Las partes: capacidad, legitimación, representación y defensa

• El órgano que ha dictado la decisión, como autor del acto
• El órgano que resolvió, junto con la Administración de la que depende
• Las personas o Administraciones favorecidas por el acto
• El órgano que resolvió y el poder adjudicador, a la vez

Es una excepción a la regla del art. 21.1.a), según la cual es parte demandada la Administración contra cuya actividad se dirige el recurso. En los recursos contra las decisiones de los órganos que resuelven los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación, el art. 21.3 dice que esos órganos no son parte demandada, y que lo son las personas o Administraciones favorecidas por el acto recurrido, o que se personen en ese concepto. La opción tentadora es la del órgano autor del acto, que aplica la regla general; y la que suma a la Administración de la que depende sigue incluyendo a un órgano que la ley excluye.

• Sí, siempre que acrediten un interés legítimo propio
• No, en ningún caso y sea cual sea la materia
• Sí, si antes lo autoriza el pleno de ese mismo órgano
• No, salvo que una ley los autorice expresamente

El art. 20.a) excluye a los órganos de una Administración y a los miembros de sus órganos colegiados de recurrir la actividad de esa misma Administración, con una sola salvedad: que una ley lo autorice expresamente. La prohibición no es absoluta, y por eso falla la opción que la hace absoluta. Tampoco la levanta tener un interés legítimo, que es la regla general del art. 19 y aquí no basta, ni una autorización del propio órgano colegiado.

• El organismo autor del acto, porque es quien lo dictó
• El organismo y la Administración fiscalizadora, a la vez
• Quien designe el demandante en su escrito de interposición
• La Administración territorial que ha ejercido la fiscalización

El art. 21.2 resuelve quién es la Administración demandada cuando el acto procede de un organismo o corporación pública sujeto a la fiscalización de una Administración territorial, y depende del resultado de esa fiscalización: si es aprobatorio, la demandada es el organismo autor; si no aprueba íntegramente el acto, lo es la Administración que fiscaliza. Una aprobación parcial no es íntegra, así que la demandada es la fiscalizadora. La opción del organismo autor es la tentadora, porque es la respuesta del otro supuesto. La ley elige una de las dos, no las suma, y no deja la elección al demandante.

• En cualquier asunto en el que esté en juego el interés general
• En los casos que estén expresamente previstos por las leyes
• Cuando ningún interesado haya recurrido el acto en su plazo
• Siempre que preste la fianza que le fije el órgano judicial

La acción popular permite recurrir sin tener un derecho ni un interés legítimo propios, y por eso el art. 19.1.h) la limita a los casos que las leyes prevén expresamente: no hay una acción popular general en lo contencioso-administrativo. Que esté en juego el interés general no la abre por sí solo, ni depende de que otro haya dejado pasar su plazo. La fianza es una exigencia que la LJCA no pone a quien la ejerce.

• Antes de que se haya formalizado la demanda
• En cualquier estado en que se encuentre el proceso
• Hasta que el pleito quede concluso para sentencia
• Cuando la parte contraria preste su conformidad

El art. 22 permite que el causahabiente suceda en cualquier estado del proceso a quien actuó inicialmente como parte, siempre que la legitimación derive de una relación jurídica transmisible. La ley no fija un límite temporal, ni el de la demanda ni el de la conclusión del pleito para sentencia, y no condiciona la sucesión a la conformidad de la parte contraria.

• Por las del art. 23 de la misma ley, con Procurador y Abogado como cualquier otra parte
• Por la Ley Orgánica del Poder Judicial, la de Asistencia Jurídica al Estado y las autonómicas
• Por la Ley de Enjuiciamiento Civil, que la ley de la jurisdicción declara supletoria
• Por la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, y los estatutos de cada Administración

El art. 24 saca la representación y defensa de las Administraciones públicas y de los órganos constitucionales de las reglas generales del art. 23 y la remite a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y a las normas que las comunidades autónomas hayan dictado en el marco de sus competencias. Por eso falla la opción que las somete al art. 23: las Administraciones no se rigen por el régimen de Procurador y Abogado de los particulares. La Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley 39/2015 no son las normas a las que remite el artículo.

• Las que versen sobre retribuciones o complementos que les adeuden
• Las que se planteen ante un órgano colegiado, como una Sala
• Las que se refieran a la provisión de puestos o a su carrera
• Las que impliquen la separación de empleados públicos inamovibles

El art. 23.3 deja a los funcionarios comparecer por sí mismos, sin Procurador ni Abogado, en defensa de sus derechos estatutarios en cuestiones de personal, salvo que impliquen la separación de empleados públicos inamovibles. La excepción vale ante cualquier órgano: el apartado viene detrás de los dos anteriores y dice «no obstante», así que no se limita a los unipersonales. Las retribuciones, la provisión de puestos y la carrera son cuestiones de personal que caben dentro de la regla.

• Es siempre parte codemandada junto con la Administración
• Solo es parte si el demandante dirige el recurso contra ella
• Puede personarse como coadyuvante, si lo pide expresamente
• No es parte: responde después ante la jurisdicción civil

El art. 21.1.c) considera parte demandada a las aseguradoras de las Administraciones públicas, y dice que siempre serán parte codemandada junto con la Administración a la que aseguren. No depende de que el demandante las elija ni de que ellas pidan personarse, y la ley no las trata como coadyuvantes, sino como parte. Tampoco se las manda a la jurisdicción civil: se las trae al mismo proceso.

• Sí, como cualquier Administración que impugna un acto administrativo
• Sí, salvo que la decisión le haya sido favorable en el fondo del asunto
• No, pero tiene que haber requerido antes al órgano que la ha dictado
• No: la ley la exime en este caso de la declaración de lesividad

El art. 19.4 deja recurrir ante este orden las decisiones de los órganos que resuelven los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación tanto a los particulares como a las Administraciones, y a estas «sin necesidad» de declaración de lesividad. Es una excepción a la regla general del art. 19.2 para la Administración que impugna un acto suyo, y por eso tienta la opción que la trata como cualquier otra Administración que impugna un acto. La salvedad de la decisión favorable no existe, y tampoco la del requerimiento: el art. 44.1 dice que en esta materia se recurre directamente y sin necesidad de previo requerimiento.