis.1 abre la oposición civil, en dos meses desde la notificación, a las resoluciones de ese centro directivo en materia de Registro Civil, con una sola excepción: las dictadas en materia de nacionalidad por residencia, que quedan fuera de este cauce. El nombre y los apellidos, la inscripción de un matrimonio extranjero o la del nacimiento fuera de plazo son materia de Registro Civil y entran en la regla general. El art. 781 bis.1 aún la llama Dirección General de los Registros y del Notariado; su apartado 3 ya usa el nombre de hoy.