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El objeto de la ley y quién está obligado a la transparencia

15 preguntas · en 2 colecciones

El título preliminar y el capítulo I del título I de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: su objeto, a qué Administraciones, entidades y órganos constitucionales se aplica, los otros sujetos obligados —los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las entidades privadas que reciben ayudas públicas— y la obligación de suministrar información de quienes prestan servicios públicos, con lo que sus disposiciones dicen de las corporaciones de Derecho Público y de las Cortes Generales, qué parte de la ley es básica y cuándo entró en vigor cada una.

Colecciones que lo incluyen

Así son sus preguntas

Resueltas, y cada una con la cita literal que la justifica, para que compruebes la respuesta por tu cuenta. Ésta es una pequeña muestra de las 15 preguntas que contiene en total.

Según la Ley 19/2013, ¿cuál de estos sujetos tiene la consideración de Administración Pública a efectos de su título I?

  • Una Universidad pública
  • Una corporación de Derecho Público
  • Una fundación del sector público
  • Una sociedad mercantil estatal

A efectos del título I, son Administraciones Públicas solo los organismos y entidades de las cuatro primeras letras de la lista de sujetos obligados, y la cuarta incluye expresamente a las Universidades públicas. Las corporaciones de Derecho Público, las fundaciones del sector público y las sociedades mercantiles están obligadas por el título, pero en letras posteriores: son sujetos obligados, no Administraciones Públicas.

d) Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las Universidades públicas. e) Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. f) La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. g) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100. h) Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones. i) Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades previstos en este artículo. Se incluyen los órganos de cooperación previstos en el artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la medida en que, por su peculiar naturaleza y por carecer de una estructura administrativa propia, le resulten aplicables las disposiciones de este título. En estos casos, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley serán llevadas a cabo por la Administración que ostente la Secretaría del órgano de cooperación. 2. A los efectos de lo previsto en este título, se entiende por Administraciones Públicas los organismos y entidades incluidos en las letras a) a d) del apartado anterior.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre

Según la Ley 19/2013, ¿qué prevé para que las corporaciones de Derecho Público cumplan las obligaciones de su título I?
  • Que puedan encomendar su cumplimiento al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
  • Que las cumpla por ellas la Administración que ejerce su tutela
  • Que puedan celebrar convenios de colaboración con la Administración correspondiente
  • Que puedan aplazar su cumplimiento hasta adaptar sus estatutos

La ley no las exime ni pasa sus obligaciones a otro: les da un instrumento, el convenio de colaboración con la Administración Pública correspondiente o, en su caso, con el organismo que ejerza la representación en su ámbito de actividad. Es una posibilidad («podrán»), no un deber.

las corporaciones de Derecho Público podrán celebrar convenios de colaboración con la Administración Pública correspondiente o, en su caso, con el organismo que ejerza la representación en su ámbito concreto de actividad
Ley 19/2013, de 9 de diciembre

Un organismo de la Administración General del Estado necesita, para cumplir sus obligaciones de transparencia, datos que tiene la empresa privada que le presta un servicio público. Según la Ley 19/2013, ¿qué tiene que hacer la empresa?
  • Nada, porque no forma parte del sector público
  • Publicar esos datos por su cuenta en su página web
  • Remitirlos al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
  • Dárselos al organismo cuando este se los requiera

Quien presta servicios públicos o ejerce potestades administrativas sin ser uno de los sujetos de los arts. 2 y 3 no tiene que publicar nada por su cuenta. Su deber es otro: dar a la Administración, organismo o entidad a la que está vinculado, cuando se lo requiera, toda la información que necesite para cumplir sus propias obligaciones de transparencia.

estarán obligadas a suministrar a la Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1 a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las obligaciones previstas en este título
Ley 19/2013, de 9 de diciembre

Según la Ley 19/2013, ¿a quién se dirige el plan formativo en el ámbito de la transparencia que debe aprobar el Gobierno?
  • A los funcionarios y al personal de la Administración General del Estado
  • A los ciudadanos, para que conozcan su derecho de acceso
  • A los empleados públicos de todas las Administraciones Públicas
  • A los cargos electos de las comunidades autónomas y de las entidades locales

El plan formativo mira hacia dentro: al personal de la Administración General del Estado. A los ciudadanos se dirige otra pieza de la misma disposición, una campaña informativa. La disposición es un mandato al Gobierno y no alcanza al personal de las demás Administraciones.

