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Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas 

182 preguntas · 14 bloques

del equipo de Nemoteca

Citas contrastadas con el texto vigente · Actualizada el 23 de octubre de 2026

Test de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP): dominio público, concesiones y enajenación, con el artículo literal.

Se responde en el navegador, sin instalar nada y sin cuenta. Nemoteca hace la parte cara: decidir qué y cuándo.

Así son sus preguntas

Resueltas, y cada una con la cita literal que la justifica, para que compruebes la respuesta por tu cuenta. Ésta es una pequeña muestra de las 182 preguntas que contiene en total.

El Patrimonio del Estado y quién lo administra

Según la Ley 33/2003, ¿qué papel tienen los departamentos ministeriales respecto de la política patrimonial aprobada por el Gobierno?

  • Supervisar su ejecución, bajo la dirección del Ministro de Hacienda
  • Ejecutarla en su ámbito y aplicar las directrices del Ministro de Hacienda
  • Elevar al Consejo de Ministros las propuestas para definirla
  • Fijar los criterios de actuación coordinada para gestionar los bienes

A los departamentos ministeriales el art. 10.4.a les encarga ejecutar la política patrimonial en su ámbito y aplicar lo que dicte el Ministro de Hacienda. Supervisar la ejecución es tarea de la Dirección General del Patrimonio del Estado (10.5.b); elevar al Consejo de Ministros o a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos las propuestas de política patrimonial lo hace el Ministro de Hacienda (10.3.e), y establecer los criterios de actuación coordinada corresponde al Consejo de Ministros (10.1.b).

Corresponde a los departamentos ministeriales: a) Ejecutar, en el ámbito de sus competencias, la política patrimonial aprobada por el Gobierno, y aplicar las directrices e instrucciones dictadas por el Ministro de Hacienda.
Ley 33/2003, de 3 de noviembre
La protección del patrimonio, el inventario y el registro

Un particular lleva años poseyendo como dueño una finca patrimonial de una Administración. Según la Ley 33/2003, ¿puede llegar a adquirirla por prescripción?

  • Sí, conforme al Código Civil y las leyes especiales
  • No, porque los bienes públicos son imprescriptibles
  • Solo si la Administración renuncia antes a ella
  • Solo con autorización del Consejo de Ministros

El art. 30 separa las dos clases de bienes: los demaniales son inalienables, imprescriptibles e inembargables (30.1), pero los patrimoniales pueden ser objeto de prescripción adquisitiva por terceros con arreglo al Código Civil y a las leyes especiales (30.2). La imprescriptibilidad tienta porque se asocia a todo lo público, pero solo protege al dominio público; un bien patrimonial se puede perder por usucapión como el de cualquier propietario, sin renuncia ni autorización de nadie.

De igual forma, estos bienes y derechos podrán ser objeto de prescripción adquisitiva por terceros de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en las leyes especiales.
Ley 33/2003, de 3 de noviembre
El uso del dominio público: autorizaciones y concesiones demaniales

Alguien quiere ocupar una porción de un bien de dominio público con un pequeño local de obra fija, solo durante dos años. Según la Ley 33/2003, ¿qué título necesita?

  • Una autorización, porque la duración no excede de cuatro años
  • Una autorización, que pasaría a concesión si se prorrogase
  • Una concesión, porque la ocupación es con obras fijas
  • Ninguno, si la ocupación respeta el acto de afectación

El art. 86.3 exige concesión para todo uso privativo que ocupe el bien con obras o instalaciones fijas, sin mirar la duración. El límite de los cuatro años solo decide entre autorización y concesión cuando la ocupación es con instalaciones desmontables o bienes muebles, o en el aprovechamiento especial (art. 86.2). Ocupar sin título no se permite nunca (art. 84.1), respete o no el acto de afectación.

El uso privativo de los bienes de dominio público que determine su ocupación con obras o instalaciones fijas deberá estar amparado por la correspondiente concesión administrativa
Ley 33/2003, de 3 de noviembre
La gestión patrimonial: adquisiciones onerosas, arrendamientos y conservación

Un licitador excluido quiere impugnar la adjudicación de un contrato sobre un inmueble patrimonial de la Administración General del Estado. Según la Ley 33/2003, ¿ante qué orden jurisdiccional puede hacerlo?

