El procedimiento ordinario: de la demanda a las conclusiones

• El letrado de la Administración de Justicia
• El juez o tribunal que conoce del recurso
• El magistrado ponente designado en la Sala
• El presidente de la Sala, por sí solo

Tras la vista o las conclusiones, el art. 64.4 atribuye la declaración de concluso al juez o tribunal. El letrado de la Administración de Justicia tienta porque él sí declara concluso el pleito cuando se tramita sin prueba, vista ni conclusiones (art. 57), pero, celebrada la vista o presentadas las conclusiones, la declaración es del órgano judicial. El ponente y el presidente son miembros de una Sala, y la ley habla del órgano entero.

• No acuerda la vista, y el pleito queda concluso para sentencia
• Acuerda la vista, porque basta con que la pida una de las partes
• Acuerda conclusiones escritas, como solución entre las dos peticiones
• Da cuenta al juez o tribunal para que decida si se celebra la vista

Cuando las partes no coinciden, al art. 62.3 no le basta con que una de ellas pida vista: el letrado (la ley todavía dice «Secretario judicial», y desde 2015 esa referencia se entiende hecha al letrado de la Administración de Justicia) solo acuerda vista o conclusiones si las pide el demandante o si, habiéndose practicado prueba, las pide cualquiera de las partes. Aquí las pide solo la demandada y no hubo prueba, así que no hay vista y el pleito sigue el camino que pidió el demandante. Si se hubiera practicado prueba, la petición de la demandada habría bastado: de ahí sale la idea de que basta con que la pida una parte. El juez solo decide por su cuenta, y excepcionalmente, cuando ninguna parte pidió nada (62.4).

• Del tiempo que le quedaba del plazo para contestar
• De un plazo nuevo y completo para contestar la demanda
• De diez días desde que se le notifica el auto que las desestima
• Del que fije el propio auto, sin sujeción a un plazo legal

El art. 59.3 manda que el auto desestimatorio disponga que se conteste la demanda «en el plazo que reste»: las alegaciones previas se formulan dentro del plazo de contestar, y desestimarlas no lo devuelve entero. Pensar en un plazo nuevo y completo es lo tentador, porque hay trámites que sí reinician un plazo, como el de completar el expediente en ciertos casos (art. 55.3), pero este no. Ese auto, además, no admite recurso.

• Desde que se practica la última de las pruebas que se admitieron
• Desde que se notifica la resolución que recibe el pleito a prueba
• Desde que se presenta el escrito de contestación a la demanda
• Desde que se notifica la diligencia de ordenación que cierra la prueba

El art. 62.2 da dos momentos para pedir vista, conclusiones o que el pleito se declare concluso: por otrosí en la demanda o la contestación, o por escrito en cinco días contados desde que se notifica la diligencia de ordenación que declara concluso el período de prueba. Cuenta la notificación de esa resolución del letrado, no el día en que se practica la última prueba, que la parte puede no conocer. La resolución que recibe a prueba abre ese período, no lo cierra.

• Cuantos procedan, los haya planteado o no ante la Administración
• Solo los que planteó ante la Administración en el procedimiento
• Solo los que adelantó en el escrito de interposición del recurso
• Los que planteó ante la Administración y los de nulidad radical

El art. 56.1 deja alegar en la demanda, y también en la contestación, «cuantos motivos procedan, hayan sido o no planteados ante la Administración»: el proceso no se limita a repetir los argumentos de la vía administrativa. Por eso falla la opción que los ciñe a lo dicho ante la Administración, que es la más tentadora, y también la que solo salva los de nulidad.

• Mediante auto
• Mediante decreto
• Mediante diligencia de ordenación
• Mediante providencia

El art. 65.2 lo hace por providencia, que da a las partes un plazo para ser oídas sobre los nuevos motivos y contra la que no cabe recurso alguno. El auto tienta porque es la resolución motivada del juez, pero la ley escoge aquí la providencia. El decreto y la diligencia de ordenación son resoluciones del letrado de la Administración de Justicia, no del juez o tribunal.

• Que se tenga a la Administración por conforme con los hechos que alega
• Que se suspenda el proceso hasta que la Administración remita el expediente
• Que se dicte sentencia sobre lo alegado en el escrito de interposición
• Que se le conceda plazo para formalizar la demanda sin esperar más

El art. 53.1 no deja el proceso parado a la espera de la Administración: el recurrente puede pedir, por sí o a iniciativa del letrado de la Administración de Justicia (la ley todavía dice «Secretario judicial», y desde 2015 esa referencia se entiende hecha al letrado de la Administración de Justicia), que se le conceda plazo para formalizar la demanda. Si el expediente llega después, se abre un trámite de alegaciones complementarias (53.2). Suspender el proceso es justo lo que la ley quiere evitar, la falta del expediente no equivale a que la Administración admita los hechos, y sin demanda no hay nada sobre lo que dictar sentencia.

• Nada: el proceso sigue en su ausencia y sin nuevas notificaciones
• Se le da traslado para que pueda designar representante o alegar por escrito
• Se la tiene por allanada a la pretensión que deduce el demandante
• Se reitera su emplazamiento con multa coercitiva a quien la preside

Es una regla propia de las entidades locales. Aunque no se hayan personado, el art. 54.4 manda darles traslado de la demanda para que designen representante en juicio o comuniquen por escrito al órgano judicial por qué estiman improcedente la pretensión del actor. Seguir adelante sin más notificaciones es la regla general del demandado emplazado que no se persona: el procedimiento continúa sin practicarle notificaciones de clase alguna (art. 50.3), y de ahí sale el distractor tentador. No personarse no equivale a allanarse, y la multa coercitiva es de otro trámite, la remisión del expediente.

• Diez días, comunes a demandantes y demandados
• Diez días, sucesivos para demandantes y demandados
• Veinte días, comunes a demandantes y demandados
• Veinte días, sucesivos para demandantes y demandados

El art. 64.2 da diez días para las conclusiones, y no comunes: son sucesivos para los demandantes y para los demandados. Dentro de cada grupo, eso sí, el plazo es simultáneo si ha comparecido más de una persona y no actúan unidas bajo una misma representación, y de ahí la confusión con un plazo común. Veinte días, comunes o sucesivos, no es el plazo de este escrito.