La explotación de los bienes patrimoniales

El art. 109.3 es tajante: cuando una propiedad incorporal —una obra, una patente— entra en el dominio público por su legislación especial, usarla no devenga derecho alguno a favor de las Administraciones. Tienta la tasa porque se habla de dominio público, pero aquí el término es el de la propiedad intelectual o industrial (lo que es de libre uso), no el demanio de la Ley 33/2003 con sus autorizaciones y concesiones.

El art. 107.4 limita la prórroga a la mitad del plazo inicial: con diez años de contrato, cinco como máximo. Quince años es la duración total que resulta, no la prórroga; y veinte es el techo del contrato con sus prórrogas (art. 106.3), un límite adicional que no autoriza a prorrogar más de la mitad. Diez tienta porque, sumados a los diez iniciales, no rebasarían ese techo. La prórroga, además, la pide el adjudicatario y depende de que la explotación vaya bien.

El art. 108.1 lleva estas rentas al Tesoro, aplicadas a su concepto del presupuesto de ingresos, pero se cobran como las cobraría cualquier propietario: por las normas y procedimientos del Derecho privado. El apremio y la tasa tientan porque el dinero acaba en el Tesoro, pero son herramientas de los ingresos de Derecho público; un bien patrimonial se explota en el tráfico privado, y sus rentas se cobran con las reglas de ese tráfico.

El art. 106.3 fija en 20 años, prórrogas incluidas, el techo de los contratos de explotación de patrimoniales, y solo admite pasarlo por causas excepcionales justificadas. Los otros plazos son los del dominio público y por eso tientan: cuatro años es el máximo de las autorizaciones demaniales (art. 92.3) y 75 el de las concesiones demaniales (art. 93.3). Lo patrimonial tiene su propia cifra.