El buen gobierno: principios, infracciones y sanciones

• A los tres años, a los dos años y a los seis meses
• A los tres años, a los dos años y al año
• A los cinco años, a los tres años y al año
• A los cinco años, a los tres años y a los seis meses

La Ley 19/2013 fija sus propios plazos, y son más largos que los de la escala general de la Ley 40/2015, que solo rige cuando la ley que tipifica no los fija: cinco años las muy graves, tres las graves y uno las leves. Las sanciones impuestas siguen la misma escala, así que aquí infracciones y sanciones prescriben a la vez según su grado.

• Al Consejo de Ministros, oída la comunidad autónoma
• A la Oficina de Conflictos de Intereses
• Al órgano autonómico de garantía de la transparencia
• A los órganos de su propio régimen disciplinario

La ley tipifica las infracciones para todos los altos cargos, pero no hace que el Estado sancione a los de otras Administraciones. Contra un alto cargo autonómico, la sanción la imponen los órganos que tengan esas funciones en el régimen disciplinario propio de su Administración o, en su caso, el Consejo de Gobierno de la comunidad. Ningún órgano estatal interviene, y el órgano autonómico de transparencia no tiene esa competencia.

• La declaración del incumplimiento y su publicación en el diario oficial que corresponda
• Una multa en proporción a la retribución que percibe por el cargo
• La suspensión de funciones durante el tiempo que fije la resolución
• La destitución del cargo que ocupe en el momento de la sanción

Por una infracción grave se impone alguna de estas dos: la declaración del incumplimiento publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o en el diario oficial que corresponda, y no percibir la indemnización por cese si el cargo la tuviera. La ley no prevé multas ni suspensión de funciones, y la destitución no está entre las sanciones de las graves.

• Ninguna sancionadora: los principios solo informan la interpretación del régimen
• Es infracción leve, salvo que sea grave o muy grave o la tipifique otra norma
• Es infracción grave cuando cause un perjuicio a la Administración
• Es infracción grave cuando se reitere

Los principios no se quedan en una declaración. Es verdad que informan la interpretación y la aplicación del régimen sancionador, pero la ley además tipifica su incumplimiento: el de los principios de actuación es infracción leve, salvo que la conducta sea ya una infracción grave o muy grave o esté tipificada en otra norma. Es la cláusula de cierre de la lista: lo que no cae en otro tipo, cae aquí.

• Hasta que el Fiscal decida si denuncia
• Durante seis meses como máximo
• Hasta que la autoridad judicial ponga fin al proceso penal
• Hasta la apertura del juicio oral

Cuando los hechos pueden ser delito, la vía penal va primero, y la espera dura lo que dure el proceso penal: la Administración se abstiene de seguir mientras la autoridad judicial no dicte una resolución que le ponga fin. No basta con que el Fiscal se pronuncie ni con que se abra el juicio oral, y la ley no fija un plazo máximo de espera.

• A todo el personal a su servicio, sea funcionario o laboral
• A los funcionarios que ocupan puestos de libre designación
• A los miembros del Gobierno, los Secretarios de Estado y los demás altos cargos
• A los altos cargos y al personal directivo profesional de los organismos

El título II no mira al personal en general, sino a quien dirige: los miembros del Gobierno, los Secretarios de Estado y el resto de los altos cargos de la Administración General del Estado y de su sector público. Quién es alto cargo no lo define esta ley: lo remite a la normativa de conflictos de intereses. Un funcionario de libre designación o un directivo profesional no entran por serlo; lo que les alcanza, en su caso, es su propio régimen disciplinario.

• El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
• La Oficina de Conflictos de Intereses
• El Presidente del Gobierno
• El Consejo de Ministros

Si el alto cargo es miembro del Gobierno o Secretario de Estado, ordena la incoación el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro competente. El art. 31 reserva esa decisión a los órganos de cada Administración: ni el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ni la Oficina de Conflictos de Intereses, ni el Presidente del Gobierno por sí solo la ordenan.

• Entre uno y tres años
• Entre dos y cinco años
• Entre tres y seis años
• Entre cinco y diez años

La infracción muy grave lleva aparejada la inhabilitación para ocupar cualquier puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez años. Dentro de esa horquilla se gradúa con los criterios de la propia ley: la naturaleza de la infracción, el perjuicio causado, las ganancias obtenidas o la reparación de los daños, entre otros.

• No la afecta en ningún caso
• La pierde si se la sanciona por una infracción muy grave
• Queda en suspenso mientras se tramita el procedimiento sancionador
• La pierde si se la destituye de la Junta de Gobierno

El título II alcanza también a los altos cargos autonómicos y locales, y nombra expresamente a los miembros de las Juntas de Gobierno de las entidades locales. Pero la ley separa las dos condiciones: lo que este título disponga sobre ellos no afecta, en ningún caso, a su condición de cargo electo, que procede de las urnas. Ninguna sanción ni ningún procedimiento del título la suspenden ni la hacen perder.