La actividad administrativa impugnable

• Tres meses y un mes
• Un mes y tres meses
• Dos meses y seis meses
• Seis meses y dos meses

El art. 29 fija dos esperas distintas: tres meses desde la reclamación cuando la Administración no cumple la prestación a la que está obligada (29.1), y un mes desde la petición cuando no ejecuta un acto suyo que ya es firme (29.2). Los dos y los seis meses son los plazos de interposición del art. 46.1, no estas esperas.

• Por el procedimiento ordinario
• Por el procedimiento abreviado
• Por el de los derechos fundamentales
• Por el de ejecución de sentencias

El art. 29.2 manda tramitar por el procedimiento abreviado del art. 78 el recurso contra la falta de ejecución de un acto firme, después de pedir a la Administración que lo ejecute. No va por el ordinario, aunque sea el procedimiento general, porque la ley manda aquí el abreviado; ni por los trámites de ejecución de sentencias, porque lo que se ejecuta es un acto administrativo y no una resolución judicial.

• No: la sentencia desestimatoria impide volver a discutir el reglamento
• Sí: desestimar el recurso directo no impide impugnar los actos de aplicación
• Solo si alega motivos de ilegalidad distintos de los ya desestimados
• Solo si el acto de aplicación se dictó después de esa sentencia

El art. 26.2 lo dice expresamente: ni la falta de impugnación directa de una disposición general ni la desestimación del recurso que se interpuso contra ella impiden impugnar sus actos de aplicación por su ilegalidad. El distractor tentador es pensar que la sentencia desestimatoria cierra la cuestión para todos; la ley no lo dice, y tampoco pone condiciones sobre los motivos que se alegan ni sobre la fecha del acto.

• Contra los que todavía admitan recurso de alzada
• Contra los que se hayan publicado en un diario oficial
• Contra los que pongan fin a la vía administrativa
• Contra los que no se hayan recurrido en plazo

El art. 25.1 abre el recurso contencioso-administrativo contra los actos, expresos o presuntos, que ponen fin a la vía administrativa: primero se agota esa vía y después se acude al juez. Por eso el acto que todavía admite recurso de alzada queda fuera, porque la vía administrativa sigue abierta. Que el acto se haya publicado no es el criterio de la ley. Y el acto que no se recurrió en plazo ya no puede recurrirse: el plazo para hacerlo ha pasado.

• Contra los anteproyectos de ley que apruebe el Gobierno
• Contra la inactividad de la Administración y la vía de hecho
• Contra los proyectos de reglamento que estén todavía en tramitación
• Contra las leyes que no requieran actos de aplicación

El art. 25.2 amplía el objeto del recurso a dos supuestos en los que no hay acto que impugnar: la inactividad de la Administración y sus actuaciones materiales que constituyen vía de hecho. Las leyes no son actividad de la Administración y su control no corresponde a este orden jurisdiccional; un anteproyecto o un proyecto de reglamento en tramitación todavía no son disposiciones ni actos que pongan fin a nada.

• Sí: sin requerimiento previo, el recurso será inadmisible
• Sí, salvo que antes haya interpuesto recurso de alzada
• No: el requerimiento a la Administración es potestativo
• Solo si la actuación procede de una entidad local

El art. 30 dice que el interesado «podrá» formular el requerimiento intimando a la Administración que cese: es una facultad, no un requisito, y si no lo formula puede deducir directamente el recurso contencioso-administrativo. En la vía de hecho no hay acto que recurrir en alzada, y la ley no distingue entre Administraciones.

• Los que confirman un acto dictado por el mismo órgano
• Los que confirman actos consentidos por no recurrirse a tiempo
• Los que confirman un acto que ya se ha ejecutado
• Los que confirman un acto contra el que cabía alzada

El art. 28 cierra el recurso a los actos confirmatorios de actos consentidos, y entiende por consentido el que no se recurrió en tiempo y forma: quien dejó pasar el plazo no puede reabrirlo recurriendo la confirmación. Que el acto confirmado lo dictara el mismo órgano, que ya se haya ejecutado o que contra él cupiera alzada no aparece en el artículo: un acto confirmatorio de otro que se recurrió a tiempo sigue siendo recurrible.

• Diez días
• Quince días
• Veinte días
• Treinta días

El art. 30 da a la Administración diez días desde la presentación del requerimiento para cesar en la vía de hecho; si no lo atiende en ese plazo, el interesado puede deducir directamente el recurso. Veinte días es el distractor tentador, pero es otro plazo: el que el art. 46.3 da para interponer el recurso cuando no hubo requerimiento, contado desde que se inició la vía de hecho.

• Sí: es un acto nuevo y abre un nuevo plazo para recurrir
• Sí, siempre que antes se haya interpuesto recurso de reposición
• Sí, pero solo en los dos meses siguientes a su notificación
• No: el recurso no es admisible contra esa clase de actos

El art. 28 declara inadmisible el recurso contra los actos que reproducen otros anteriores definitivos y firmes. Si un acto así abriera un plazo nuevo, bastaría con pedir a la Administración que repitiera su decisión para resucitar un asunto ya cerrado. Por eso no lo salva interponer antes un recurso de reposición ni recurrir dentro de los dos meses: lo que falla no es el plazo, es el objeto.