La sentencia y los otros modos de terminación del procedimiento

• Ninguna, porque los actos firmes conservan su eficacia
• Las que aún no se hayan ejecutado completamente
• Todas, se hayan ejecutado o no, porque desaparece el tipo
• Solo las que el sancionado recurra en el plazo de dos meses

El art. 73 hace una salvedad expresa para las sanciones: cuando la anulación del precepto supone excluir o reducir sanciones, alcanza a las que aún no se han ejecutado completamente, aunque el acto que las impuso sea firme. La firmeza del acto sancionador no basta para salvar la sanción pendiente de cumplir. Lo ya ejecutado no se revisa, y por eso no caen todas; y no hace falta que el sancionado recurra, porque es la ley la que lo dispone.

• A todas las personas a las que se aplica el reglamento
• A las partes del proceso judicial y a nadie más
• A todos los sujetos al reglamento, desde que la sentencia es firme
• A las partes y a quienes tengan un interés idéntico al suyo

El art. 72.1 limita a las partes los efectos de la sentencia que inadmite o desestima el recurso. Una sentencia que desestima deja la disposición como estaba, y por eso no tiene nada que proyectar fuera del proceso: ni sobre quienes están sujetos al reglamento ni sobre quienes estén en una situación parecida a la de la federación. La publicación se prevé para algunas sentencias firmes (72.2), y esta no es de ellas.

• Declara terminado el procedimiento y ordena el archivo de los autos
• Dicta sentencia de conformidad con las pretensiones del actor, sin más trámites
• Abre el trámite de conclusiones escritas antes de dictar la sentencia que proceda
• Da traslado a las demás partes por un plazo común de cinco días para que aleguen

El allanamiento acepta lo que pide el demandante, y el art. 75.2 lo resuelve sin más trámites: el juez o tribunal dicta sentencia de conformidad con sus pretensiones. El proceso acaba con un pronunciamiento sobre el fondo, y no se limita a archivar los autos. No se abren conclusiones ni se da un traslado previo, salvo cuando estimar las pretensiones supondría una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.

• Que el recurrente pague antes las costas causadas hasta ese momento
• Que las demás partes del proceso lo acepten de forma expresa
• Que lo ratifique su representado o que tenga autorización para ello
• Que el juez o tribunal lo apruebe al dictar la sentencia

El art. 74.2 protege al recurrente frente a un desistimiento que no ha decidido él: si desiste su representante en juicio, hace falta que el recurrente lo ratifique o que el representante esté autorizado para ello. El desistimiento no obliga a pagar antes las costas, que ni siquiera se imponen necesariamente (74.6), y las demás partes no tienen que aceptarlo de forma expresa: se les da traslado, y basta con que no se opongan. Tampoco lo aprueba una sentencia: desistir sirve precisamente para no llegar a ella.

• Mientras no se haya dictado la sentencia que resuelve el pleito
• Hasta que se señala el día para la votación y el fallo
• Antes del día en que el pleito se declara concluso para sentencia
• Hasta que se celebra la vista o se presentan las conclusiones

El art. 77.2 pone el límite de la conciliación antes de que el pleito quede listo para sentencia: puede producirse en cualquier momento anterior al día en que haya sido declarado concluso. No llega hasta la propia sentencia ni hasta el señalamiento para votación y fallo, que vienen después de esa declaración, y tampoco se agota con la vista o las conclusiones, que son anteriores a ella.

• Desestima la pretensión indemnizatoria por falta de prueba del importe
• Reconoce el derecho y remite al actor a un nuevo proceso para que se cuantifique
• Fija las bases para calcularlo y deja la cifra para la fase de ejecución
• Suspende el fallo y abre un nuevo periodo de prueba sobre el importe

Cuando no puede fijar la cuantía, el art. 71.1.d) no deja la pretensión sin respuesta: la sentencia declara el derecho a la reparación y quién debe indemnizar, y establece las bases para determinar la cuantía, cuya concreción definitiva se difiere al período de ejecución de sentencia. No hace falta un proceso nuevo, que es lo que más tienta, ni se desestima por no estar probado el importe, y la sentencia no reabre la prueba.

• Anular solo una parte de la disposición y mantener en pie el resto
• Reconocer al recurrente una situación jurídica individualizada
• Condenar en costas a la Administración que aprobó el reglamento
• Fijar cómo han de quedar redactados los preceptos que sustituyan a los anulados

El art. 71.2 marca el límite de la sentencia frente a la potestad de la Administración: los órganos jurisdiccionales pueden anular, total o parcialmente, una disposición general, pero no pueden determinar cómo han de quedar redactados los preceptos que sustituyan a los anulados, igual que no pueden fijar el contenido discrecional de los actos que anulan. Anular solo una parte es justo lo que permite el art. 71.1.a), reconocer una situación jurídica individualizada lo prevé el art. 71.1.b) cuando se ha pedido, y la sentencia contiene siempre el pronunciamiento sobre costas que corresponda (art. 68.2).

• Que lo acordado no sea manifiestamente contrario al ordenamiento ni lesivo del interés público o de terceros
• Que lo acordado no sea manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico, sin otro límite
• Que el Ministerio Fiscal haya informado a favor de lo que han acordado las partes
• Que lo acordado no sea manifiestamente contrario al ordenamiento ni supere lo reclamado en la demanda

El art. 77.3 pone al acuerdo de las partes tres límites, no uno: que lo acordado no sea manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico, ni lesivo del interés público, ni lesivo de terceros. Quedarse en la infracción manifiesta del ordenamiento es el error tentador, porque es el único control que la ley prevé para el allanamiento y para el reconocimiento en vía administrativa. El juez no necesita informe del Ministerio Fiscal, y la ley no pone un tope en la cantidad reclamada.

• Mediante decreto
• Mediante sentencia
• Mediante auto
• Mediante providencia

Es la satisfacción extraprocesal del art. 76: la Administración reconoce totalmente en vía administrativa lo que pedía el demandante, y el proceso pierde su objeto. Oídas las partes por cinco días y comprobado lo alegado, el juez o tribunal dicta auto que declara terminado el procedimiento y archiva el recurso. Solo dicta sentencia, ajustada a Derecho, si el reconocimiento infringe manifiestamente el ordenamiento. El decreto es la resolución del letrado de la Administración de Justicia, que aquí solo manda oír a las partes.