La unidad de mercado y la extinción de los partidos políticos

• Se suspende la comparecencia y se cita de nuevo a las partes
• La sentencia se dicta por escrito en los cinco días siguientes
• Su ausencia no impide dictar la sentencia oralmente en ese acto
• Se tiene por desistida a la parte que no ha comparecido

El art. 127 ter.6 permite convocar a las partes para dictar la sentencia de viva voz y añade que la no comparecencia de todas o de alguna de ellas no impide dictarla así. No hay nueva citación ni hay que pasar a escribirla, y la ausencia no tiene por desistida a la parte: la ley no le anuda esa consecuencia aquí. Lo que sí hace el letrado de la Administración de Justicia, si la sentencia es oral, es expedir en cinco días una certificación con todos los pronunciamientos del fallo.

• Se mantienen: se sigue desde el punto en que estaba
• Se retrotraen al momento en que se interpuso el recurso
• Se retrotraen para que el operador formule su propia demanda
• Quedan en suspenso hasta que las partes acepten su entrada

El art. 127 ter.7 dice que, admitida la intervención, no se retrotraen las actuaciones: quien entra tarde toma el proceso en el estado en que lo encuentra, aunque es parte a todos los efectos y puede defender las pretensiones ya formuladas o las suyas propias si todavía tiene oportunidad procesal para ello. Por eso no se vuelve al momento de la interposición ni se abre un trámite para que presente su demanda, y su entrada no deja el proceso en suspenso: las partes ya fueron oídas antes de admitirla.

• Se notifica al registro, que debe cancelar su inscripción
• Se publica en el Boletín Oficial del Estado para que surta efectos
• Se remite a las Cortes Generales para que la ratifiquen
• Se comunica al Gobierno, que acuerda la disolución del partido

El art. 127 quinquies.1.c) manda notificar al registro la sentencia que declara la extinción, para que cancele la inscripción del partido: la extinción la declara el órgano judicial y surte efectos desde su anotación en el registro (Ley Orgánica 6/2002, art. 12 bis.4). No hace falta que la ratifiquen las Cortes Generales ni que el Gobierno acuerde después la disolución, y la ley no la hace depender de su publicación en un boletín.

• Por el ordinario, sin especialidad en su tramitación
• Por el de protección de los derechos fundamentales
• Por el abreviado, con las especialidades que fija la ley
• Por el de la unidad de mercado, con sus plazos

El art. 127 quinquies.1 remite al art. 78, cuyo apartado 1 dice que en él se conoce «por el procedimiento abreviado», y le añade especialidades propias: la demanda ha de decir en cuál de los motivos del art. 12 bis.1 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos se funda, y el plazo de dos meses para presentarla se cuenta de una forma particular. No va por el ordinario, ni por el de los derechos fundamentales, que protege derechos de la persona, ni por el de la unidad de mercado, que es el capítulo anterior.

• La Comisión Nacional del Mercado de Valores
• La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
• La Secretaría para la Unidad de Mercado
• La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

El art. 127 bis.1 legitima a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para este recurso cuando considera que una disposición, un acto, una actuación, una inactividad o una vía de hecho de cualquier Administración pública es contraria a esas libertades en los términos de la Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado. La Secretaría para la Unidad de Mercado tienta por el nombre: tramita las reclamaciones del art. 26 de la Ley 20/2013, pero la LJCA no le da este recurso. La Comisión Nacional del Mercado de Valores supervisa los mercados de valores, y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal vela por la estabilidad presupuestaria.

• Ordinario: se acuerda en todo caso cuando se admite a trámite el recurso
• Excepcional: si es imprescindible por la especial relevancia del caso
• Preferente: se resuelve incluso antes de admitir a trámite el recurso
• Subsidiario: solo si se ha denegado antes otra medida cautelar

El art. 127 quáter.1 permite pedir en el escrito de interposición la suspensión de lo impugnado, o cualquier otra medida cautelar que asegure la efectividad de la sentencia, pero la suspensión tiene carácter excepcional: solo se pide si es imprescindible por la especial relevancia del supuesto para la libertad de establecimiento y de circulación. No es ordinaria ni se acuerda por el solo hecho de admitir el recurso, no es subsidiaria de otra medida y no se resuelve antes de admitir el recurso: se tramita una vez admitido.

• Corregir la conducta y resarcir los daños, lucro cesante incluido
• Anular la actuación, sin pronunciarse sobre los perjuicios que causó
• Imponer a la Administración autora una sanción por la infracción
• Remitir el asunto a la Administración para que fije la indemnización

El art. 127 ter.6 dice qué implica la sentencia estimatoria: la corrección de la conducta infractora y el resarcimiento de los daños y perjuicios que haya causado, incluido el lucro cesante. No se queda en anular, y la indemnización no se deja en manos de la Administración: la reconoce la sentencia, conforme al art. 71. Tampoco sanciona a la Administración; la ley habla de corregir y de resarcir.

• El Defensor del Pueblo
• El Ministerio Fiscal
• La Junta Electoral Central
• El Tribunal de Cuentas

El art. 127 quinquies.2 lo dice en una sola frase: el Ministerio Fiscal será parte del proceso. Es la única institución a la que el artículo llama al proceso. Ni el Defensor del Pueblo, ni la Junta Electoral Central ni el Tribunal de Cuentas son parte por mandato de esta ley.

• Veinte días, prorrogables a petición suya
• Quince días, desde el emplazamiento
• Diez días, con carácter improrrogable
• Ocho días, con carácter improrrogable

El art. 127 ter.3 da al recurrente diez días improrrogables para formalizar la demanda, contados desde que el letrado de la Administración de Justicia (la ley aún dice Secretario judicial) le pone de manifiesto el expediente y las demás actuaciones. El plazo no se prorroga a petición de parte ni se cuenta desde un emplazamiento, y no son ocho días sino diez; la contestación tiene después otros diez días, comunes e improrrogables (art. 127 ter.4).