Los demás expedientes en materia de personas

El art. 70.2 manda publicar la resolución de admisión dos veces, con un intervalo mínimo de ocho días, en el Tablón Judicial Edictal Único y en el tablón del Ayuntamiento de la localidad en la que el ausente tuvo su último domicilio. Ni el «Boletín Oficial del Estado», ni el boletín de la provincia, ni un diario aparecen en el artículo.

El art. 62.1 atribuye este expediente al órgano de la residencia del menor o de la persona con discapacidad: aquí, Castellón, donde vive la niña. No cuenta el domicilio de los padres que la representan ni el lugar del piso, y no hay elección: la competencia territorial la fija cada precepto y no se puede modificar por sumisión (art. 2.2). Si la residencia cambiara antes de la comparecencia, las actuaciones se remitirían al nuevo órgano. La ley dice «Juzgado de Primera Instancia»: desde la LO 1/2025 es el Tribunal de Instancia, y en él la Sección de Familia, Infancia y Capacidad donde exista (art. 86.5 de la LOPJ).

El art. 78.2 da dos fueros alternativos: el de la localidad donde haya de realizarse la extracción o el de la localidad del trasplante, a elección del solicitante. El domicilio de la donante no cuenta, y ninguna de las dos localidades se impone a la otra: elige quien inicia el expediente, que puede ser la propia donante, con su solicitud, o el director del centro sanitario, con su comunicación (art. 79.1). La ley dice «Juez de Primera Instancia»: hoy es el de la Sección Civil del Tribunal de Instancia (LO 1/2025).

Para la declaración de fallecimiento por siniestro, el art. 68.1 aparta la regla del último domicilio y fija un solo órgano para todos los afectados: el del lugar del siniestro y, si ocurrió fuera de España, el del lugar donde se inició el viaje. El domicilio de la mayoría es el distractor tentador, pero solo entra si el viaje empezó en el extranjero. Madrid no tiene ningún fuero especial. La ley dice «Juzgado de Primera Instancia»: hoy es la Sección Civil del Tribunal de Instancia (LO 1/2025).

El art. 53.1 enumera los tres supuestos en que el mayor de dieciséis años sujeto a patria potestad puede pedir la emancipación judicial: que quien ejerce la patria potestad se case o conviva maritalmente con persona distinta del otro progenitor, que los progenitores vivan separados o que una causa entorpezca gravemente su ejercicio. La ley remite todavía al art. 320 del Código Civil, que la Ley 8/2021 derogó: hoy esos supuestos están en su art. 244. Trabajar, terminar los estudios o tener un hermano emancipado no están en la lista: la ley mira cómo está la patria potestad, no la independencia del menor. La ley dice «Juez de Primera Instancia»: desde la LO 1/2025 es un juez del Tribunal de Instancia: el de la Sección de Familia, Infancia y Capacidad donde exista (art. 86.5 de la LOPJ).

La declaración de ausencia legal no la dicta el juez: el art. 71.1 encarga al letrado que, si la prueba lo justifica, dicte decreto de declaración legal de ausencia y nombre en él al representante del ausente. La diligencia es la resolución del letrado para ordenar el proceso, no para decidir el fondo, y por eso no sirve aquí. Del letrado es también el decreto que declara el fallecimiento (art. 74). La ley dice «Secretario judicial»: desde la LO 7/2015 es el letrado de la Administración de Justicia (DA 1.ª).

El nombramiento de defensor del desaparecido es del letrado, previa comparecencia en un plazo máximo de cinco días (art. 69.1). Si esperar causa perjuicio, el art. 69.2 le permite designar de inmediato al defensor que corresponda o al que proponga el solicitante y adoptar medidas urgentes sobre el patrimonio; el expediente sigue después y termina ratificando o revocando lo acordado. No decide el juez, y el fiscal no asume aquí la defensa: eso lo prevé la ley para el menor que pide la emancipación sin asistencia (art. 54.1) y para el menor o la persona con discapacidad demandados mientras se les nombra defensor judicial (art. 29). La ley dice «Secretario judicial»: desde la LO 7/2015 es el letrado de la Administración de Justicia (DA 1.ª).

El art. 74.1 distingue los dos supuestos de siniestro del art. 194 del Código Civil: en el del apartado 2.º, el fiscal insta la declaración inmediatamente después del siniestro; en el del apartado 3.º, a los ocho días si no se han identificado los restos. Por eso «inmediatamente» es el distractor tentador: es la regla del otro apartado. Las pruebas se aportan o practican en un plazo máximo de cinco días y el letrado resuelve el mismo día, fijando como fecha de la muerte la del siniestro.

En este expediente, el art. 60.2 manda citar al Ministerio Fiscal y al representante legal, y al menor solo «si el Juez lo creyera necesario». El umbral de los doce años es el distractor tentador porque la ley lo usa en otros expedientes de este mismo título, pero aquí no aparece. El fiscal sí puede pedir que se cite a otros interesados, pero la citación del menor la decide el juez. La ley dice «Secretario judicial»: desde la LO 7/2015 es el letrado de la Administración de Justicia (DA 1.ª).

