Las diligencias preliminares, la interposición y la admisión del recurso

• De 150 a 1.200 euros
• De 150 a 1.500 euros
• De 300 a 1.500 euros
• De 300 a 1.200 euros

El art. 48.7 fija una multa coercitiva de trescientos a mil doscientos euros, que se reitera cada veinte días hasta que se cumpla lo requerido. La pareja de cifras se confunde con la de las multas coercitivas de la ejecución de sentencias (art. 112), que son otras; las demás opciones cruzan esos extremos.

• Un mes
• Dos meses
• Seis meses
• Doce meses

El art. 46.1 distingue según la forma del acto, y para el que no es expreso fija seis meses, contados para el solicitante y para otros posibles interesados desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto según su normativa específica. El distractor que tienta es el otro plazo del mismo apartado, el del acto expreso; un mes es el plazo de la reposición contra un acto expreso, que regula la Ley 39/2015.

• Desestimarlo en sentencia, pero tras tramitar todo el proceso
• Tenerlo por no presentado hasta que se formule requerimiento
• Remitir las actuaciones a la Administración para que resuelva
• Inadmitir el recurso en ese momento, sin esperar a sentencia

El art. 51.3 permite inadmitir el recurso contra una vía de hecho cuando es evidente que la actuación se produjo dentro de la competencia y conforme a las reglas del procedimiento: si es así, no hay vía de hecho que juzgar, y no hace falta llegar a la sentencia. Es una facultad («podrá también inadmitir»), no una obligación. La opción de desestimar en sentencia tras todo el proceso es la que tienta, porque es lo que ocurriría sin esta regla. La del requerimiento falla porque el art. 51.3 no hace depender nada de que se haya requerido a la Administración, y la ley tampoco prevé devolverle las actuaciones.

• Pedir a la Administración que complete el expediente remitido
• Hacer saber el motivo al recurrente para que alegue en diez días
• Hacer saber el motivo a las partes para que aleguen en diez días
• Suspender el proceso hasta que la Administración le informe

El art. 51.4 no deja inadmitir por sorpresa: el órgano judicial tiene que hacer saber a las partes el motivo en que pueda fundarse la inadmisión para que, en el plazo común de diez días, aleguen lo que estimen procedente y acompañen documentos. El plazo es común a todas las partes y no solo al recurrente, que es lo que olvida la opción que solo da audiencia al recurrente; y no pasa por pedir nada a la Administración.

• La falta de legitimación del recurrente para interponerlo
• Haber caducado el plazo de interposición del recurso
• Haberse interpuesto contra actividad no susceptible de impugnación
• Haberse desestimado ya otros recursos sustancialmente iguales

La desestimación en el fondo de otros recursos sustancialmente iguales por sentencia firme también permite inadmitir, pero no está en la lista del art. 51.1, que obliga a declarar la inadmisión: está en el 51.2, que solo la permite («podrá inadmitir») y exige mencionar las sentencias desestimatorias. Las otras tres son causas del 51.1, junto con la falta de jurisdicción o la incompetencia.

• Cinco días
• Nueve días
• Quince días
• Veinte días

El art. 49.1 emplaza a los interesados para personarse como demandados en el plazo de nueve días. Cinco días es otro plazo del mismo apartado, el que tiene la Administración para notificarles la resolución desde que la adopta; quince días es el de personación cuando se anuncia un recurso contra una disposición general iniciado por demanda (47.2).

• Desde el día siguiente a la notificación del acto que se recurrió en reposición
• Desde el día siguiente al de la interposición del recurso potestativo de reposición
• Desde el día siguiente a su resolución expresa notificada o a su desestimación presunta
• Desde el día siguiente a la notificación de su resolución expresa, sin la cual no corre

El art. 46.4 cuenta el plazo desde el día siguiente a aquel en que se notifica la resolución expresa de la reposición o en que esta deba entenderse presuntamente desestimada. La reposición desplaza, por tanto, el arranque del plazo: no se cuenta desde el acto que se recurrió ni desde que se interpuso la reposición. La opción tentadora es la que exige la resolución expresa y deja fuera la desestimación presunta, que también abre el plazo.

• Un mes, desde el día siguiente al de su publicación
• Dos meses, desde el día siguiente al de su publicación
• Un mes, desde el día siguiente al de su entrada en vigor
• Dos meses, desde el día siguiente al de su entrada en vigor

Contra una disposición general, el art. 46.1 da dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación y no al de su entrada en vigor, que puede llegar más tarde. Un mes es el plazo del recurso potestativo de reposición contra un acto expreso, que regula la Ley 39/2015 y no esta ley: de ahí sale el distractor.

• Por escrito de interposición, al que se acompaña la declaración de lesividad
• Por escrito de interposición, al que se acompaña el expediente administrativo
• Por demanda, a la que se acompañan la declaración de lesividad y el expediente
• Por demanda, a la que se acompaña la declaración de lesividad, sin el expediente

El recurso de lesividad es una de las salvedades a la regla del escrito de interposición: el art. 45.4 manda iniciarlo por demanda, que fija con precisión a quién se demanda, y exige acompañarla «en todo caso» de la declaración de lesividad y del expediente administrativo. Las opciones del escrito de interposición le aplican la regla general; la de la demanda sin expediente acierta la forma y olvida la mitad de lo que hay que acompañar.