Los expedientes en materia de familia

El art. 81.2 no deja elegir: «Deberá promover este expediente el contrayente en quien concurra el impedimento». La opción de «cualquiera de los contrayentes» tienta porque sí aparece en el art. 81.1, pero para otra cosa: fija la competencia en el domicilio o residencia de cualquiera de ellos. El Ministerio Fiscal no promueve el expediente, y el art. 83.1 solo manda citarle expresamente a la comparecencia cuando la dispensa es la del impedimento de muerte dolosa.

Cada supuesto del art. 90.1 tiene su propio motivo. Para las cargas del matrimonio, la letra b) exige que uno de los cónyuges incumpla tal deber. El desacuerdo es el motivo de la letra a), sobre el domicilio y la vivienda habitual; el abandono de la familia y la separación de hecho son los de la letra d), para conferir la administración de los bienes comunes.

El art. 81.1 limita este expediente a dos impedimentos del art. 48 del Código Civil: el de muerte dolosa del cónyuge o pareja anterior y el de parentesco «del grado tercero entre colaterales» (tíos y sobrinos). El de grado segundo (hermanos) y el de línea recta no se dispensan, y el cuarto grado colateral (primos) ni siquiera es impedimento: por eso la ley no lo nombra.

La regla general del art. 86.2 lleva el desacuerdo al juzgado del domicilio o, en su defecto, de la residencia del hijo, que aquí sería León. Pero el mismo apartado la desplaza cuando el ejercicio conjunto de la patria potestad lo estableció una resolución judicial: entonces conoce el juzgado que la dictó, el de Burgos. La ley dice «Juzgado de Primera Instancia»: desde la LO 1/2025 es el Tribunal de Instancia, y en él la Sección de Familia, Infancia y Capacidad donde exista (art. 86.5 de la LOPJ).

En los expedientes del art. 90 la regla es que no hacen falta abogado ni procurador, salvo que la intervención judicial sea para un acto de carácter patrimonial de valor superior a 6.000 euros: entonces son necesarios los dos (art. 90.3), y aquí el acto vale 20.000. No hay que confundirlo con la autorización para disponer de bienes de menores o de personas con discapacidad, donde superar esa cifra no impide presentar la solicitud inicial sin ellos y es el juez quien puede ordenar que se actúe con abogado (art. 62.3). Valerse de ellos sin estar obligado lo permite el art. 3.2 en los expedientes en que no son preceptivos, que no es el caso.

El art. 89 conecta los dos procedimientos: el juez del expediente remite testimonio de la resolución definitiva al que conoció del nombramiento del tutor (o del curador, si se trata de una persona con discapacidad) cuando es uno distinto. No encarga ese envío al tutor ni al fiscal, ni la ley lo sustituye por una notificación a la Entidad Pública.

El art. 87.3 da una lista común: las medidas se adoptan de oficio o a instancia del propio menor o persona con discapacidad, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal. Solo cuando se piden respecto de una persona con discapacidad añade a «cualquier interesado». El pariente, el fiscal y el propio afectado pueden pedirlas en los dos casos.

El art. 85.2 permite al juez acordar diligencias, de oficio o a instancia del solicitante, de los demás interesados o del Ministerio Fiscal, para practicarlas durante la comparecencia. Si se practican después, se da traslado del acta a los interesados para que aleguen en el plazo de cinco días: así no se resuelve con algo que no han podido contradecir.