La ejecución de sentencias

• Ser el del domicilio de quienes ahora lo piden
• Ser también competente por el territorio para sus pretensiones
• Tener igual o mayor rango que el que conocería de su caso
• Haber resuelto el pleito en única instancia, sin apelación posible

El art. 110.1.b) exige que el juez o tribunal sentenciador fuera también competente, por razón del territorio, para conocer de las pretensiones de quienes piden la extensión. No basta la identidad de situación del art. 110.1.a): los efectos no se extienden a quien tendría que litigar ante otro órgano por razón del territorio. La ley no mira el domicilio como tal, ni el rango del tribunal, ni que la sentencia se dictara en única instancia.

• Al que resolvió la apelación y dejó firme el fallo
• Al que designe la Sala al resolver la apelación
• Al juez que dictó la sentencia confirmada
• Al del lugar donde la Administración deba cumplirla

El art. 103.1 reserva la potestad de hacer ejecutar las sentencias a los juzgados y tribunales de este orden y atribuye su ejercicio al que haya conocido del asunto en primera o única instancia. Que la Sala confirmara la sentencia en apelación no le traslada la ejecución, que es lo que más tienta: la ejecución vuelve al juez que conoció primero del pleito. Tampoco decide el lugar del cumplimiento, ni la Sala designa a nadie al resolver la apelación.

• La materia tributaria
• La responsabilidad patrimonial
• El personal de la Administración
• La unidad de mercado

El art. 110.1 limita la extensión de efectos a tres materias: la tributaria, la de personal al servicio de la Administración pública y la de unidad de mercado. La responsabilidad patrimonial no está entre ellas, aunque también en ella se reconozcan situaciones individualizadas que podrían repetirse en muchos afectados: fuera de esas materias, solo queda el cauce del art. 111 para quien tenía su recurso a la espera de que se sentenciara otro, conforme al art. 37.2.

• Un apercibimiento, notificado en persona, para que alegue
• Un informe previo del Ministerio Fiscal sobre su responsabilidad
• Un requerimiento del juez publicado en el diario oficial
• La conformidad del superior jerárquico de esa autoridad

El art. 112 exige, antes de las multas y del testimonio para exigir la responsabilidad penal, que esté acreditada la responsabilidad de quien incumple y que haya mediado un apercibimiento del Secretario judicial (hoy, el letrado de la Administración de Justicia) notificado personalmente para que formule alegaciones. Un requerimiento publicado no basta, porque no asegura que el afectado lo conozca, y la ley no pide informe del Ministerio Fiscal ni permiso del superior jerárquico.

• Desde que se notifica la sentencia de primera o única instancia
• Desde que la sentencia condenatoria adquiere firmeza
• Desde que se presentó la solicitud inicial ante la Administración
• Al vencer el plazo para cumplir voluntariamente la condena

El art. 106.2 manda añadir a la cantidad el interés legal del dinero, calculado desde la fecha de notificación de la sentencia dictada en única o primera instancia. No espera a la firmeza, que es lo que más tienta: si la sentencia se recurre y se confirma, el interés corre igualmente desde que se notificó la primera. Tampoco se cuenta desde la solicitud inicial ante la Administración ni desde que vence el plazo para cumplir.

• Un mes
• Dos meses
• Tres meses
• Seis meses

El art. 106.3 aparta, para las condenas al pago de cantidad, la regla general del art. 104.2: la ejecución forzosa puede instarse cuando han transcurrido tres meses desde que la sentencia firme se comunica al órgano que debe cumplirla. Los dos meses son el plazo general de la ejecución y el distractor que más tienta, porque es el que se estudia primero; el mes y los seis meses no son plazos de este capítulo.

• Al órgano que dictó el acto que se recurrió
• Al Ministerio Fiscal, para que vele por que se cumpla
• A quien sea superior jerárquico del autor del acto
• Al órgano identificado antes como responsable de cumplirla

El art. 104.1, en su redacción vigente, manda comunicar la sentencia firme al órgano previamente identificado como responsable de su cumplimiento, para que la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el fallo. La opción que más tienta es la del órgano autor del acto recurrido: era el destinatario en la redacción anterior del precepto, y la ley ya no lo dice. Ni el superior jerárquico ni el Ministerio Fiscal reciben esa comunicación.

• Fija la indemnización que corresponda por esa parte
• Remite al interesado a reclamar la responsabilidad patrimonial
• La da por extinguida, sin compensación para el interesado
• Suspende su cumplimiento hasta que llegue a ser posible

El art. 105.2 no deja sin respuesta la parte del fallo que no puede cumplirse: el juez o tribunal, con audiencia de las partes y de los interesados, adopta las medidas que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria y fija, en su caso, la indemnización que proceda por esa parte. Lo hace en la propia ejecución, sin mandar al interesado a una reclamación de responsabilidad patrimonial, que es lo que más tienta. Y suspender el cumplimiento está vedado por el art. 105.1.

• El recurrente, que luego lo repercute
• Los créditos del propio órgano judicial
• La Administración que fue condenada
• El alcalde, de su propio patrimonio

El art. 108.1.b) incluye, entre las medidas que puede adoptar el juez o tribunal cuando la Administración condenada a una actividad no la realiza, la ejecución subsidiaria con cargo a ella. El coste no lo adelanta quien ganó el pleito ni sale del presupuesto judicial. Tampoco lo paga de su bolsillo la autoridad, que es lo que tienta: la responsabilidad personal de quien desatiende el fallo se persigue por otras vías del art. 112.