  • Ante el civil, que conoce de todas las controversias sobre estos contratos
  • Ante el contencioso-administrativo, porque la adjudicación es un acto separable
  • Ante el civil, porque estos contratos se rigen por el derecho privado
  • Ante el contencioso-administrativo, pero solo si la adjudicación fue directa

El art. 110.3 reparte las controversias en dos: las que surgen entre las partes sobre el contrato van al orden civil, pero los actos de preparación y adjudicación se consideran separables y se impugnan ante el contencioso-administrativo, sea cual sea el procedimiento por el que se adjudicó. El distractor que engaña es el civil: lo es para lo que discuten las partes del contrato ya celebrado, cuyos efectos y extinción se rigen por la ley y el derecho privado (art. 110.1), no para la adjudicación, que se prepara y adjudica conforme a la propia Ley 33/2003.

No obstante, se considerarán actos jurídicos separables los que se dicten en relación con su preparación y adjudicación y, en consecuencia, podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de acuerdo con su normativa reguladora.
Ley 33/2003, de 3 de noviembre
El patrimonio empresarial de la Administración General del Estado

Según la Ley 33/2003, una entidad pública empresarial estatal ajusta la gestión de su patrimonio a esa misma ley. En lo que la ley no prevé, ¿a qué se ajusta?

  • Al Derecho privado, salvo en materia de bienes de dominio público
  • Al Derecho administrativo, salvo en materia de bienes patrimoniales
  • Al Derecho privado, salvo en materia de participaciones sociales
  • Al Derecho administrativo, salvo en sus participaciones sociales

El art. 167.1 da a las entidades públicas empresariales —y a las entidades de Derecho público que obtienen del mercado al menos la mitad de sus ingresos— un régimen en tres escalones: la propia Ley 33/2003, después el Derecho privado y, como excepción, las normas del dominio público para los bienes demaniales. El supletorio no es el Derecho administrativo, y la excepción al Derecho privado son los bienes de dominio público, no las participaciones sociales. Las sociedades mercantiles estatales van al revés (art. 167.2): Derecho privado como regla, con las disposiciones de la ley que se les apliquen expresamente.

En lo no previsto en ella, se ajustarán al Derecho privado, salvo en materia de bienes de dominio público en que les serán de aplicación las disposiciones reguladoras de estos bienes.
Ley 33/2003, de 3 de noviembre
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El patrimonio de las Administraciones Públicas: bienes de dominio público y patrimoniales

Un ministerio aloja sus oficinas en un edificio de titularidad de la Administración General del Estado. Según la Ley 33/2003, ¿qué naturaleza tiene ese inmueble?

  • Es patrimonial, porque no está destinado al uso general
  • Depende de si el Estado lo adquirió de forma onerosa o gratuita
  • Es patrimonial, porque alojar oficinas no es un servicio público
  • Se considera, en todo caso, un bien de dominio público

El art. 5.3 lo resuelve sin dejar margen: los inmuebles de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos en que se alojen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos, o de los órganos constitucionales del Estado, se consideran en todo caso de dominio público. Que no estén abiertos al uso general no importa, porque la ley no exige probar la afectación caso por caso; y cómo lo adquirió el Estado no cambia nada: el 5.3 dice «en todo caso».

en que se alojen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos o de los órganos constitucionales del Estado se considerarán, en todo caso, bienes de dominio público
Ley 33/2003, de 3 de noviembre
La explotación de los bienes patrimoniales

La Administración General del Estado va a explotar durante tres años un inmueble patrimonial que no está destinado a ser enajenado. Según la Ley 33/2003, ¿quién acuerda esa explotación?

  • El Director General del Patrimonio del Estado, por resolución propia
  • El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda
  • El Ministro de Hacienda, a propuesta de la Dirección General del Patrimonio del Estado
  • El Ministro del departamento que tenga adscrito el inmueble, a propuesta de su Subsecretaría

El art. 105.1 reparte la competencia por el plazo: si la explotación se concede por más de un año, la acuerda el Ministro de Hacienda a propuesta de la Dirección General del Patrimonio del Estado; si el plazo inicial no pasa de un año, la propia Dirección General. El Director General es el distractor tentador porque él acuerda cuando el plazo no pasa de un año; con tres años, la Dirección General solo propone. Ni el Consejo de Ministros ni el departamento que usa el bien deciden aquí.

será acordada por el Ministro de Hacienda, a propuesta de la Dirección General del Patrimonio del Estado, cuando el plazo por el que se concede dicha explotación sea superior a un año
Ley 33/2003, de 3 de noviembre
Las infracciones y sanciones en materia de patrimonio

Según la Ley 33/2003, ¿cómo prescriben las infracciones leves y las sanciones impuestas por faltas leves?

  • Las infracciones, a los seis meses; las sanciones, al año
  • Unas y otras, al año
  • Las infracciones, al año; las sanciones, a los seis meses
  • Unas y otras, a los seis meses

El art. 194.1 hace coincidir los plazos en las muy graves (tres años) y en las graves (dos años), pero los separa en las leves: la infracción prescribe a los seis meses y la sanción impuesta por ella, al año. Por eso tienta pensar que también aquí van a la par, a los seis meses o al año. El orden invertido —la sanción antes que la infracción— es el error de quien recuerda las dos cifras pero no a cuál corresponde cada una.

Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.
Ley 33/2003, de 3 de noviembre
La enajenación, la cesión gratuita, el gravamen y la permuta

El Estado quiere permutar un inmueble suyo tasado en 4 millones de euros por otro tasado en 1,5 millones. Según la Ley 33/2003, ¿cómo se tramita el expediente?

  • Como permuta, abonándose la diferencia de valor en metálico
  • Como enajenación con pago de parte del precio en especie
  • Como permuta, previa autorización del Consejo de Ministros
  • No puede tramitarse, porque la diferencia supera el 50 %

El art. 153 admite la permuta si la diferencia de valor, según tasación, no supera el 50 % del bien que vale más. Aquí la diferencia es de 2,5 millones, el 62,5 % de los 4 millones: pasa del límite, y entonces el expediente se tramita como enajenación con pago de parte del precio en especie. Abonar la diferencia en metálico es posible dentro de una permuta (art. 154.4), pero esto ya no lo es. Superar el 50 % no impide la operación: cambia su cauce.

la diferencia de valor entre los bienes o derechos que se trate de permutar, según tasación, no sea superior al 50 por ciento de los que lo tengan mayor. Si la diferencia fuese mayor, el expediente se tramitará como enajenación con pago de parte del precio en especie.
Ley 33/2003, de 3 de noviembre
Las prerrogativas: investigación, deslinde, recuperación de la posesión y desahucio

Según la Ley 33/2003, ¿qué órgano acuerda la incoación del procedimiento de investigación de un bien que presumiblemente sea de la Administración General del Estado, y además lo resuelve?

  • El Ministro de Hacienda
  • El Delegado de Economía y Hacienda de la provincia
  • El Abogado General del Estado
  • El Director General del Patrimonio del Estado

En la investigación, el art. 46.1 junta en el mismo órgano la incoación y la resolución: el Director General del Patrimonio del Estado. En otras prerrogativas sobre estos bienes, quien incoa y quien resuelve no coinciden, así que no lo traslades. La Abogacía del Estado no decide: informa antes de resolver, salvo que se archive (art. 46.3).

el órgano competente para acordar la incoación del procedimiento de investigación y resolver el mismo será el Director General del Patrimonio del Estado
Ley 33/2003, de 3 de noviembre
La coordinación y la optimización de los edificios administrativos

Según la Ley 33/2003, ¿cuál de estos es uno de los criterios a los que se sujeta la gestión de los edificios administrativos de la Administración General del Estado?

  • Una imagen unificada que evidencie quién es el titular de los edificios
  • Una gestión separada de cada departamento sobre los edificios que ocupa
  • La preferencia del arrendamiento sobre la compra de los inmuebles
  • La rotación periódica de las sedes entre los distintos departamentos

El art. 156 inspira la gestión de los edificios administrativos en la adecuación a las necesidades de los servicios públicos y la sujeta a cinco criterios: planificación global e integrada de las necesidades, eficiencia y racionalidad en su uso, rentabilidad de las inversiones, una imagen unificada que evidencie su titularidad y transmita austeridad, eficiencia y dignidad, y la coordinación por el Ministerio de Hacienda de sus aspectos económicos. Una gestión separada por departamento es justo lo contrario de la planificación global e integrada; y ni la preferencia por arrendar ni la rotación de sedes están en la lista.

De imagen unificada, que evidencie la titularidad de los edificios, y que transmita los valores de austeridad, eficiencia y dignidad inherentes al servicio público.
Ley 33/2003, de 3 de noviembre
La afectación, la adscripción y la publicidad del tráfico de los bienes

Según la Ley 33/2003, cuando la afectación de un bien no deriva de una norma con rango legal, ¿qué debe indicar el acto expreso que la acuerda?

  • El valor de tasación del bien o derecho que se afecta
  • La fecha prevista para la desafectación del bien
  • El órgano al que corresponden las competencias demaniales
  • El título por el que la Administración adquirió el bien

El art. 66.1 exige acto expreso del órgano competente salvo que la afectación derive de una norma con rango legal, y fija lo que ese acto indica: el bien o derecho, el fin al que se destina, que queda integrado en el dominio público y el órgano al que corresponde ejercer las competencias demaniales, incluidas las de administración, defensa y conservación. Ni el valor, ni una fecha de desafectación, ni el título de adquisición están en esa lista: lo que el acto tiene que dejar claro es para qué sirve el bien y quién responde de él como demanial.

en el que se indicará el bien o derecho a que se refiera, el fin al que se destina, la circunstancia de quedar aquél integrado en el dominio público y el órgano al que corresponda el ejercicio de las competencias demaniales
Ley 33/2003, de 3 de noviembre
La adquisición de bienes y derechos

Un inmueble que carecía de dueño ha pasado por ministerio de la ley a la Administración a la que la Ley 33/2003 lo atribuye. ¿Desde cuándo pueden derivarse para ella obligaciones tributarias por razón de su propiedad?

  • Desde el momento en que el inmueble quedó sin dueño
  • Desde que se publica el acuerdo que inicia su investigación
  • Desde que lo incorpora efectivamente a su patrimonio
  • Desde que el ayuntamiento le comunica que está vacante

El artículo 17.2 separa dos momentos. El Estado adquiere el inmueble por ministerio de la ley, sin ningún acto, pero esa atribución no le carga obligaciones tributarias ni responsabilidades «en tanto no se produzca la efectiva incorporación» del bien a su patrimonio. La trampa es la primera opción: el inmueble es del Estado desde que no tiene dueño, pero los impuestos no le llegan desde ese momento. La incorporación se hace por los trámites del art. 47.d) —la resolución que declara la titularidad, la tasación, el Inventario y el Registro—, así que publicar la incoación no basta.

de esta atribución no se derivarán obligaciones tributarias o responsabilidades para la Administración General del Estado por razón de la propiedad de estos bienes, en tanto no se produzca la efectiva incorporación de los mismos al patrimonio de aquélla
Ley 33/2003, de 3 de noviembre
La protección del patrimonio, el inventario y el registro

Según la Ley 33/2003, ¿quién lleva el inventario de las infraestructuras de titularidad estatal?

  • La Dirección General del Patrimonio del Estado, directamente
  • Las Delegaciones de Economía y Hacienda de cada provincia
  • Las unidades patrimoniales de quien las gestiona
  • La Intervención General, dentro de su control financiero

El art. 33.3.b) encarga el inventario de las infraestructuras estatales a las unidades competentes en materia patrimonial de los departamentos y organismos que tienen su administración y gestión. Es la excepción a la regla que tienta: como una infraestructura es un inmueble, parece tocarle a la Dirección General del Patrimonio del Estado, que lleva directamente el de los inmuebles (art. 33.2.a). Pero la ley la separa, igual que el demanio sometido a legislación especial, y la deja en manos de quien la gestiona.

Por las unidades competentes en materia patrimonial de los departamentos ministeriales y organismos públicos vinculados a la Administración General del Estado o dependientes de ella, y sin perjuicio de los registros, catálogos o inventarios de bienes y derechos que estén obligados a llevar en virtud de normas especiales, se llevará el inventario de los siguientes bienes y derechos del Patrimonio del Estado: a) Los bienes de dominio público sometidos a una legislación especial cuya administración y gestión tengan encomendadas. b) Las infraestructuras de titularidad estatal sobre las que ostenten competencias de administración y gestión.
Ley 33/2003, de 3 de noviembre
La gestión patrimonial: adquisiciones onerosas, arrendamientos y conservación

La Administración General del Estado vende un solar patrimonial y el comprador se obliga además, con garantía suficiente, a urbanizar otra parcela del Estado. Según la Ley 33/2003, ¿cómo se tramita ese negocio y por qué normas se rige?

  • En dos expedientes, el de la prestación accesoria por la legislación de contratos
  • En expediente único, por la legislación de contratos del sector público
  • En expediente único, aplicando a cada prestación sus propias normas
  • En expediente único, por las normas del negocio que constituya su objeto principal

El art. 111.2 admite que los negocios de adquisición, explotación, enajenación, cesión o permuta incluyan prestaciones accesorias sobre el propio bien o sobre otros del patrimonio de la Administración, siempre que estén suficientemente garantizadas. A ese negocio complejo no se le parte: se tramita en un expediente único y se rige por las normas del negocio patrimonial que sea su objeto principal, aquí la venta. Ni la legislación de contratos gobierna la prestación accesoria por ser una obra, ni cada prestación conserva sus propias normas dentro del expediente único: el negocio entero sigue las reglas de lo principal.

Estos negocios complejos se tramitarán en expediente único, y se regirán por las normas correspondientes al negocio jurídico patrimonial que constituya su objeto principal.
Ley 33/2003, de 3 de noviembre
La protección del patrimonio, el inventario y el registro

Según la Ley 33/2003, ¿qué requisito previo deben cumplir los bienes y derechos del Patrimonio del Estado para que pueda realizarse sobre ellos cualquier acto de gestión o disposición?

  • Estar inscritos en el Registro de la Propiedad
  • Estar inscritos en el Inventario General del Estado
  • Contar con el informe previo de la Abogacía del Estado
  • Estar valorados en la contabilidad patrimonial

El art. 35.1 hace del Inventario General un cerrojo: sin la inscripción debida en él no se puede gestionar ni disponer de ningún bien o derecho del Patrimonio del Estado. La Abogacía del Estado tienta porque el art. 35.3 le encarga advertir en sus informes de la falta de inscripción, pero eso no convierte su informe en requisito; y la Intervención General verifica las altas y bajas en su control financiero (35.2). El Registro de la Propiedad tampoco es el requisito general: muchos bienes, como los muebles, no tienen acceso a él. El Registro solo se exige antes de algunos actos, como la venta de un inmueble (art. 136.1); el Inventario, antes de todos.

No se podrán realizar actos de gestión o disposición sobre los bienes y derechos del Patrimonio del Estado si éstos no se encuentran debidamente inscritos en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado.
Ley 33/2003, de 3 de noviembre
La protección del patrimonio, el inventario y el registro

Según la Ley 33/2003, ¿quién lleva directamente el inventario de los bienes inmuebles del Patrimonio del Estado, sean demaniales o patrimoniales?

  • La Dirección General del Patrimonio del Estado
  • El departamento que tenga afectado cada inmueble
  • La Delegación de Economía y Hacienda de la provincia
  • La Intervención General de la Administración del Estado

El art. 33.2.a) reserva a la Dirección General del Patrimonio del Estado el inventario directo de los inmuebles y de los derechos reales sobre ellos, tanto demaniales como patrimoniales. El departamento que tiene el inmueble afectado tienta, porque la ley también le hace llevar algo: un catálogo actualizado de los inmuebles que tiene afectados o adscritos (art. 33.3, último párrafo), que no es el inventario. La Intervención General verifica las altas y bajas en su control financiero (art. 35.2), pero no lleva el inventario.

La Dirección General del Patrimonio del Estado llevará directamente el inventario correspondiente a los siguientes bienes y derechos del Patrimonio del Estado, ya sean demaniales o patrimoniales: a) Los bienes inmuebles y derechos reales sobre los mismos.
Ley 33/2003, de 3 de noviembre
La protección del patrimonio, el inventario y el registro

Una finca inscrita a favor de una Administración pública no se puede localizar físicamente. ¿Qué título declara suficiente la Ley 33/2003 para que la propia Administración cancele esa inscripción?

  • Una certificación administrativa, tras un procedimiento con informe técnico
  • Una sentencia firme del orden civil que declare la inexistencia de la finca
  • Una escritura pública otorgada por el órgano que gestiona la finca
  • Un acta notarial de presencia que acredite que la finca no existe

El art. 37.4.a) permite a la Administración cancelar o rectificar las inscripciones a su favor con una certificación administrativa expedida por el órgano competente, cuando un procedimiento, con informe técnico preceptivo, acredite que la finca ya no existe o no se puede localizar. La sentencia civil tienta porque es la vía de quien discute un derecho ajeno, pero aquí la inscripción es de la propia Administración y nadie se opone: basta su certificación. La escritura y el acta notarial no son el título que la ley prevé.

La certificación administrativa expedida por órgano competente de las Administraciones públicas será título suficiente para proceder a la cancelación o rectificación de las inscripciones a favor de la Administración pública en los siguientes supuestos: a) Cuando, previa la instrucción del correspondiente procedimiento en cuya tramitación será preceptivo un informe técnico, se acredite la inexistencia actual o la imposibilidad de localización física de la finca.
Ley 33/2003, de 3 de noviembre
El Patrimonio del Estado y quién lo administra

Según la Ley 33/2003, ¿qué órgano define la política aplicable a los bienes y derechos del Patrimonio del Estado?

  • El Ministro de Hacienda, que dicta para ello instrucciones y directrices
  • La Dirección General del Patrimonio del Estado, bajo la dirección del Ministro de Hacienda
  • Cada departamento ministerial, para los bienes que tenga afectados
  • El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda

El art. 10 escalona la política patrimonial: la define el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda (10.1.a); el Ministro vela por que se cumpla y para eso dicta instrucciones y directrices (10.3.b); la Dirección General del Patrimonio del Estado supervisa su ejecución (10.5.b), y los departamentos la ejecutan en el ámbito de sus competencias (10.4.a). El Ministro propone, pero no define.

Corresponde al Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda: a) Definir la política aplicable a los bienes y derechos del Patrimonio del Estado.
Ley 33/2003, de 3 de noviembre
El uso del dominio público: autorizaciones y concesiones demaniales

En un procedimiento en régimen de concurrencia para otorgar una autorización o una concesión demanial, la Administración no notifica la resolución dentro del plazo máximo para resolver. Según la Ley 33/2003, ¿cuál es ese plazo y qué efecto tiene no notificar?

  • Tres meses; la solicitud puede considerarse desestimada
  • Tres meses; la solicitud se entiende estimada
  • Seis meses; la solicitud puede considerarse desestimada
  • Seis meses; la solicitud se entiende estimada

El art. 96.6 fija en seis meses el plazo máximo para resolver estos procedimientos y permite considerar desestimada la solicitud si no se notifica resolución dentro de él. Los tres meses son el plazo que la Ley 39/2015 aplica cuando la norma del procedimiento no fija otro, y aquí la Ley 33/2003 lo fija. El silencio estimatorio, regla general del procedimiento común, no rige aquí, y la Ley 39/2015 lo excluye también: su art. 24.1 hace desestimatorio el silencio cuando estimar transfiera al solicitante facultades relativas al dominio público.

El plazo máximo para resolver el procedimiento será de seis meses. Podrá considerarse desestimada la solicitud en caso de no notificarse resolución dentro de ese plazo
Ley 33/2003, de 3 de noviembre
La gestión patrimonial: adquisiciones onerosas, arrendamientos y conservación

Según la Ley 33/2003, ¿durante cuánto tiempo es válida una tasación hecha para cumplir lo que dispone la ley?

  • Seis meses, contados desde su aprobación
  • Seis meses, contados desde su emisión
  • Un año, contado desde su emisión
  • Un año, contado desde su aprobación

El art. 114.5 da a las tasaciones un año de validez, y lo cuenta desde su aprobación, no desde que el técnico la emite: la tasación no vale como tal hasta que la aprueba el Director General del Patrimonio del Estado o, en los organismos públicos, el órgano competente para concluir el negocio (art. 114.3). Por eso el distractor más tentador es el que acierta el año y se equivoca de día inicial.

Las tasaciones tendrán un plazo de validez de un año, contado desde su aprobación.
Ley 33/2003, de 3 de noviembre
El patrimonio empresarial de la Administración General del Estado

Según la Ley 33/2003, ¿a quién corresponde la tenencia y administración de las acciones y participaciones sociales de la Administración General del Estado en sociedades mercantiles?

  • Al ministerio de tutela de cada sociedad
  • A la Intervención General de la Administración del Estado
  • A la Dirección General del Patrimonio del Estado
  • A la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos

El art. 170.4 encarga a la Dirección General del Patrimonio del Estado la tenencia y administración de esas acciones y participaciones, y también la formalización de su compra y su venta; el art. 173 añade que, a través de ella, el Ministerio de Hacienda ejerce los derechos de socio del Estado. La Intervención General tiene otro papel, el control financiero del sector público empresarial (art. 170.5). El ministerio de tutela supervisa la actividad de las sociedades del art. 166.2, pero no es el titular de sus acciones.

Corresponde a la Dirección General del Patrimonio del Estado la tenencia y administración de las acciones y participaciones sociales en las sociedades mercantiles en que participe la Administración General del Estado
Ley 33/2003, de 3 de noviembre
El patrimonio de las Administraciones Públicas: bienes de dominio público y patrimoniales

Según la Ley 33/2003, ¿qué bienes y derechos de titularidad de las Administraciones públicas son patrimoniales?

  • Los que produzcan rentas o frutos para la Administración
  • Los adquiridos con arreglo a las normas del derecho privado
  • Los que no figuren todavía en el inventario patrimonial
  • Los que no tengan el carácter de bienes demaniales

El art. 7.1 define lo patrimonial por exclusión: son patrimoniales los bienes y derechos de titularidad de las Administraciones que no tengan el carácter de demaniales. Primero se mira si el bien es de dominio público (art. 5); lo que no lo es, es patrimonial. Producir rentas, haberse adquirido por derecho privado o no estar inventariado no deciden nada: el art. 4 clasifica por el régimen jurídico, y ni el modo de adquirir ni el inventario aparecen en la definición del 7.1.

