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Los requisitos internos de la sentencia y la cosa juzgada

12 preguntas · en 1 colección

Las secciones 2.ª y 3.ª del capítulo VIII del título V del libro I de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil: la justicia rogada, la carga de la prueba, la exhaustividad y la congruencia, las sentencias con reserva de liquidación y las condenas de futuro, las sentencias en procesos de consumidores y la cosa juzgada material.

Colecciones que lo incluyen

Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (LEC) 1368 preguntas

Así son sus preguntas

Resueltas, y cada una con la cita literal que la justifica, para que compruebes la respuesta por tu cuenta.

Una sentencia firme declaró válido un contrato entre dos partes. Después, una de ellas demanda a la otra reclamando una prestación que presupone esa validez. Según la LEC, ¿qué efecto tiene lo resuelto antes en el segundo pleito?

Ninguno, porque el objeto de los dos pleitos es distinto
Impide el segundo pleito, porque los dos tienen un objeto idéntico
Vincula al tribunal, porque es antecedente lógico de lo que se discute
Vale solo como un documento más, que el tribunal valora libremente

Es la función positiva de la cosa juzgada (art. 222.4): lo resuelto en sentencia firme vincula al tribunal del proceso posterior cuando aparece como antecedente lógico de su objeto y los litigantes son los mismos. El segundo pleito no queda excluido, porque su objeto no es idéntico (esa es la función del art. 222.1), pero el tribunal no puede volver a decidir sobre la validez.

Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos

Ley 1/2000, de 7 de enero

Demandado por no devolver un préstamo, el prestatario reconoce haberlo recibido, pero alega que ya lo devolvió. Según la LEC, ¿a quién corresponde probar ese pago?

Al actor, porque es quien reclama la deuda en el pleito
Al actor, en cuanto el demandado aporte algún indicio del pago
A ninguno, porque el tribunal lo aprecia sin reglas de carga
Al demandado, porque el pago extingue la obligación reclamada

El actor prueba los hechos de los que nace su pretensión (art. 217.2), aquí el préstamo, que ya está reconocido. El pago es un hecho extintivo, y los hechos que impiden, extinguen o enervan la eficacia de los del actor los prueba el demandado (art. 217.3). Pedirle al actor que demuestre que no se le pagó invierte la regla, haya o no indicios.

Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior.

Ley 1/2000, de 7 de enero

Según la LEC, salvo que la ley disponga otra cosa en casos especiales, ¿en virtud de qué deciden los tribunales civiles los asuntos?

De las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes
De los hechos que averigüe el tribunal y las pretensiones de las partes
De los hechos y pruebas de las partes y las pretensiones que fije el tribunal
De los hechos y pretensiones de las partes y las pruebas de oficio

Es el principio de justicia rogada (art. 216): hechos, pruebas y pretensiones los aportan las partes, y el tribunal decide sobre lo aportado. La actuación de oficio es la excepción que solo cabe donde la ley la prevé para casos especiales, no la regla; por eso fallan tanto la opción de las pruebas de oficio como la que deja al tribunal averiguar los hechos. Y las pretensiones no las fija el tribunal: las formulan las partes, y la sentencia ha de ser congruente con ellas (art. 218.1).

Los tribunales civiles decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes, excepto cuando la ley disponga otra cosa en casos especiales.

Ley 1/2000, de 7 de enero

El actor funda su pretensión en un precepto que no es el aplicable al caso. Según la LEC, ¿qué hace el tribunal al dictar sentencia?

Desestima la pretensión, por estar fundada en una norma inaplicable
Resuelve conforme a la norma aplicable, aunque cambie la causa de pedir
Resuelve conforme a la norma que citó el actor, aunque no sea la aplicable
Resuelve conforme a la norma aplicable, sin apartarse de la causa de pedir

El art. 218.1 permite al tribunal aplicar la norma correcta aunque las partes la hayan citado mal. El límite es la congruencia: no puede apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes quisieron hacer valer. Tampoco queda atado a la norma que citó el actor, y desestimar por haberla citado mal sería lo contrario de lo que manda la ley.

El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes.

Ley 1/2000, de 7 de enero

Según la LEC, ¿desde cuándo produce efectos frente a terceros la cosa juzgada de una sentencia firme sobre filiación?

Desde su inscripción o anotación en el Registro Civil
Desde que la sentencia adquiere la condición de firme
Desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado
Desde que se notifica a todas las partes del proceso

En las sentencias sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, maternidad y medidas de apoyo, el art. 222.3 extiende la cosa juzgada a terceros, pero solo a partir de su inscripción o anotación en el Registro Civil. La firmeza no basta para los terceros: hace falta además la publicidad del Registro.

En las sentencias sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, maternidad y de medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, la cosa juzgada tendrá efectos frente a terceros a partir de su inscripción o anotación en el Registro Civil.

Ley 1/2000, de 7 de enero

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Cuando al desahucio por falta de pago se acumula la reclamación de rentas y el arrendador pide expresamente en la demanda la condena por las que se devenguen después, ¿qué importe sirve de base para liquidar esas rentas futuras?

El de la renta media del último año de vigencia del contrato
El de la última mensualidad reclamada al presentar la demanda
El de la renta que esté vigente en la fecha de la sentencia
El que fije en la ejecución un perito designado por el tribunal

El art. 220.2 incluye en la condena las rentas que se devenguen desde la demanda hasta la entrega de la posesión efectiva de la finca, siempre que el arrendador lo haya pedido expresamente, y fija la base de su liquidación: la última mensualidad reclamada al presentar la demanda. No se promedia, no se actualiza a la fecha de la sentencia y no se encarga a un perito.

tomándose como base de la liquidación de las rentas futuras, el importe de la última mensualidad reclamada al presentar la demanda.

Ley 1/2000, de 7 de enero

Según la LEC, a efectos de la cosa juzgada, ¿qué hechos se consideran nuevos y distintos respecto del fundamento de las pretensiones?

Los posteriores a la presentación de la demanda o de la reconvención
Los que no se alegaron en aquel proceso, aunque ya existieran
Los posteriores a que la sentencia del primer proceso gane firmeza
Los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación

El art. 222.2 traza la frontera en la completa preclusión de los actos de alegación: lo ocurrido antes pudo alegarse y queda cubierto por la cosa juzgada; solo lo posterior abre un nuevo pleito. No basta con que el hecho sea posterior a la demanda, porque aún podía alegarse en el proceso, ni hace falta esperar a la firmeza. Y lo que ya existía y no se alegó no es nuevo.

Se considerarán hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las referidas pretensiones, los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que aquéllas se formularen.

Ley 1/2000, de 7 de enero

Al dictar sentencia en una reclamación de cantidad, el tribunal tiene por dudoso el hecho del que nace la deuda, cuya prueba correspondía al actor. Según la LEC, ¿qué hace?

Absuelve en la instancia, sin pronunciarse sobre el fondo
Estima la pretensión, salvo que el demandado pruebe lo contrario
Desestima las pretensiones del actor fundadas en ese hecho
Estima en parte la pretensión, repartiendo la carga entre ambos

El art. 217.1 resuelve la duda contra quien tenía la carga de probar: si el hecho incierto fundaba la pretensión del actor, se desestima esa pretensión. No se traslada la carga al demandado ni se reparte, y tampoco se deja el fondo sin decidir: la falta de prueba lleva a un pronunciamiento sobre el fondo.

Cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones.

Ley 1/2000, de 7 de enero

Según la LEC, ¿cabe que la sentencia condene al pago de una cantidad de dinero dejando para un pleito posterior los problemas de su liquidación concreta?