El art. 80 quater.2 no deja la inadmisión en manos del letrado: si advierte falta de competencia o de alguna de las condiciones del art. 80 bis.2, da cuenta al juez, que, oídos el Ministerio Fiscal y el solicitante, decide por auto sobre la admisibilidad del expediente. Solo cumplidos los requisitos de admisibilidad admite el letrado la solicitud y convoca la comparecencia (art. 80 quater.3). El sobreseimiento con reserva de acciones es la consecuencia de la oposición justificada (art. 80 quater.6), no de este trámite.

El art. 57.2 es tajante: para los expedientes de protección del patrimonio de las personas con discapacidad «únicamente» está legitimado el Ministerio Fiscal, que actúa de oficio o a solicitud de cualquier persona. Los parientes, la propia persona o quien quiera aportar bienes no pueden iniciarlo por sí mismos: lo que pueden hacer es pedírselo al fiscal. Que los interesados no necesiten abogado ni procurador (art. 57.3) se refiere a cómo intervienen, no a quién lo promueve.

El art. 80 ter.2 legitima a quienes sean titulares de derechos o intereses legítimos en relación con los hechos y, además, al Ministerio Fiscal, que actúa de oficio o a solicitud de cualquier persona y es siempre parte (art. 80 ter.4). La exclusividad del fiscal es el distractor tentador porque es la regla del patrimonio protegido de las personas con discapacidad (art. 57.2), no la de este expediente. Dejar fuera al fiscal es el error contrario, y haber presenciado los hechos no se exige.

El art. 59.1 limita este expediente a un caso: que el Ministerio Fiscal se haya opuesto al consentimiento otorgado por el representante legal del menor o de la persona con discapacidad con medidas de apoyo. Es la oposición del fiscal la que lleva el asunto al juez; ni la edad del menor, ni el fin comercial, ni su propia negativa abren por sí solos este expediente. Lo promueve el representante legal, sin abogado ni procurador (art. 59.3).

El art. 60.5 regula la vuelta atrás de forma sencilla: los representantes lo ponen en conocimiento del juez, y este dicta resolución dejando sin efecto el consentimiento. No hace falta otro expediente ni la intervención del fiscal. La apelación es el distractor tentador porque el art. 60.4 la prevé contra la resolución, pero sirve para discutir la autorización, no para retirar un consentimiento que ya no se quiere dar.

El art. 68.2 legitima, además del Ministerio Fiscal, al cónyuge no separado legalmente, a quien está unido por análoga relación de afectividad, a los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado —el primo hermano lo es, en cuarto grado colateral, tenga trato o no— y a quien pueda tener sobre los bienes del desaparecido un derecho ejercitable en vida de él o dependiente de su muerte. La cuñada es pariente por afinidad, que no legitima: la afinidad solo aparece en el art. 68.3, para los datos de los parientes que debe recoger la solicitud.

El art. 75.2 manda notificarle en persona la declaración de ausencia o de fallecimiento y requerirle para que aporte las pruebas de su identidad en veinte días. Pasado ese plazo, las presente o no, el letrado convoca la comparecencia y resuelve en los tres días siguientes: de ahí sale el distractor de los tres días, que es el plazo para resolver, no para aportar pruebas.

El art. 55.1 enumera a los convocados —el menor, sus progenitores o su tutor, el Ministerio Fiscal y los demás interesados— y añade que «serán oídos por este orden»: el primero es el propio menor, que es quien pide. El fiscal no abre ni cierra el turno; habla después de la familia y antes de los demás interesados. Luego se practican las pruebas propuestas y acordadas.

El art. 64.1, en la redacción de la Ley 8/2021, manda citar a la persona con discapacidad y al menor que tenga suficiente madurez y, «en todo caso», al mayor de doce años: por encima de esa edad la citación no depende de nadie. Dejarlo al criterio del juez es lo que hace el art. 60.2 en el expediente sobre el honor, la intimidad y la propia imagen, no en este. Los catorce y los dieciséis años no son el umbral de este artículo.

El art. 58.5 manda comunicar al Registro Civil la constitución del patrimonio protegido cuando el administrador designado no es el propio beneficiario, junto con las demás circunstancias del patrimonio y los cambios de administrador. Los inmuebles son el distractor tentador, pero llevan a otro registro: el mismo artículo manda entregar testimonio a la parte para inscribirlo en los registros de esos bienes. Ni las medidas de apoyo ni una petición del fiscal son la condición que fija la ley.

El art. 79.3 exige que el donante otorgue su consentimiento expreso ante el juez durante la comparecencia, después de oír las explicaciones del médico que hará la extracción y de los demás asistentes; el juez puede pedirles más explicaciones. El certificado médico que acompaña a la solicitud es sobre la salud del donante, no su consentimiento, y el consentimiento no se presta por escrito en la solicitud ni ante el letrado de la Administración de Justicia: la ley quiere que sea el juez quien compruebe que es libre, consciente y desinteresado (art. 80.1).