La adquisición de bienes y derechos

El artículo 21 separa los dos casos. Lo que se deja a la Administración General del Estado lo acepta, como regla, el Ministro de Hacienda (21.1); lo que se deja a uno de sus organismos públicos lo aceptan su presidente o su director (21.2). El Ministro de Hacienda es la respuesta tentadora porque es la regla general, pero no alcanza a los organismos. El departamento de adscripción no tiene ningún papel en el 21.2.

El artículo 18.1 fija veinte años sin ninguna gestión del interesado que suponga ejercer su derecho de propiedad. El plazo vale igual para el dinero, los valores y los demás muebles depositados que para los saldos de cuentas y libretas.

El artículo 20.1 no deja elegir: la aceptación se entiende hecha «siempre» a beneficio de inventario, tanto si la herencia llega por testamento como si llega por ley. Así la Administración no responde de las deudas del causante más allá de lo que hereda. Por eso no se acepta pura y simplemente en ningún caso, ni la testamentaria ni la que trae deudas, y tampoco lo decide el órgano que acepta.

El artículo 17 tiene dos supuestos. Si nadie posee el inmueble a título de dueño, el Estado toma posesión en vía administrativa (17.3); si alguien lo posee así, «habrá de entablar la acción que corresponda» ante los tribunales civiles (17.4). La primera opción es la tentación, pero solo vale cuando no hay poseedor. Recuperar de oficio sirve para volver a tener una posesión que se perdió indebidamente (art. 55), y desahuciar, para echar de un bien demanial a quien lo ocupaba con un título que ya decayó (art. 58). Ninguna de las dos sirve contra quien posee como dueño un inmueble que la Administración nunca tuvo.

El artículo 26.2.a) prohíbe acordar esas adjudicaciones «sin previo informe del Delegado de Economía y Hacienda». Para que pueda emitirlo, se le comunica el bien con sus cargas y su situación posesoria. Después, la Delegación identifica y tasa lo adjudicado (26.2.c). La Abogacía del Estado es el distractor que más tienta: interviene en las ejecuciones judiciales del artículo 25, pero allí solo avisa al Delegado de que se abre el plazo para pedir la adjudicación, no informa sobre ella.

El artículo 21.4 da por cumplido y consumado el modo cuando el bien ha servido treinta años al destino fijado. Pasado ese tiempo, si el destino cambia por circunstancias sobrevenidas de interés público, nadie puede alegar que se incumplió el modo. Veinte años es otro plazo de este mismo título, que no tiene que ver con el modo.

El artículo 24.2 dice que la afectación «se entenderá implícita en la expropiación»: se expropia para un fin público, y ese fin ya afecta el bien. Por eso no se aplica aquí la regla del artículo 16, que hace patrimonial lo adquirido hasta que se afecte. Esa regla cede ante una disposición legal en contrario, y el 24.2 es una. Tampoco hace falta inventariar el bien ni que lo acuerde nadie más.

El artículo 20.3 resuelve el concurso con dos criterios. El domicilio del causante dice qué Administraciones pueden recibir la disposición, y de ellas la gana la de ámbito territorial superior. No se reparte entre todas. El lugar del fallecimiento solo cuenta para publicar los edictos del abintestato (20 bis.3). Tampoco es siempre el Estado: solo entran en la comparación las Administraciones con competencia sobre esos fines, y el Estado puede no tenerla.

El artículo 18.2 da a ese dinero un destino concreto: programas que mejoran las condiciones educativas de las personas con discapacidad y que extienden la accesibilidad universal. La Dirección General del Patrimonio del Estado gestiona y puede vender los demás bienes abandonados, los valores y los muebles (18.3), pero no el dinero. Los fines de interés social ligados al IRPF son el distractor tentador porque salen en el mismo título de la ley, pero allí van las dos terceras partes de una herencia abintestato del Estado (20 quáter.4), no los saldos abandonados.

El artículo 15 mete la expropiación dentro de la adquisición a título oneroso: la letra b) habla de adquirir «a título oneroso, con ejercicio o no de la potestad de expropiación». La expropiación es forzosa, pero la Administración paga el justiprecio, y por eso no es una atribución de la ley. La atribución de la ley, letra a), es otra cosa: la Administración adquiere sin pagar nada, como pasa con los inmuebles que no tienen dueño.

El artículo 16 fija una regla por defecto: lo que se adquiere entra como patrimonial y solo pasa al dominio público si después se afecta al uso general o al servicio público. Es al revés de lo que sugiere el distractor demanial: no hay que desafectar nada, porque el bien empieza siendo patrimonial. Tampoco cuenta lo que fuera el bien para su dueño anterior, ni hace falta que el acuerdo de adquisición diga nada. Solo una disposición legal puede cambiar la regla.