El reconocimiento judicial, los testigos, las presunciones y las cuestiones incidentales

El art. 379.2 da al silencio un valor concreto: si las demás partes no se oponen a la tacha dentro del tercer día siguiente a su formulación, se entiende que reconocen su fundamento; si se oponen, alegan lo que les convenga y pueden aportar documentos. La tacha no aparta al testigo ni se resuelve aparte por auto: el tribunal la tiene en cuenta al valorar su declaración según la sana crítica (arts. 344.2 y 376, a los que remite el art. 379.3).

El art. 391.1.º considera de previo pronunciamiento las cuestiones incidentales sobre la capacidad y la representación de los litigantes por hechos ocurridos después de la audiencia previa de los arts. 414 y siguientes. Por eso se suspende el curso de las actuaciones hasta resolverla (art. 390). Si el hecho fuera anterior a la audiencia previa, se habría tratado en ella; el auto que repele es para lo que no está en ninguno de los casos legales (art. 392.2).

El art. 393.5 distingue según lo que decida el auto: si pone fin al proceso, cabe apelación; si acuerda su continuación, no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte perjudicada lo impugne al apelar la sentencia definitiva. Esta regla especial desplaza la reposición que, en general, cabe contra los autos no definitivos (art. 451), y la queja solo sirve contra la inadmisión de un recurso devolutivo.

El art. 363 no limita el número de testigos que se proponen, pero los gastos de los que excedan de tres por cada hecho discutido son en todo caso de cuenta de la parte que los presentó. El mismo artículo permite al tribunal, cuando ya ha oído al menos a tres sobre un hecho, prescindir de los que falten si se considera suficientemente ilustrado.

El art. 373.3 exige pedir el careo al término del interrogatorio, y entonces se advierte al testigo que no se ausente para que pueda practicarse a continuación: no hay un plazo posterior al juicio para pedirlo. El tribunal también puede acordarlo de oficio (art. 373.1).

El art. 382.1 obliga a quien propone reproducir palabras, imágenes o sonidos a acompañar, en su caso, la transcripción escrita de las palabras del soporte que resulten relevantes. Los dictámenes sobre la autenticidad son una posibilidad, no un deber: la parte proponente «podrá» aportarlos, y también las demás si la cuestionan (art. 382.2). Ni el consentimiento de los grabados ni un acta notarial son requisitos de este artículo.

Según el art. 361, pueden ser testigos todas las personas, salvo las privadas permanentemente de razón o del sentido por el que habría que conocer el hecho. Los catorce años no son una edad mínima: los menores de esa edad pueden declarar si, a juicio del tribunal, tienen el discernimiento necesario para conocer y para declarar verazmente. Decide el tribunal, no los padres, y la declaración no pasa a ser escrita.

Según el art. 384.1, el tribunal examina estos instrumentos por los medios que aporte la parte proponente o que él mismo disponga utilizar, de modo que las demás partes puedan, con idéntico conocimiento que el tribunal, alegar y proponer lo que les convenga. La documentación en autos se hace del modo más apropiado a la naturaleza del instrumento, bajo la fe del letrado de la Administración de Justicia (art. 384.2), pero no sustituye al examen.

El art. 378 fija el tiempo de las tachas desde que se admite la prueba testifical hasta que comienza el juicio o la vista. Eso no impide que el testigo, al responder a las preguntas generales del art. 367, reconozca una causa de tacha, y que entonces las partes señalen al tribunal circunstancias sobre su imparcialidad. El término del interrogatorio es el momento para pedir el careo (art. 373.3), no para tachar.

El art. 382.3 manda valorar estas reproducciones según las reglas de la sana crítica, se impugnen o no. La prueba plena por falta de impugnación es propia de los documentos privados (art. 326.1), y la fuerza tasada sobre el hecho, la fecha y quién interviene es la de los documentos públicos (art. 319): ninguna se extiende a las grabaciones, que son un medio de prueba distinto (art. 299.2).

Las presunciones legales dispensan de probar el hecho presunto a quien favorece, pero el art. 385.1 solo las admite cuando la certeza del hecho indicio ha quedado establecida mediante admisión o prueba. El enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano es el requisito de otra figura: la presunción judicial (art. 386.1).

El art. 367.1 enumera las preguntas generales: la identidad, el parentesco con litigantes, abogados o procuradores, la dependencia o la relación de intereses con quien lo propuso, el interés en el asunto o en otro semejante, la amistad íntima o enemistad y la condena por falso testimonio. De las condenas, solo pregunta por esa, que es la que pone en duda su veracidad: los antecedentes por cualquier otro delito no están en la lista. Las respuestas sirven para que las partes señalen circunstancias sobre su imparcialidad (art. 367.2).

Según el art. 364.3, cuando el tribunal no permite que las partes y sus abogados concurran a la declaración domiciliaria, les da vista de las respuestas para que puedan pedir, «dentro del tercer día», nuevas preguntas complementarias o aclaraciones. La declaración en el domicilio es el último recurso: el testigo que reside fuera de la demarcación declara preferentemente por videoconferencia (art. 364.1).

El art. 355.1 dice que el reconocimiento de una persona se practica a través de un interrogatorio realizado por el propio tribunal, que se adapta a las necesidades de cada caso. Puede hacerse a puerta cerrada o fuera de la sede del tribunal si las circunstancias lo aconsejan, y las partes pueden intervenir salvo que el tribunal lo considere perturbador; en todo caso se respeta la dignidad e intimidad de la persona (art. 355.2). No es una pericia médica ni un interrogatorio de los abogados, y la publicidad no es su regla.

La primera causa de tacha del art. 377.1 es ser o haber sido cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado civil de la parte que presentó al testigo «o de su abogado o procurador». Con el procurador, por tanto, también llega al cuarto grado. El segundo grado es el límite que la LOPJ pone al parentesco del juez con el letrado o el procurador (art. 219, causa 2.ª), no a la tacha del testigo. Y la tacha no depende de que el testigo reconozca la causa al responder a las preguntas generales (art. 378).

La parte que pide el reconocimiento puede anunciar que acudirá con una persona técnica o práctica en la materia (art. 353.2), y el art. 354.3 dice que, si el tribunal considera conveniente oír sus observaciones o declaraciones, le recibirá previamente juramento o promesa de decir verdad. No se la nombra perito ni se le exige título, como al perito del art. 340: puede ser una persona simplemente práctica. Y la ley no prevé aquí ninguna tacha.

Las cuestiones de especial pronunciamiento exigen que el tribunal decida sobre ellas por separado en la sentencia, antes de entrar en el objeto principal, y por eso el art. 389 dice que no suspenden el curso ordinario del proceso. No hay auto previo que la sentencia tenga que esperar: el auto es para las de previo pronunciamiento, que sí suspenden el curso de las actuaciones porque son un obstáculo a la continuación del juicio (arts. 390 y 393.4). Que quien la plantea pida la suspensión no decide nada: el tribunal califica la cuestión al admitirla (art. 393.2).