Los incidentes, las costas y las disposiciones adicionales y finales

• La tercera parte
• La mitad
• Las dos terceras partes
• Las tres cuartas partes

El art. 139.4 pone un techo a la condena en costas de la primera o única instancia: la parte condenada no paga una cantidad total que exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso, por cada uno de los favorecidos por la condena. Para aplicar ese tope, las pretensiones de cuantía indeterminada se valoran en 18.000 euros, salvo que el tribunal, por la complejidad del asunto, disponga razonadamente otra cosa. Las fracciones mayores tientan porque parecen más cercanas a resarcir a quien ganó, pero la ley prefiere limitar lo que arriesga quien litiga.

• Con quienes conservan la condición de funcionarios
• Con todo su personal, por tratarse de una sociedad estatal
• Con el personal directivo que nombra el Gobierno
• Con el personal laboral contratado tras su creación

La disposición adicional séptima lleva a este orden las cuestiones entre Correos y los empleados que conservan la condición de funcionarios y le prestan servicios, en los mismos términos en que conoce de las que enfrentan a los organismos públicos con su personal funcionario. Es la condición funcionarial lo que decide, no que la empresa sea estatal: por eso no alcanza a toda la plantilla, ni al personal laboral, ni se mide por el cargo directivo.

• Se suspende mientras la parte puede subsanarlo
• Sigue corriendo, y la sentencia se pronuncia sobre el defecto
• Vuelve a empezar entero una vez subsanado el defecto
• Se amplía en diez días para valorar lo subsanado

Cuando el defecto lo aprecia de oficio el órgano judicial, el art. 138.2 encarga al letrado de la Administración de Justicia reseñarlo por diligencia de ordenación y dar el plazo para subsanarlo (la ley aún dice «Secretario judicial»; desde el 1 de octubre de 2015 la referencia se entiende hecha al letrado). Y, si hace falta, suspende el plazo fijado para dictar sentencia: el fallo espera a que la parte pueda corregir el defecto. No se reinicia entero ni se alarga una cifra fija, y dejarlo correr para resolver sobre el defecto es justo lo que la suspensión evita.

• Por medio de un nuevo recurso contencioso-administrativo
• Con multas coercitivas reiteradas hasta que las pague
• A través del Ministerio Fiscal, que insta su cobro
• Por el procedimiento administrativo de apremio

El art. 139.5 resuelve el cobro con una herramienta propia de la Administración: para exigir las costas impuestas a particulares, en defecto de pago voluntario, utiliza el procedimiento de apremio, el mismo con el que cobra sus créditos de derecho público. No necesita un nuevo pleito. Las multas coercitivas tientan porque la ley las regula en la ejecución, pero allí sirven para que la autoridad que incumple cumpla, no para cobrar costas a un particular. El Ministerio Fiscal no interviene en este cobro.

• Siempre que la parte contraria lo haya alegado a tiempo en su escrito
• Solo si afecta a la competencia del órgano o a la jurisdicción
• Únicamente si no tiene arreglo o no se corrige bien a tiempo
• Cuando el defecto lo aprecie de oficio el órgano judicial

El art. 138.3 hace del defecto un motivo de decisión solo como último recurso: cuando es insubsanable, o cuando siendo subsanable no se subsana debidamente en plazo. Que la otra parte lo haya alegado no basta, porque antes hay que dar ocasión de corregirlo. Que lo aprecie de oficio el órgano judicial tampoco basta: el art. 138.2 manda entonces dar plazo para subsanar. La competencia y la jurisdicción no son la medida de esta regla, que mira a los requisitos de los actos de las partes.

• Nunca se le imponen, sea cual sea el resultado
• Se le imponen, como a cualquier parte vencida
• Se le imponen solo si sostuvo su posición con temeridad
• Las paga el Estado, que responde por el Fiscal

El art. 139.6 cierra la regulación de las costas con una exención sin condiciones: «en ningún caso» se imponen al Ministerio Fiscal, que actúa en defensa de la legalidad y no de un interés propio. Por eso no le alcanza el criterio del vencimiento del art. 139.1, que es lo que tienta, ni tampoco la excepción por mala fe o temeridad. Y la ley no traslada su condena a otro: sencillamente no la hay.

• Al apelante, solo si la Sala razona que hubo mala fe o temeridad
• Al apelante en todo caso, sin que pueda eximirle de ellas
• Al apelante, salvo que el apelado no se haya opuesto
• Al apelante, salvo que razone circunstancias para no imponerlas

En los recursos, el art. 139.2 impone las costas al recurrente cuando el recurso se desestima totalmente, salvo que el órgano judicial, razonándolo debidamente, aprecie circunstancias que justifiquen no imponerlas. Es la regla del vencimiento con una válvula abierta, distinta de la de primera instancia. La que exige mala fe o temeridad tienta porque esas palabras están en el mismo artículo, pero para otro supuesto; y la imposición no es automática, porque la Sala puede eximir razonándolo. Que el apelado no se oponga no está en la regla.

• Hacen fe solo mientras la sentencia no se recurra
• Solo informan, sin fuerza de prueba en juicio
• Hacen fe en procesos de cualquier clase y orden
• Valen solo si las adveran las Salas que las dictaron

La disposición adicional tercera obliga a las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo a remitir al Consejo General del Poder Judicial testimonio de sus sentencias en los diez días siguientes a su firma. Con ellas se forma un Registro cuyas certificaciones harán fe en todo tipo de procesos, no solo en los de este orden. La ley no las rebaja a un dato informativo ni las condiciona a que la sentencia no se recurra o a que la Sala que la dictó las confirme.

• La Administración demandada, por haber perdido en parte
• Cada parte, en proporción a lo que se le haya estimado
• Cada una las suyas, y las comunes se pagan por mitad
• La parte que haya visto rechazadas más pretensiones

Para la estimación o la desestimación parcial, el art. 139.1, párrafo segundo, no busca un vencedor: cada parte abona las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. Solo cambia si el órgano judicial, razonándolo, se las impone a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad. El reparto proporcional es el distractor tentador porque parece más justo, pero la ley no mide cuánto ganó cada uno; tampoco carga las costas a quien perdió más pretensiones ni a la Administración por haber perdido en algo.