La filiación no matrimonial, la mención registral del sexo y el defensor judicial

El art. 31.1 le impone comunicar al órgano judicial la desaparición de la causa, y el 31.2, lo mismo cuando un progenitor o representante se presta a comparecer por el afectado o termina el procedimiento que motivó la habilitación. No espera a que actúe el fiscal, y la remoción es otra cosa: se aplica al defensor por las reglas de los tutores, y la tramita y decide el letrado de la Administración de Justicia (art. 32), igual que su rendición de cuentas.

El juez resuelve atendiendo al interés superior del menor y previa comprobación de su voluntad estable de modificar la inscripción y de su madurez suficiente para comprender las consecuencias de su decisión (art. 26 quinquies.1). El mismo apartado prohíbe condicionar la concesión a un informe médico o psicológico o a modificar antes la apariencia o la función corporal. Y el acuerdo de los progenitores no es requisito: si discrepan, se nombra un defensor judicial (art. 26 ter.2).

El art. 26.1 manda al juez atender al discernimiento del progenitor, a la veracidad o autenticidad de su acto, a la verosimilitud de la relación de procreación «sin necesidad de una prueba plena de la misma» y al interés del reconocido menor o con medidas de apoyo. Exigir prueba plena o una prueba biológica confunde este expediente con el juicio de filiación; y el discernimiento es solo uno de los cuatro criterios, no el único.

El art. 23.3 c) exige aprobación judicial cuando el padre reconoce dentro del plazo para practicar la inscripción del nacimiento y esa inscripción se suspende a petición de la madre. La falta de consentimiento del representante legal solo obliga a pedirla si el reconocimiento no se hizo en testamento ni dentro de ese plazo (letra b): por eso el reconocimiento en testamento y el hecho en plazo, sin más, no la necesitan. Y el de un padre mayor de edad con el consentimiento expreso de la madre no está en ninguno de los supuestos.

Quien es hermano o consanguíneo en línea recta del progenitor cuya filiación ya está determinada necesita autorización judicial para otorgar el reconocimiento (art. 23.2): el control va antes del acto, no después. La aprobación judicial para la eficacia es la del art. 23.3, para reconocimientos ya otorgados por quien no puede casarse por edad, sin el consentimiento del representante legal o por el padre cuya inscripción suspendió la madre. Ni el plazo de inscripción ni el consentimiento de la madre dispensan de la autorización en este caso: el juez solo la concede si conviene a la menor (art. 26.2).

El art. 24.1 atribuye el expediente al órgano del domicilio del reconocido o, en su defecto, de su residencia en España; si el reconocido no reside en España, al del domicilio o residencia del progenitor autor del reconocimiento: aquí, el padre domiciliado en Bilbao. La ley no acude a Madrid como fuero subsidiario, ni al lugar de inscripción del nacimiento, ni al domicilio del otro progenitor. La ley dice «Juzgado de Primera Instancia»: hoy es la sección civil del tribunal de instancia (LO 1/2025).

Desde que se solicita la habilitación y hasta que el defensor judicial acepta el cargo o se archiva el expediente por resolución firme, queda suspendido el transcurso de esos plazos (art. 29): suspensión, no interrupción, así que al reanudarse sigue contando lo que quedaba, no el plazo entero. La ley no deja correr el plazo ni añade una prórroga fija.

El art. 26.2 da al reconocido una salida propia en el reconocimiento por un hermano o pariente consanguíneo en línea recta del otro progenitor: el juez invalida la determinación de la filiación si se presenta un documento público con la manifestación del reconocido, hecha una vez alcanzada la plena capacidad. Basta esa manifestación, sin probar nada sobre la procreación (el art. 125 del Código Civil habla de una declaración auténtica del hijo ya mayor de edad). No hace falta pleito, y tampoco es cierto que una filiación ya determinada quede cerrada para siempre.