Son bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales los que, siendo de titularidad de las Administraciones públicas, no tengan el carácter de demaniales.
Ley 33/2003, de 3 de noviembre
El patrimonio de las Administraciones Públicas: bienes de dominio público y patrimoniales

La disposición final segunda de la Ley 33/2003 declara de aplicación general preceptos como el artículo 4 o el 7.1. ¿Con qué salvedad?

  • Salvo lo que dispongan las leyes especiales de cada bien
  • Sin perjuicio de los derechos civiles forales o especiales, donde existan
  • Salvo en las entidades locales, que aplican su legislación de bienes
  • Sin perjuicio de lo que disponga el reglamento general de la ley

El apartado 2 de la disposición final segunda ampara esos preceptos en la competencia del Estado sobre legislación civil (art. 149.1.8.ª de la Constitución) y los hace de aplicación general, sin perjuicio de los derechos civiles forales o especiales allí donde existan. Es la misma reserva que hace la propia Constitución en ese título competencial. La disposición no hace otra salvedad: ni las leyes especiales de cada bien ni la legislación local de bienes, y un reglamento no puede desplazar lo que la ley declara de aplicación general, por simple jerarquía normativa.

se dictan al amparo del artículo 149.1.8.ª de la Constitución, y son de aplicación general, sin perjuicio de lo dispuesto en los derechos civiles forales o especiales, allí donde existan: Artículo 4; artículo 5, apartados 1, 2 y 4; artículo 7, apartado 1
Ley 33/2003, de 3 de noviembre
Las infracciones y sanciones en materia de patrimonio

Por usurpar un inmueble demanial afectado a un ministerio, se va a imponer una multa de cuatro millones de euros. Según la Ley 33/2003, ¿quién la impone?

  • El Consejo de Ministros
  • El ministro titular del departamento al que está afectado el inmueble
  • El Ministro de Hacienda, por tratarse de bienes de la Administración General del Estado
  • El director general del Patrimonio del Estado

La competencia se decide primero por la cuantía: el art. 195.1 reserva al Consejo de Ministros toda sanción pecuniaria de más de un millón de euros, sea cual sea la infracción. Solo por debajo de esa cifra entra el reparto de los apartados 2 y 3: el Ministro de Hacienda para las infracciones de las letras g), h) e i) del 192.2 y la e) del 192.3 sobre bienes de la Administración General del Estado, y el ministro del departamento al que está afectado el bien para las demás, que es la respuesta tentadora y la correcta si la multa no pasara del millón.

Las sanciones pecuniarias cuyo importe supere un millón de euros serán impuestas por el Consejo de Ministros.
Ley 33/2003, de 3 de noviembre

Lo que hay dentro

La Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas de punta a punta —qué bienes y derechos forman el patrimonio de las Administraciones y cuáles son de dominio público y cuáles patrimoniales, el Patrimonio del Estado y quién lo administra, cómo se adquieren los bienes, el inventario, el registro y las prerrogativas para defenderlos —la investigación, el deslinde, la recuperación de la posesión y el desahucio administrativo—, la afectación, la adscripción y la mutación de destino, el uso del dominio público y las autorizaciones y concesiones demaniales, la explotación de los bienes patrimoniales, los arrendamientos, la enajenación, la cesión gratuita y la permuta, los edificios administrativos, el patrimonio empresarial del Estado, las relaciones entre Administraciones y las infracciones y sanciones—, con el artículo literal del texto vigente en cada respuesta.

