Las pretensiones, la acumulación y la cuantía del recurso

• De oficio o a petición de parte, en cualquier momento procesal y oídas las partes
• A petición de todas las partes, antes de que se conteste la demanda
• De oficio, en el auto que admite a trámite el último de los recursos
• A petición del demandante, en los cinco días siguientes a interponerlos

El art. 37.1 deja acordar la acumulación de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, en cualquier momento procesal, con audiencia previa de las partes por plazo común de cinco días. Esos cinco días son los de la audiencia, no un plazo para pedirla, y no hace falta que la pidan todas las partes ni esperar a un momento concreto del proceso.

• Que se imponga una multa coercitiva a la autoridad que la ordenó
• Que se declare contraria a Derecho y se sancione a quien la ordenó
• Que se condene a la Administración a dictar el acto que la habría amparado
• Que se declare contraria a Derecho y que se ordene su cese

Frente a la vía de hecho, el art. 32.2 permite pretender que se declare contraria a Derecho, que se ordene el cese de la actuación y que se adopten, en su caso, las demás medidas del art. 31.2. Las multas coercitivas no son una pretensión del recurso: la ley las prevé para forzar el cumplimiento de lo que el órgano judicial ya ha ordenado; ni se sanciona por esta vía a quien la ordenó, ni se condena a la Administración a dictar el acto que la habría amparado.

• 12.000 euros, el principal junto con el recargo
• 10.000 euros, solo el principal, sin el recargo
• Indeterminada, porque no reclama una cantidad
• La que la Administración fije en el expediente

Cuando solo se pide la anulación, el art. 42.1.a) atiende al contenido económico del acto y, para ello, al débito principal, sin los recargos, las costas ni otras responsabilidades, salvo que alguno de ellos supere al principal, que aquí no ocurre. Sumar el recargo tienta porque también se exige, pero la regla lo deja fuera; y pedir solo la anulación no hace indeterminada la cuantía: se mide por el contenido económico del acto.

• Las pretensiones siguen juntas, pero se le impone una multa a la parte
• Se declara inadmisible el pleito entero, con todas sus pretensiones
• Se tiene por caducado el recurso que debía ir separado, y no los demás
• El proceso queda en suspenso hasta que presente los escritos separados

Según el art. 35.2, si el letrado de la Administración de Justicia no estima pertinente la acumulación, da cuenta al tribunal, que puede ordenar interponer los recursos por separado en treinta días; si no se hace, el juez tiene por caducado el recurso respecto del cual no se cumplió lo ordenado. Tienta pensar que cae todo el pleito, pero la consecuencia alcanza solo a lo que debía separarse, y la ley no prevé suspender a la espera ni multar.

• El que fije el juez al admitir el recurso, a la vista del expediente
• El de lo que piden las partes y los motivos del recurso y de la oposición
• El de los hechos que constan en el expediente, pidan lo que pidan las partes
• El de los preceptos que el demandante invoque de forma expresa en su demanda

El art. 33.1 ata el enjuiciamiento a las pretensiones formuladas por las partes y a los motivos que fundamentan el recurso y la oposición. Los otros límites no están en la ley: el juez no acota el objeto al admitir el recurso, el expediente no fija lo que se juzga al margen de lo pedido, y la lista de preceptos citados en la demanda no es lo mismo que los motivos.

• Lo aprecia sin más en la sentencia, porque el derecho lo aplica él
• Se lo expone a todas las partes para que aleguen sobre él
• Lo descarta, porque no puede salirse de lo que las partes plantearon
• Se lo expone solo al demandante, para que decida si lo hace suyo

El art. 33.2 no deja ni apreciarlo por sorpresa ni ignorarlo: el tribunal lo somete a las partes, advirtiendo que no prejuzga el fallo, y les da un plazo común de diez días para alegar, con el plazo para fallar en suspenso. Descartarlo tienta, pero la ley prevé para este caso justo lo contrario: oír a las partes sobre el motivo. Y no se lo expone solo al demandante: el plazo de diez días es común a todos los interesados.

• Las de la legislación tributaria
• Las de la legislación procesal civil
• Las del procedimiento administrativo común
• Las de la normativa de tasas judiciales

El art. 42.1 remite a las normas de la legislación procesal civil para fijar el valor económico de la pretensión, con las especialidades que enumera a continuación. No remite a la legislación del procedimiento administrativo, aunque el acto recurrido salga de él, ni a la tributaria, aunque el pleito verse sobre un tributo.

• A cumplir sus obligaciones en los términos concretos en que se establecen
• A cumplir lo que el tribunal estime adecuado al interés general
• A pagar una indemnización en lugar de la prestación que debía
• A dictar resolución expresa sobre la reclamación que se le hizo

Frente a la inactividad, el art. 32.1 permite pedir que se condene a la Administración al cumplimiento de sus obligaciones en los concretos términos en que estén establecidas. La condena no es a contestar la reclamación, que es lo que tienta si se confunde la inactividad con el silencio, ni a lo que el tribunal estime conveniente, ni a una indemnización que sustituya la prestación: es a cumplir lo que ya está establecido.

• El recurso se tiene por de cuantía indeterminada a todos los efectos
• La fija el juez o tribunal que conoce del recurso, oído el demandado
• Se está a la cuantía que proponga la Administración demandada
• La fija el letrado de la Administración de Justicia, oído el demandado

El art. 40.2 prevé que, si las partes no la fijan, se requiera al demandante para que lo haga en un plazo no superior a diez días; pasado sin hacerlo, se está a la cuantía que fije el letrado de la Administración de Justicia, previa audiencia del demandado. La LJCA dice aquí «Secretario judicial»: desde la Ley Orgánica 7/2015 es el letrado de la Administración de Justicia. Callar no deja el recurso sin cuantía: la ley dice quién la fija en ese caso. En la vista del abreviado es distinto: allí la fija el juez (art. 78.9).