La casación, la revisión y los recursos contra las resoluciones de los letrados

• No: los hechos que fijó la instancia no se pueden completar
• Sí, si está justificado y hace falta para apreciar la infracción
• Sí, pero solo si una de las partes lo acredita con nueva prueba
• Solo devolviendo los autos para que la Sala de instancia lo integre

El art. 93.3 permite al Supremo integrar en los hechos probados de la instancia los que esta omitió, siempre que estén suficientemente justificados según las actuaciones y su toma en consideración sea necesaria para apreciar la infracción alegada, incluso la desviación de poder. No es una prueba nueva: el hecho tiene que constar ya en lo actuado. Y no hace falta devolver los autos, que es la opción tentadora: la integración la hace el propio Supremo.

• Solo las de derecho; las de hecho quedan fuera
• Las de hecho y las de derecho, como una apelación
• Solo las de hecho que la instancia declaró probadas
• Las de derecho y la valoración de la prueba practicada

El art. 87 bis.1 limita el recurso de casación a las cuestiones de derecho y excluye las de hecho: el Supremo está para fijar cómo se interpretan las normas, no para volver a juzgar lo que pasó. Por eso no es una segunda instancia, como la apelación, que es la opción tentadora, ni se ocupa de revisar los hechos probados ni de volver a valorar la prueba. La propia ley deja a salvo lo que dispone su art. 93.3.

• Siempre, igual que contra las de las Salas de este orden
• Nunca: la casación solo cabe contra sentencias de Salas
• Si su doctrina es gravemente dañosa y cabe extender sus efectos
• Si la Administración demandada pierde el pleito en la sentencia

El art. 86.1 abre la casación contra las sentencias de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia y, contra las que los órganos unipersonales dictan en única instancia, solo con dos condiciones juntas: que contengan doctrina que se repute gravemente dañosa para los intereses generales y que sean susceptibles de extensión de efectos. Por eso no vale ni el «siempre» ni el «nunca», que son los dos extremos tentadores. Quién gane el pleito no cuenta. La LJCA todavía dice «Juzgados de lo Contencioso-administrativo»; desde la LO 1/2025 (DA 1.ª) esas referencias se entienden hechas a las Secciones de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales de Instancia.

• La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo
• Una Sección de cinco miembros con sede en el propio Tribunal Superior
• El Pleno de la Sala que ha dictado la sentencia que se recurre
• La Sala de Gobierno del propio Tribunal Superior de Justicia

Cuando el recurso se funda en normas emanadas de la comunidad autónoma, el art. 86.3 no lo lleva al Supremo: es competente una Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo con sede en el Tribunal Superior de Justicia, presidida por el presidente de la Sala, con hasta dos presidentes de las demás Salas o Secciones y los magistrados necesarios para llegar a cinco miembros. La Sala de Gobierno tienta porque sale en el mismo apartado, pero solo fija cada año el turno con el que se cubren esos puestos. Tampoco es el Pleno de la Sala que dictó la sentencia: la Sección tiene una composición propia.

• Lo tiene por no preparado y deniega el emplazamiento de las partes
• Lo eleva igualmente al Tribunal Supremo, que decidirá si lo admite
• Concede a la parte recurrente diez días para que subsane los defectos
• Declara firme la sentencia y archiva las actuaciones sin más trámite

El art. 89.4 deja el primer filtro a la Sala de instancia: si el escrito, aun presentado en plazo, no cumple los requisitos del art. 89.2, lo tiene por no preparado mediante auto motivado, deniega el emplazamiento de las partes y no remite las actuaciones al Supremo. Elevarlo de todos modos es la idea tentadora, porque la admisión la decide el Supremo, pero un escrito defectuoso no llega hasta él. La ley no abre aquí un plazo para subsanar, y la declaración de firmeza es la consecuencia de no presentar el escrito en plazo, que no es este caso.

• La Sección dicta sentencia que inadmite el recurso y le impone las costas
• El letrado le concede un nuevo plazo de diez días para que lo presente
• El letrado declara desierto el recurso y devuelve las actuaciones
• La Sección resuelve el recurso con lo que se alegó en la preparación

El art. 92.2 resuelve el plazo vencido sin escrito de interposición con una declaración del letrado de la Administración de Justicia: el recurso queda desierto y las actuaciones vuelven a la Sala de la que procedían. La sentencia de inadmisión con costas es la tentación, pero es la salida del art. 92.4 para el escrito que sí se presentó y no cumple lo que la ley exige. No hay un plazo adicional, y la Sección no puede resolver sin escrito de interposición.

• No: una sentencia firme no se revisa por una condena internacional
• Sí, en todo caso, aunque perjudique derechos de terceros de buena fe
• Sí, si la violación tiene efectos que persisten y solo cesan así
• Solo si el Tribunal Constitucional ha otorgado antes el amparo

El art. 102.2 abre la revisión contra una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que se dictó violando un derecho del Convenio o de sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que con la revisión. Por eso no cabe «en todo caso», y además la revisión no puede perjudicar los derechos adquiridos de buena fe por terceros. No hace falta un amparo previo del Tribunal Constitucional.

• Recurso de apelación ante la Sala del tribunal superior
• Ninguno, porque es una resolución de mero trámite
• Recurso de reposición ante el mismo letrado que la dictó
• Recurso de queja ante el juez o tribunal del proceso

El art. 102 bis.1 da recurso de reposición contra las diligencias de ordenación y los decretos no definitivos, y ante el mismo letrado que dictó la resolución, salvo los casos en que la ley prevé recurso directo de revisión. Que sea una resolución de ordenación no la deja sin recurso, que es la idea tentadora. La apelación es para sentencias y autos, y la queja, contra la inadmisión de otros recursos. La ley todavía dice «Secretario judicial»; desde el 1 de octubre de 2015 esa referencia se entiende hecha al letrado de la Administración de Justicia.

• Acumularlos todos y resolverlos en una única sentencia
• Inadmitirlos todos salvo el primero que se presentó
• Remitirlos al Pleno de la Sala para que fije doctrina
• Admitir uno o varios y suspender la admisión de los demás

El art. 94.1 permite a la Sección de admisión escoger uno o varios de esos recursos, si cumplen las exigencias del escrito de preparación y presentan interés casacional objetivo, admitirlos para tramitarlos y resolverlos con preferencia, y suspender el trámite de admisión de los demás hasta que haya sentencia. Después, cada recurrente suspendido puede seguir o desistir a la vista de lo resuelto. Acumularlos es la idea tentadora, pero la ley no los junta en un proceso: los deja esperando. Tampoco los inadmite de entrada ni los manda al Pleno.