El Gobierno aprobará un plan formativo en el ámbito de la transparencia dirigido a los funcionarios y personal de la Administración General del Estado, acompañado, a su vez, de una campaña informativa dirigida a los ciudadanos.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre

Según la Ley 19/2013, ¿quiénes deben cumplir las obligaciones de buen gobierno que la ley establece?
  • Todos los empleados públicos
  • Los responsables públicos
  • Las entidades privadas subvencionadas
  • Quienes ejercen el derecho de acceso

El objeto de la ley tiene tres piezas: ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información sobre ella y fijar las obligaciones de buen gobierno, con las consecuencias de incumplirlas. Esas obligaciones no se dirigen a todo el personal ni a particulares: la ley las pone sobre los responsables públicos.

Esta Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre

Según la Ley 19/2013, ¿dónde se regula la aplicación concreta de la ley en el Congreso, el Senado y las Asambleas Legislativas autonómicas?
  • En sus respectivos reglamentos
  • En un real decreto del Gobierno
  • En el Estatuto del Consejo de Transparencia
  • En una ley orgánica para cada cámara

Las cámaras parlamentarias están sujetas a la ley, pero cómo se aplica en cada una lo regulan ellas mismas, en sus propios reglamentos. No lo concreta el Gobierno, ni el Consejo de Transparencia, ni una ley distinta para cada cámara.

El Congreso de los Diputados, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas regularán en sus respectivos reglamentos la aplicación concreta de las disposiciones de esta Ley.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre

Según la Ley 19/2013, ¿qué parte de la ley entró en vigor antes que las demás?
  • El título I, de transparencia de la actividad pública
  • El título II, de buen gobierno y su régimen sancionador
  • El título III, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
  • El título preliminar, del objeto de la ley

La entrada en vigor fue escalonada: el título II, de buen gobierno, al día siguiente de su publicación en el BOE; el título preliminar, el I y el III, al año. Los órganos de las comunidades autónomas y de las entidades locales tuvieron además un plazo para adaptarse.

Las disposiciones previstas en el título II entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». – El título preliminar, el título I y el título III entrarán en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Ley 19/2013, de 9 de diciembre

Según la Ley 19/2013, ¿qué entidades incluye entre los sujetos de su título I junto a las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social?
  • Los fondos de pensiones
  • Las agencias de colocación
  • Los hospitales concertados
  • Sus mutuas colaboradoras

La misma letra que nombra a las entidades gestoras y a los servicios comunes de la Seguridad Social añade a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social. Los fondos de pensiones, las agencias de colocación y los hospitales concertados no están en la lista.

Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre

La Ley 19/2013 se dicta al amparo de varios títulos competenciales del Estado, con excepciones. Según la ley, ¿cuál de estas partes queda exceptuada entera?
  • El título II, sobre el buen gobierno y sus sanciones
  • El capítulo III del título I, sobre el derecho de acceso
  • El título III, sobre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
  • El capítulo II del título I, sobre la publicidad activa

La disposición final octava apoya la ley en los arts. 149.1.1.ª, 13.ª y 18.ª de la Constitución y exceptúa una serie de preceptos sueltos y un solo título completo: el III, el del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Del capítulo de publicidad activa se exceptúan solo el segundo párrafo del 6.2, el 9, el 10.1 y 10.2 y el 11; del capítulo del derecho de acceso, el 21.2; y del título II, el 25.1. Ninguno de los tres queda exceptuado entero.

Se exceptúa lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 6, el artículo 9, los apartados 1 y 2 del artículo 10, el artículo 11, el apartado 2 del artículo 21, el apartado 1 del artículo 25, el título III y la disposición adicional segunda.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre

Según la Ley 19/2013, ¿con qué alcance se aplican las disposiciones de su título I al Consejo de Estado?
  • En relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo
  • En todas sus actividades, como a la Administración General del Estado
  • Solo en lo que se refiera a la gestión de sus fondos públicos
  • En ninguna, por ser el supremo órgano consultivo del Gobierno

El Consejo de Estado está en la lista de instituciones que la ley incluye junto a la Casa del Rey, las Cámaras, el Tribunal Constitucional, el Banco de España y otras, pero no en todo lo que hacen: en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. Ni quedan fuera de la ley ni se les aplica como a una Administración, y la medida no es la del dinero que manejan.

La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre