El uso del dominio público: autorizaciones y concesiones demaniales

El art. 92.2 declara no transmisibles dos clases de autorizaciones: aquellas para cuyo otorgamiento cuentan circunstancias personales del autorizado y aquellas cuyo número está limitado. La segunda es el caso. La prohibición cede si las condiciones que rigen la autorización admiten su transmisión, así que no es absoluta. Quien solo recuerda las circunstancias personales cree que una autorización de número limitado se transmite libremente, y no es así.

El art. 104.3 atribuye la declaración de reserva al Consejo de Ministros, por acuerdo que se publica en el BOE y se inscribe en el Registro de la Propiedad. La reserva cabe cuando razones de utilidad pública o interés general lo justifiquen y dura lo necesario para sus fines (art. 104.1 y 2). El ministro del departamento es el distractor tentador porque es quien otorga las autorizaciones y concesiones sobre los bienes afectados a su departamento (art. 95), pero reservarse el bien es otra cosa.

El art. 93.1 hace de la concurrencia la regla de las concesiones y admite el otorgamiento directo solo en los supuestos del art. 137.4, cuando haya circunstancias excepcionales debidamente justificadas o en otros que fijen las leyes. Es lo contrario que en las autorizaciones, cuya regla es el otorgamiento directo (art. 92.1). La publicación de las solicitudes que prevé el art. 96.4 es un trámite de la concurrencia, no una vía para otorgar directamente, y la ley no habla de subasta.

Es un uso privativo con instalaciones desmontables, y para él el art. 86.2 pide autorización salvo que la duración exceda de cuatro años: entonces, concesión. Con seis años, concesión, y por el plazo, no por la clase de instalación. Y no la otorga el Consejo de Ministros: las concesiones sobre los bienes demaniales del Patrimonio del Estado las otorgan los ministros de los departamentos a que están afectados, o los presidentes o directores de los organismos que los tienen adscritos (art. 95). Y la autorización no puede pasar de cuatro años incluidas las prórrogas (art. 92.3), así que no cabe prorrogarla hasta seis.

El art. 94 cierra las concesiones demaniales a quien esté incurso en una prohibición de contratar, y su párrafo segundo extiende el efecto a lo que pasa después: si el titular incurre en ella una vez otorgada la concesión, la concesión se extingue. No basta con no prorrogarla ni con suspenderla. El distractor tentador es pensar que la prohibición se mira una sola vez, al otorgarla.

El art. 85.2 llama aprovechamiento especial al uso que, sin impedir el uso común, supone intensidad, preferencia en casos de escasez, una rentabilidad singular u otras circunstancias semejantes que determinan un exceso de utilización sobre el que corresponde a todos. Es el caso: no excluye a nadie, pero no es el uso igual e indistinto del uso común (art. 85.1). La clase de uso no depende de cuánto dure: la duración decide el título que hace falta, no qué uso es. Y el uso privativo no lo define la intensidad, sino ocupar una porción del bien que limite o excluya a los demás, y aquí no hay ninguna.

El art. 93.2 manda formalizar toda concesión otorgada en documento administrativo, y añade que ese documento es título suficiente para inscribirla en el Registro de la Propiedad. Por eso no hace falta escritura pública, que es la tentación de quien piensa en el Registro. Tampoco se formaliza en un contrato: si la ocupación la necesita un contrato administrativo, la concesión es accesoria de él o sobra (art. 91.4), pero no se formaliza en él.

El art. 84.1 no admite excepciones: nadie puede, sin título otorgado por la autoridad competente, ocupar bienes de dominio público ni usarlos más allá del uso que corresponde a todos. Ese título es la autorización o la concesión (art. 86). Que la ocupación sea breve o no dé beneficio no la exime: una autorización puede ser gratuita (art. 92.5) y sigue siendo un título. Ni una comunicación previa ni el inventario lo sustituyen, y contra quien ocupa sin título la Administración ejerce sus prerrogativas (art. 84.2).

El art. 92.4 permite revocar la autorización unilateralmente, en cualquier momento y por razones de interés público, sin derecho a indemnización, cuando produzca daños en el dominio público; los otros supuestos son la incompatibilidad con condiciones generales posteriores, impedir actividades de mayor interés público y menoscabar el uso general. Que se otorgara por tiempo determinado no obliga a esperar a que venza. La indemnización es propia de otra forma de extinción, no de esta revocación: es el gemelo que más se confunde.

El art. 103.2 da veinte días naturales desde la notificación fehaciente de la decisión de enajenar, del precio y de las demás condiciones esenciales. Los treinta días naturales desde la inscripción de la venta en el Registro de la Propiedad son la otra rama del mismo apartado: rigen solo si no hubo notificación o si se vendió en condiciones distintas de las notificadas, y en el caso hubo notificación en forma.

El art. 93.3 fija el tope en 75 años, incluidas las prórrogas, salvo que las normas especiales aplicables establezcan otro menor. La excepción solo acorta: una norma especial puede bajar el plazo, no subirlo por encima de los 75 años de la ley. Cincuenta años no es ningún tope de esta ley. Las autorizaciones tienen otro, mucho más corto.

El art. 86.1 dice que el uso común puede realizarse libremente, sin más limitaciones que las derivadas de la naturaleza del bien, lo que establezcan los actos de afectación o adscripción y las disposiciones aplicables. El acto de afectación limita el uso, pero no lo somete a ningún título. La autorización y la concesión son los títulos del aprovechamiento especial y del uso privativo (art. 86.2 y 3), no del uso que corresponde a todos.

El art. 101.1 manda demoler las obras e instalaciones fijas al extinguirse la concesión, y lo hace el titular o, por ejecución subsidiaria, la Administración a costa del concesionario. Solo se mantienen si lo prevé expresamente el título concesional o lo decide la autoridad competente, y entonces la Administración las adquiere gratuitamente y libres de cargas (art. 101.2): esa es la regla del mantenimiento, no la de este caso. El derecho real del concesionario dura lo que la concesión (art. 97.2), así que no conserva nada.

El art. 92.1 fija una escalera: la autorización se otorga directamente a quien reúna las condiciones; si su número está limitado, en concurrencia; y si la concurrencia no procede porque no hay condiciones especiales que valorar, mediante sorteo, salvo que las condiciones que la rigen digan otra cosa. El otorgamiento directo es la regla, pero deja de valer cuando el número está limitado. El orden de presentación no aparece en la ley.