La afectación, la adscripción y la publicidad del tráfico de los bienes

El art. 68.1 reparte los papeles: la afectación compete al Ministro de Hacienda, y la Dirección General del Patrimonio del Estado instruye el procedimiento, que incoa de oficio, a iniciativa propia o a propuesta del departamento interesado. Instruir no es decidir, y proponer tampoco: por eso ni la Dirección General ni el departamento son la respuesta. Cuando se trata de los bienes de un organismo público afectados a sus propios fines, el que decide es el ministro del que depende (art. 68.3).

La reestructuración orgánica es la excepción a la regla de que las mutaciones demaniales sean expresas (art. 71.2). Manda lo que diga la disposición de reestructuración y, si calla, el art. 71.3 entiende que los bienes siguen vinculados a los mismos fines y afectados al órgano que asume las competencias, sin declaración expresa. No hay desafectación ni orden del Ministro: lo que queda es comunicar la mutación a la Dirección General del Patrimonio del Estado para que tome razón de ella en el Inventario General (art. 72.5).

Al desafectarse, el bien deja de ser demanial y pasa a ser patrimonial (art. 69.1), y el art. 69.2 exige que la desafectación se haga, salvo los supuestos previstos en la ley, de forma expresa; para los bienes afectados a los departamentos, la acuerda el Ministro de Hacienda (art. 70.1). Que el bien deje de usarse es el motivo, no el acto: sin la desafectación expresa sigue siendo de dominio público. El Registro y el inventario reflejan la desafectación una vez hecha (arts. 82 y 83), pero no son la forma de hacerla.

La regla del art. 80.1 es que los inmuebles y derechos reales que un organismo público ya no necesita para sus fines se incorporan, previa desafectación si hace falta, al patrimonio de la Administración General del Estado: no se los queda el organismo ni pasan a un departamento como afectados. Que el organismo los enajene es la excepción, y el art. 80.2 la reserva a los bienes que adquirió con el propósito de devolverlos al tráfico jurídico según sus fines peculiares; por eso tienta el primer distractor, que convierte la excepción en regla.

El art. 71.4 regula la mutación entre Administraciones en las dos direcciones, pero con fuentes distintas. Cuando el Estado afecta sus bienes demaniales a otra Administración, los términos y condiciones los fija el reglamento: por eso tienta el distractor. Cuando es una comunidad autónoma la que afecta los suyos a la Administración General del Estado o a sus organismos, la figura solo se aplica si la legislación de esa comunidad prevé esa posibilidad. Ni un convenio ni un acuerdo con el Ministro de Hacienda la sustituyen.

El art. 66.2 enumera hechos y actos que surten los mismos efectos que la afectación expresa, y el primero es la utilización pública, notoria y continuada por la Administración General del Estado o sus organismos de bienes suyos para un servicio público o un uso general. No hace falta esperar a una orden del Ministro ni a la inscripción. Lo que sí impone el art. 66.3 es comunicarlo a la Dirección General del Patrimonio del Estado para regularizarlo, pero esa comunicación no condiciona el efecto. Y la adscripción es otra figura: la de un bien del Estado a un organismo público (art. 73).

Igual que la adscripción lleva implícita la afectación (art. 73.1), el art. 79 dice que la desadscripción lleva implícita la desafectación: el bien deja de ser demanial. Para ser efectiva requiere la recepción formal del bien, en acta de entrega o de toma de posesión. No hay transmisión de titularidad porque la adscripción nunca la alteró (art. 73.3), y ni la enajenación ni una nueva afectación a otro organismo se siguen de ella.

El art. 66.4 ata la afectación del inmueble en construcción al dinero: queda afectado al departamento con cargo a cuyos créditos presupuestarios se edifica, no al que vaya a ocuparlo. La Dirección General del Patrimonio del Estado entra al final, y no como destinataria: terminada la obra, se le da cuenta de la recepción y de la inscripción de la obra nueva, y es ella la que dicta los actos de regularización necesarios.

El art. 71.1 define la mutación demanial justo así: desafectación de un bien con simultánea afectación a otro destino de la Administración General del Estado o de sus organismos. El bien no deja de ser demanial en ningún momento: cambia de destino. La afectación concurrente es otra cosa, un mismo bien afectado a la vez a varios fines compatibles (art. 67); la adscripción pone un bien patrimonial del Estado al servicio de un organismo público (art. 73); y la incorporación (art. 80) no es un cambio de destino dentro del dominio público.

El art. 77.3 da al titular, cuando se desadscribe por incumplimiento del fin, una alternativa: el valor de los detrimentos o deterioros, actualizado al momento de la desadscripción, o el coste de la rehabilitación, previa tasación. La desadscripción no agota la respuesta: recupera el bien y además el daño. Las rentas que habría producido no figuran entre lo que se puede reclamar.