La gestión patrimonial: adquisiciones onerosas, arrendamientos y conservación

El art. 112.3 pide el informe previo de la Intervención General en tres casos: la enajenación directa y la permuta de bienes o derechos de más de 1.000.000 de euros, la explotación con renta anual por encima de esa cifra y la cesión gratuita que haya de autorizar el Consejo de Ministros. La permuta de 1,5 millones entra. La subasta no está en la lista aunque el bien valga más, porque el umbral solo se aplica a la enajenación directa y a la permuta; la venta directa de 800.000 euros no llega al umbral; y la cesión gratuita solo lo pide cuando la autoriza el Consejo de Ministros.

El art. 130.1 encarga la conservación de los patrimoniales de la Administración General del Estado a la Dirección General del Patrimonio del Estado y le da su red territorial: las Delegaciones de Economía y Hacienda. Ni los ministerios, ni las Subdelegaciones del Gobierno, ni las Abogacías del Estado tienen ese papel. Es distinto en las otras dos clases: los demaniales los conserva el ministerio u organismo al que están afectados o adscritos, o el que los administre (art. 129.1), y los patrimoniales de los organismos públicos, el organismo titular (art. 130.2).

El art. 127 evita que el Estado pague un local que deja libre si otro departamento lo necesita: el que se va avisa a la Dirección General del Patrimonio del Estado con tres meses de antelación, esta lo ofrece a los demás ministerios y resuelve quién lo ocupa. La resolución se notifica al arrendador, y para él la novación es obligatoria y no permite subir la renta. No puede rechazarla ni actualizar el precio, y el contrato no se resuelve: sigue, con otro ocupante. La propia ley distingue la resolución anticipada del cambio de órgano u organismo ocupante (art. 122.1).

La regla del art. 116.4 es adquirir por concurso público o por licitación restringida, y la adquisición directa es la excepción: por las causas justificadas del primer párrafo o por los cuatro supuestos tasados que siguen, que son que el vendedor sea otra Administración o una persona jurídica del sector público, que el concurso haya quedado desierto, que se compre a un copropietario su cuota en un condominio y que se ejerza un derecho de adquisición preferente. Una fundación privada no es sector público, y ni un precio por debajo de la tasación ni el destino del inmueble figuran en la lista.

El art. 118 no mira el valor, el destino ni el lugar del inmueble: decide por el presupuesto que paga. Acuerda la adquisición el Ministro de Hacienda o el de Asuntos Exteriores según el departamento en cuyo presupuesto estén consignados los créditos con cargo a los cuales se compra, y si paga Asuntos Exteriores, su ministro necesita además el informe favorable previo del de Hacienda. El distractor de la misión diplomática tienta porque es lo que suele comprar Exteriores fuera, pero la ley no lo toma como criterio.

El art. 128.1 trata el arrendamiento financiero y los demás contratos mixtos de arrendamiento con opción de compra como lo que pueden acabar siendo, una compra: se les aplican las normas de competencia y procedimiento de la adquisición de inmuebles. El distractor tentador es el del arrendamiento, porque el apartado 2 sí los reputa arrendamientos, pero solo a efectos presupuestarios. La libertad de pactos del art. 111 alcanza al contenido del contrato, no a quién es competente ni a cómo se tramita.

La regla del art. 113.1 es la escritura pública para adquirir o enajenar inmuebles y derechos reales. El 113.2 la exceptúa en dos casos, que van en documento administrativo: la cesión gratuita cuando el cesionario es otra Administración pública o una entidad vinculada o dependiente, como el ayuntamiento, y la venta de inmuebles rústicos por menos de 150.000 euros. La finca rústica de 200.000 euros pasa del umbral, el solar urbano no es rústico por barato que sea, y la compra a otra Administración es una adquisición, no una cesión gratuita: las tres van a escritura.

El art. 122 reparte los papeles: arrienda el Ministro de Hacienda, a petición en su caso del departamento interesado, y el procedimiento lo instruye la Dirección General del Patrimonio del Estado (122.1). Pero, una vez concertado, quien ejerce los derechos y cumple las obligaciones de arrendatario es el departamento u organismo que ocupa el inmueble (122.2). Que Hacienda concierte el contrato no la convierte en la que paga y usa el local.