Los expedientes de Derecho mercantil

El art. 122.2 dice que los administradores que no hayan promovido el expediente serán citados a la comparecencia y recibirán traslado del escrito de solicitud. Las dos cosas, y sin que nadie tenga que pedirlo: no se les informa solo al final ni se les oye solo por escrito. El nombramiento de auditor del art. 265 de la Ley de Sociedades de Capital no va por aquí: se pide al registrador mercantil.

El art. 119.2 distingue las dos juntas. Si es ordinaria, la solicitud se fundamenta en que no se ha reunido dentro de los plazos legalmente establecidos. Expresar los motivos y el orden del día que se pide es lo que se exige cuando la junta solicitada es extraordinaria: es el distractor tentador, porque es la otra mitad del mismo apartado.

El art. 120 extiende el expediente de nombramiento de liquidador, auditor o interventor a su revocación o cese cuando tenga que acordarlos el letrado de la Administración de Justicia (la ley dice «Secretario judicial», nombre que cambió la LO 7/2015): «se seguirá el mismo expediente», con su solicitud y su comparecencia. No se acude al expediente general de las normas comunes, que es el cauce de la reducción del capital o la amortización de participaciones (art. 124), ni a un juicio verbal, que es un proceso contencioso. Y pedir el cese no es recurrir el nombramiento, que pudo ser correcto: se abre otro expediente.

El art. 131.2 permite que el decreto que convoca la asamblea general de obligacionistas designe a un nuevo comisario en sustitución del que no cumplió su obligación de convocarla. Las multas coercitivas son del expediente de exhibición de libros contables (art. 116), no de este, y la responsabilidad del comisario no se declara en un expediente de jurisdicción voluntaria.

El art. 124.1 no da a este expediente una tramitación propia: la reducción del capital y la amortización o enajenación de participaciones o acciones siguen el expediente general de la Ley 15/2015, el de sus normas comunes. No toma prestada la de otro capítulo mercantil, y no es un proceso contencioso, así que el juicio verbal no tiene cabida.

El art. 128.2 manda que la resolución que declara disuelta la sociedad designe a las personas que vayan a ser liquidadores, y que se remita testimonio al Registro Mercantil para su inscripción. No se deja el nombramiento a una junta posterior. El inventario y el balance son trabajo de los liquidadores ya nombrados, no de la resolución.

El art. 137.3 dice que en el expediente para nombrar un tercer perito en el contrato de seguro no es preceptiva la intervención de abogado y procurador. Es la excepción del título VIII: la exhibición de libros (art. 113.2), la convocatoria de junta general (art. 118.3) y la disolución judicial (art. 126.3), igual que los demás expedientes mercantiles, la exigen expresamente. La convocatoria de junta parece un trámite menor, pero también pide abogado y procurador.

El art. 131.1 dice que el letrado de la Administración de Justicia (la ley dice «Secretario judicial», nombre que cambió la LO 7/2015) señala la comparecencia y cita al comisario designado en la escritura de emisión y a los promotores de la asamblea. Es el comisario quien tendría que haberla convocado, y los promotores son quienes la piden. No se cita a los administradores de la emisora, como en los expedientes societarios, ni se llama por edictos a todos los obligacionistas: a ellos se dirige la asamblea que se convoque.

El art. 115.2 dice que la exhibición se hace ante el letrado de la Administración de Justicia (la ley dice «Secretario judicial», nombre que cambió la LO 7/2015), en el domicilio o establecimiento de quien está obligado a llevar los libros, o mediante su aportación en soporte informático si así se acordó. Que los libros vayan al juzgado es la excepción del art. 114.2: el juez puede reclamarlos solo de manera motivada, con carácter excepcional y especificando los asientos que hay que examinar. Por eso la sede del órgano judicial no es la regla.

El art. 126.2 legitima para instar la disolución judicial a los administradores, a los socios y a cualquier interesado, como este acreedor. Cuando no la piden los administradores, el art. 127.1 exige acreditar que se ha notificado a la sociedad la solicitud. No se necesita su conformidad: si no la promovieron, el letrado de la Administración de Justicia les da traslado y los cita a la comparecencia (art. 127.2).

El art. 134.3 da al denunciante un plazo máximo de nueve días, contados desde que formalizó la denuncia ante la Sociedad Rectora, para pedir que se inicie el expediente. Si no se notifica a la Sociedad Rectora que el expediente se ha incoado, esta levanta la interdicción de los valores (art. 134.4): la denuncia solo bloquea los títulos un tiempo.

El art. 119.5 manda celebrar la junta en el lugar fijado en los estatutos y, si no lo fijan, dentro del término municipal donde radique el domicilio de la sociedad. La junta no se celebra en la sede del órgano judicial, aunque la convoque el letrado de la Administración de Justicia, ni los solicitantes eligen el lugar: la ley lo ata al domicilio social.

El art. 135.9 protege al adquirente de buena fe: si el tenedor actual que se opone adquirió el título de buena fe conforme a su ley de circulación, no procede en ningún caso anularlo. A quien era tenedor legítimo cuando perdió la posesión le quedan las acciones civiles o penales contra quien lo adquirió de mala fe. El tiempo que lleve el tenedor con el título no decide nada, y denunciar ante la Sociedad Rectora solo es posible con valores admitidos a negociación (art. 134.1).

El art. 119.5 cierra la puerta: contra el decreto que acuerda convocar la junta general no cabe recurso alguno (el art. 131.2 dice lo mismo de la asamblea de obligacionistas). Las demás resoluciones definitivas siguen la regla general del art. 20.2: si la dicta el juez, cabe apelación; si la dicta el letrado de la Administración de Justicia, revisión ante el juez. Disolver una sociedad o nombrar a su liquidador puede parecer más grave, pero precisamente por eso se puede recurrir.

El art. 133.1 fija la competencia según la clase de título: el lugar de pago si es un título de crédito, el de depósito si es un título de depósito y el domicilio de la entidad emisora si son valores mobiliarios. El domicilio del emisor es el distractor tentador, pero vale solo para los valores mobiliarios. El órgano es hoy la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia, que sustituyó al «Juzgado de lo Mercantil» que nombra la ley (LO 1/2025).

El art. 116.2 da la multa coercitiva al letrado de la Administración de Justicia (la ley dice «Secretario judicial», nombre que cambió la LO 7/2015): si el incumplimiento persiste tras el requerimiento, y después de oír al requerido, puede imponer mediante decreto, respetando la proporcionalidad, multas de hasta 300 euros al día que se ingresan en el Tesoro Público. Que el juez haya decidido la exhibición no le hace competente para la multa, y una diligencia de ordenación no sirve para imponer una sanción.

El art. 123.1 dice que el letrado de la Administración de Justicia (la ley dice «Secretario judicial», nombre que cambió la LO 7/2015) resuelve el expediente por medio de decreto, que dicta en cinco días desde la comparecencia. Lo decide él solo: el juez no lo aprueba ni le hace propuesta, aunque contra el decreto quepa revisión ante el juez (art. 20.2). Lo mismo vale para el auditor y el interventor (art. 120). Es el contraste con la disolución judicial, que resuelve el juez por auto.

El art. 138.4 dice que, aceptado el cargo, el perito recibe su nombramiento y debe emitir el dictamen en el plazo de treinta días. El dictamen se incorpora al expediente y con eso termina. Antes, en la comparecencia, el letrado de la Administración de Justicia invita a los interesados a ponerse de acuerdo en el perito, y solo lo nombra él si no hay acuerdo (art. 138.2). La Ley de Contrato de Seguro (art. 38) deja a las partes señalar otro plazo y aplica los treinta días en su defecto.