Sí, cuando esa condena sea exclusivamente la pretensión planteada
No, porque toda condena dineraria exige fijar su importe o sus bases
Sí, pero la liquidación se hace después dentro de la misma ejecución
No, salvo que el demandado se allane a esa condena genérica al pago

La regla del art. 219.3 es que no hay condenas con reserva de liquidación en la ejecución, pero el mismo apartado abre una salida: pedir solo la condena al pago y dejar la liquidación concreta para un pleito posterior, siempre que esa sea exclusivamente la pretensión planteada. Lo que no cabe es remitirla a la ejecución, y no depende de que el demandado se allane.

No obstante lo anterior, se permitirá al demandante solicitar, y al tribunal sentenciar, la condena al pago de cantidad de dinero, frutos, rentas, utilidades o productos cuando ésa sea exclusivamente la pretensión planteada y se dejen para un pleito posterior los problemas de liquidación concreta de las cantidades.

Ley 1/2000, de 7 de enero

Según el art. 219 de la LEC, quien reclama el pago de una cantidad de dinero determinada, ¿cuál de estas peticiones puede formular en su demanda?

Que se declare su derecho a cobrarla, sin pedir aún la condena al pago
Que se condene al demandado al pago, sin bases, y el importe se fije en la ejecución
Que se condene al demandado al pago, fijando las bases de su liquidación
Que se condene al demandado al pago de lo que resulte probado en el juicio

El art. 219.1 exige pedir la condena y, además, o cuantificar exactamente el importe o fijar con claridad las bases de su liquidación, de forma que esta sea una pura operación aritmética. No basta una demanda meramente declarativa del derecho a cobrar, ni cabe una condena abierta a lo que resulte de la prueba, que ni cuantifica ni da bases. Lo que veda expresamente es pedir que la cantidad se determine en ejecución de sentencia; con bases claras, en la ejecución solo se hace la operación aritmética (art. 219.2).

no podrá limitarse la demanda a pretender una sentencia meramente declarativa del derecho a percibirlos, sino que deberá solicitarse también la condena a su pago, cuantificando exactamente su importe, sin que pueda solicitarse su determinación en ejecución de sentencia, o fijando claramente las bases con arreglo a las cuales se deba efectuar la liquidación, de forma que ésta consista en una pura operación aritmética.

Ley 1/2000, de 7 de enero

Según la LEC, en la sentencia que estima una acción de cesación en defensa de los intereses colectivos de los consumidores, ¿con cargo a quién puede el tribunal acordar la publicación total o parcial de la sentencia?

Con cargo al Estado
Con cargo al demandado
Con cargo a la asociación demandante
Con cargo a las dos partes, por mitad

El art. 221.2 permite al tribunal, si lo estima procedente, acordar la publicación total o parcial de la sentencia —o una declaración rectificadora, si los efectos de la infracción pueden mantenerse en el tiempo—, y siempre con cargo al demandado, que es quien cometió la infracción. No la paga la asociación que ganó el pleito, ni el Estado, ni se reparte.

En las sentencias estimatorias de una acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios el Tribunal, si lo estima procedente, y con cargo al demandado, podrá acordar la publicación total o parcial de la sentencia

Ley 1/2000, de 7 de enero

Según el art. 217 de la LEC, ¿qué debe tener presente el tribunal al aplicar las reglas de la carga de la prueba?

La cuantía del pleito y la clase de juicio por el que se sigue
La disponibilidad y facilidad probatoria de cada una de las partes
El orden en que cada parte propuso sus medios de prueba
La mayor o menor diligencia de cada parte al proponer prueba

El art. 217.7 obliga al tribunal a modular las reglas generales de la carga atendiendo a qué parte tiene más a mano la prueba: la disponibilidad y la facilidad probatoria. La cuantía, la clase de juicio, el orden de proposición o la diligencia al proponer no deciden quién soporta la falta de prueba.

Para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio.

Ley 1/2000, de 7 de enero