El despacho ordinario, las vistas y las comparecencias

El art. 184.2 exige que entre el señalamiento y la vista medien, al menos, diez días hábiles, salvo que la ley disponga otra cosa para un caso concreto. Es una antelación mínima, pensada para que las partes preparen la vista y se pueda citar a testigos y peritos. Cuatro, cinco y siete días no son esta antelación.

El art. 188.1 enumera los únicos supuestos en que la vista puede suspenderse, y entre ellos está la petición de las partes, pero de acuerdo y alegando justa causa a juicio del letrado de la Administración de Justicia: la de una sola de ellas no basta. Sí son causas la continuación de una vista pendiente del día anterior (1.º), la falta del número de magistrados necesario (2.º) y la imposibilidad técnica de la videoconferencia acordada (8.º).

El art. 179.2 dice que, pasados esos cinco días sin que nadie pida la reanudación, el letrado de la Administración de Justicia acuerda el archivo provisional de los autos, que dura hasta que alguien pida continuar o hasta que llegue la caducidad de la instancia. Lo tentador es pensar en el impulso de oficio del art. 179.1, pero un proceso suspendido a petición de las partes solo se reanuda si lo pide cualquiera de ellas. La caducidad no es inmediata, porque exige los plazos de inactividad del art. 237, y el silencio no equivale a desistir.

Para el testigo o el perito, el art. 183.5 no da el nuevo señalamiento directo que reciben el abogado o la parte: el letrado de la Administración de Justicia oye a las partes por un plazo común de tres días sobre si se hace un nuevo señalamiento o se cita al perito para actuar fuera de la vista, y luego decide el tribunal, no el letrado. Si el tribunal no da por buena la excusa, mantiene la vista y se requiere al perito para comparecer; no se prescinde de su informe sin más.

El art. 185.4 prevé un segundo turno: concluida la prueba o, si no la hubo, finalizado el primer turno, el juez o presidente vuelve a dar la palabra a las partes para rectificar hechos o conceptos y, en su caso, alegar sobre el resultado de las pruebas. No se cierra la vista tras el primer turno, no hay conclusiones por escrito y el segundo turno es para las partes, no solo para el demandado.

El art. 179.3 hace durar la suspensión lo que dure la baja laboral del abogado, pero le pone un techo: treinta días naturales, pasados los cuales se alza aunque la baja siga. Quince, veinte y noventa días no aparecen en el precepto, que no deja la suspensión abierta mientras dure la baja. Ojo: la baja por nacimiento y cuidado de menor tiene otra regla, y la suspensión dura el descanso obligatorio.

Según el art. 180.1, lo determina el letrado de la Administración de Justicia, aplicando el turno que se fija para la Sala o Sección al principio de cada año judicial sobre criterios exclusivamente objetivos. No lo elige el presidente atendiendo a la complejidad, porque eso no sería un criterio objetivo, ni lo designa la Sala de Gobierno, que fija con carácter vinculante las normas de asignación de las ponencias (art. 152.1.2.º de la LOPJ), pero no nombra el ponente de cada asunto. Y el art. 180.3 incluye a los presidentes en el turno, así que tampoco es un turno solo de los demás magistrados.

El art. 186.2.º encarga al juez agilizar la vista: primero llama la atención al abogado o a la parte que divaga, y solo si no atiende a la segunda advertencia puede retirarle la palabra. No basta una sola advertencia ni hace falta una tercera, y tampoco cabe retirarla sin advertir. Cuando la vista se celebra solo ante el letrado de la Administración de Justicia, esta dirección de los debates le corresponde a él.

El art. 193.1 tiene una lista cerrada («sólo podrá interrumpirse»). La incomparecencia de testigos o peritos citados judicialmente está en ella, pero solo cuando el tribunal considera imprescindible su declaración o su informe; si no lo es, la vista sigue. Las otras tres son causas literales: la cuestión incidental que no puede decidirse en el acto (1.º), la prueba fuera de la sede que no cabe entre sesiones (2.º) y la causa de suspensión sobrevenida que acuerde el juez o presidente (4.º).

Fijar fecha y hora de las vistas es, por regla, del letrado de la Administración de Justicia (art. 182.4), y de ahí lo tentador de las dos opciones que se lo dan a él. Pero el art. 182.1 hace una excepción: cuando la decisión de reanudar o señalar de nuevo se toma dentro de un acto que preside el juez y puede hacerse en ese mismo acto, el señalamiento lo hace el juez, atendiendo a la agenda programada. No necesita la conformidad de las partes.

El art. 181 encarga al ponente el despacho ordinario y el cuidado de la tramitación, pero «sin perjuicio del impulso» que corresponde al letrado de la Administración de Justicia: dar de oficio al proceso el curso que corresponde es del letrado (art. 179.1). Las otras tres sí son del ponente: examinar la prueba propuesta e informar sobre su admisibilidad, pertinencia y utilidad (2.º), informar los recursos (3.º) y dictar las providencias y proponer las demás resoluciones (4.º).

El art. 182.5 manda dar cuenta al juez o presidente a medida que se incluyen los señalamientos y, en todo caso, antes de notificarlos; si no se ajustan a los criterios e instrucciones que él fijó, decide él. Con el Ministerio Fiscal la ley pide coordinación en los procesos en que interviene (art. 182.4.5.º), no su conformidad. Los señalamientos no se publican antes de notificarse a las partes, y el Colegio de Procuradores no interviene aquí.

El art. 190.2 permite recusar de palabra al juez o magistrado que entró en el tribunal tras el señalamiento, con expresión sucinta de la causa, pero exige formalizarla por escrito en tres días. Si no se hace, no se admite, y la ley no se queda ahí: impone al recusante una multa de ciento cincuenta a seiscientos euros y las costas ocasionadas por la suspensión. No hay plazo de subsanación ni un desistimiento sin consecuencias.

El art. 191 abre, tras una vista celebrada con un magistrado nuevo, un plazo de tres días en que se suspende la votación y en el que aún cabe recusarlo. Por eso no es cierto que la falta de recusación en el acto la cierre del todo. Pero el art. 191.3 la limita a las causas que no hubieran podido conocerse antes del comienzo de la vista: la que ya se conocía tuvo que alegarse en el acto, como permite el art. 190.

El art. 188.1.5.º extiende al procurador las causas de suspensión del abogado cuando no ha tenido ocasión de designar sustituto, y añade que la vista no puede volver a señalarse hasta tres días después, para que el Colegio de Procuradores pueda organizar la sustitución. Cuatro, ocho y diez días no son el plazo de este precepto.