  • El patrimonio de las Administraciones Públicas: bienes de dominio público y patrimoniales 19 preguntas Los capítulos I y II del título preliminar de la Ley 33/2003 (artículos 1 a 8) y su disposición final segunda: el objeto y el ámbito de la ley, qué forma el patrimonio de las Administraciones Públicas, qué bienes y derechos son de dominio público y cuáles patrimoniales, los principios a los que se ajustan su gestión y su administración, y qué preceptos son básicos o de aplicación general.
  • El Patrimonio del Estado y quién lo administra 11 preguntas El capítulo III del título preliminar de la Ley 33/2003 (artículos 9 a 14): qué integra el Patrimonio del Estado y quién es competente para administrarlo, gestionarlo y defenderlo.
  • La adquisición de bienes y derechos 16 preguntas El título I de la Ley 33/2003 (artículos 15 a 27): los modos de adquirir de las Administraciones Públicas, lo que la Administración General del Estado adquiere por atribución de la ley, las herencias, los legados y las donaciones, y las demás formas de adquisición que regula.
  • La protección del patrimonio, el inventario y el registro 15 preguntas Los capítulos I a IV del título II de la Ley 33/2003 (artículos 28 a 40): la obligación de proteger y defender el patrimonio, las limitaciones a la disponibilidad de los bienes y derechos, el inventario patrimonial y la inscripción en el Registro de la Propiedad.
  • Las prerrogativas: investigación, deslinde, recuperación de la posesión y desahucio 20 preguntas Los capítulos V y VI del título II de la Ley 33/2003 (artículos 41 a 64): las facultades y prerrogativas para defender los patrimonios públicos —la investigación de bienes y derechos, el deslinde, la recuperación de la posesión y el desahucio administrativo— y la cooperación entre Administraciones en su defensa.
  • La afectación, la adscripción y la publicidad del tráfico de los bienes 15 preguntas El título III de la Ley 33/2003 (artículos 65 a 83): la afectación, la desafectación y la mutación de destino de los bienes y derechos, su adscripción a los organismos públicos y su desadscripción, la incorporación al patrimonio de la Administración General del Estado de bienes de sus organismos y la publicidad de su tráfico jurídico.
  • El uso del dominio público: autorizaciones y concesiones demaniales 19 preguntas El capítulo I del título IV de la Ley 33/2003 (artículos 84 a 104): cómo se usan los bienes destinados al uso general y los destinados a un servicio público, y las autorizaciones y las concesiones demaniales.
  • La explotación de los bienes patrimoniales 6 preguntas El capítulo II del título IV de la Ley 33/2003 (artículos 105 a 109): cómo se aprovechan y se explotan los bienes y derechos patrimoniales.
  • La gestión patrimonial: adquisiciones onerosas, arrendamientos y conservación 13 preguntas Los capítulos I a IV del título V de la Ley 33/2003 (artículos 110 a 130): las disposiciones generales de la gestión patrimonial, las adquisiciones a título oneroso, el arrendamiento de inmuebles y la conservación de los bienes.
  • La enajenación, la cesión gratuita, el gravamen y la permuta 17 preguntas Los capítulos V y VI del título V de la Ley 33/2003 (artículos 131 a 154): la enajenación de inmuebles, de muebles y de derechos de propiedad incorporal, la cesión gratuita de bienes y derechos, su gravamen y su permuta.
  • La coordinación y la optimización de los edificios administrativos 7 preguntas El título VI de la Ley 33/2003 (artículos 155 a 165): las normas generales sobre los edificios administrativos, los órganos que coordinan su uso y las actuaciones para optimizarlo.
  • El patrimonio empresarial de la Administración General del Estado 10 preguntas El título VII de la Ley 33/2003 (artículos 166 a 182): qué forma el patrimonio empresarial de la Administración General del Estado, sus disposiciones generales y las especiales de las sociedades del artículo 166.2.
  • No incluye el Reglamento general de la ley, del Real Decreto 1373/2009
  • Los bienes de las entidades locales, que regulan la Ley 7/1985 —con su propia colección— y el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
  • Las leyes de patrimonio de cada comunidad autónoma, ni las leyes propias de cada clase de bien —el patrimonio histórico, el Patrimonio Nacional, el de la Seguridad Social, las aguas, las costas, los montes o las carreteras—

Tampoco lo que el Código Civil dice de los bienes, la Ley de Contratos del Sector Público, que deja fuera estos negocios y tiene sus propias colecciones, las disposiciones adicionales que ordenan el patrimonio de un organismo o de una sociedad concreta, sus transitorias ni lo que la ley solo cambia de otras. Y nada de qué inmuebles tiene hoy el Estado, de jurisprudencia ni de doctrina: solo lo que dice la ley, en su redacción vigente.

Antes de empezar

¿Por qué responder y no releer?

El método que mejor sensación te deja es el que peor te va a salir: releer el tema se siente bien porque lo reconoces, no porque lo recuerdes. Aquí no relees, respondes. Lo que ya dominas casi no vuelve, y lo que se te resiste no te deja en paz. Se llama repetición espaciada, y lleva medio siglo funcionando con fichas de cartón.

¿Cuánto cuesta?

Estudiar es gratis, y es igual en los dos planes: el repaso no tiene límite y las preguntas nuevas de cada día son las mismas. Premium añade simulacros de examen sin límite —en el plan gratuito, uno a la semana— y sacar preguntas de tus propios PDF con IA.

¿Esto es como Anki?

El método de fondo es el mismo, y Anki es extraordinario: te devuelve cada tarjeta en el momento justo. El problema nunca fue Anki, fue tener que fabricarse las tarjetas primero. Aquí las preguntas ya están hechas: abres la colección y ya estás respondiendo.

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