Los plazos y las medidas cautelares

• Desde que se notifica a las partes el auto que la acuerda
• Desde que la garantía conste constituida y acreditada en autos
• Desde que adquiere firmeza el auto que la acuerda
• Desde que la Administración da por buena la garantía ofrecida

El art. 133.2 condiciona la eficacia de la medida a la garantía: no se lleva a efecto hasta que la caución esté constituida y acreditada en autos, y lo mismo vale para las medidas que el juez acuerde para evitar o paliar perjuicios, que tienen que constar cumplidas. La notificación del auto es la tentadora, porque es cuando normalmente surte efecto una resolución; aquí no basta. Tampoco hace falta esperar a la firmeza, y la Administración no tiene que aceptar la garantía: puede constituirse en cualquiera de las formas admitidas en Derecho.

• Recurso de reposición, en el plazo de cinco días
• Recurso de apelación, que se admite en un solo efecto
• No es recurrible, por disposición expresa de la ley
• Ninguno por separado: se combate al apelar la sentencia

El art. 135.1.a) lo dice sin matices: contra el auto que aprecia la especial urgencia y adopta o deniega la medida «no se dará recurso alguno». La garantía de la otra parte llega después, en la misma resolución: el juez le da tres días para alegar o convoca una comparecencia, y luego dicta otro auto sobre si levanta, mantiene o modifica la medida, y ese sí es recurrible conforme a las reglas generales. La reposición tienta porque es el recurso ordinario contra los autos, pero aquí la ley la excluye. Tampoco se difiere a la apelación de la sentencia: lo que llega después es el auto que levanta, mantiene o modifica la medida.

• Cuando lo pidan de común acuerdo todas las partes
• Cuando negarlo pudiera causar perjuicios irreversibles
• Cuando el plazo pendiente fuera a vencer en agosto
• Cuando quien lo solicite sea la Administración demandada

El art. 128.3 deja pedir la habilitación de días inhábiles en el procedimiento de derechos fundamentales y en el incidente cautelar, por urgencia o porque las circunstancias lo hagan necesario. El juez oye a las demás partes y resuelve por auto en tres días, y la ley le obliga a acordarla «en todo caso» cuando denegarla pudiera causar perjuicios irreversibles. Fuera de ese supuesto decide valorando el caso: ni el acuerdo de las partes, ni que el plazo caiga en agosto, ni quién lo pida le atan.

• Dos días
• Tres días
• Cinco días
• Diez días

El art. 135.1 permite al juez, si se alega especial urgencia, decidir sin oír a la parte contraria en el plazo de dos días, mediante auto. Los otros plazos son del mismo título y por eso tientan: tres días tiene la parte contraria para alegar después de adoptada la medida, y en el trámite ordinario del art. 131 la audiencia dura como mucho diez días y el auto se dicta en los cinco siguientes.

• Cuando el recurrente ofrezca caución bastante para cubrir los perjuicios
• Cuando la Administración autora del acto no se oponga a la medida
• Cuando el recurso se dirija contra una disposición de carácter general
• Cuando ejecutar el acto pudiera hacer perder al recurso su finalidad

El art. 130.1 pone un único presupuesto, y lo dice con la palabra «únicamente»: que la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder al recurso su finalidad legítima. Es el riesgo de que la sentencia llegue tarde. La caución es la tentadora, pero no es un presupuesto: el art. 133 la contempla después, como algo que el juez «podrá» exigir para cubrir los perjuicios de una medida ya justificada. Que la Administración no se oponga no la convierte en procedente, y la clase de actuación impugnada no basta por sí sola.

• Se le concede una prórroga si acredita una causa justificada
• Se le requiere para que lo presente en un nuevo plazo de diez días
• Se tiene por caducado su derecho y por perdido el trámite
• Se le tiene por desistido del recurso y se le imponen las costas

El art. 128.1 empieza por la regla general de los plazos de la ley: los plazos de esta ley son improrrogables, y una vez transcurridos se tiene por caducado el derecho y por perdido el trámite que no se utilizó. La LJCA no prevé prórroga por causa justificada ni un segundo plazo de cortesía, y la consecuencia alcanza al trámite que se dejó de usar: no supone desistir de todo el recurso ni lleva aparejada por sí una condena en costas.

• No, porque se trata del plazo de un recurso
• Sí, y produce sus efectos como si fuera tempestivo
• Sí, si acredita una causa que justifique el retraso
• No, salvo que la parte contraria consienta admitirlo

El art. 128.1 suaviza la improrrogabilidad con una salvedad: el escrito que se presenta dentro del día en que se notifica la resolución se admite y produce sus efectos legales. Pero la propia salvedad excluye los plazos para preparar o interponer recursos, y la reposición contra una providencia lo es. Por eso no se admite. La opción que lo admite con todos sus efectos es la tentadora: describe bien la regla, pero la aplica justo donde la ley la descarta. La ley no hace depender la admisión de una causa justificada ni del consentimiento de la otra parte.

• El procedimiento abreviado ante los órganos unipersonales
• El incidente para adoptar medidas cautelares
• El procedimiento de la cuestión de ilegalidad
• El de protección de los derechos fundamentales

El art. 128.2 congela en agosto el plazo para interponer el recurso y todos los demás plazos de la ley, con una sola excepción: el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales, en el que agosto es hábil. El incidente cautelar es el distractor tentador porque también es urgente, pero para él la ley no declara hábil el mes: lo que permite el art. 128.3 es pedir que se habiliten días inhábiles, caso por caso. Ni el abreviado ni la cuestión de ilegalidad tienen excepción.

• Solo se adopta si el recurrente presta antes caución suficiente
• Se adopta siempre, sin que el juez pueda ponderar otros intereses
• Solo se adopta si la Administración no se opone en la audiencia
• Se adopta, salvo evidencia en contra o perturbación grave

En la inactividad y en la vía de hecho (arts. 29 y 30), el art. 136.1 invierte el punto de partida: la medida se adopta, y solo se deniega si se aprecia con evidencia que no se da la situación del artículo o si causa una perturbación grave de los intereses generales o de tercero, que el juez pondera. Las opciones que piden algo más al recurrente para obtenerla, como la caución o la falta de oposición, dan la vuelta a esa presunción. Tampoco es automática sin más: el juez conserva la ponderación de la perturbación grave.