La enajenación, la cesión gratuita, el gravamen y la permuta

Según el art. 138.1, el acuerdo de incoación lleva implícita la declaración de alienabilidad de los bienes: no hace falta un acto aparte que diga que se pueden vender. La desafectación con baja en inventario es el efecto que el art. 142.2 da al acuerdo de enajenar bienes muebles, no a la incoación de la venta de un inmueble. Y pedir que se inicie el expediente no da a nadie un derecho preferente a comprar.

El art. 137.5 resuelve el empate atendiendo al interés general que concurra en el caso concreto. El sorteo es tentador porque la ley lo usa en otro sitio, no en la venta de inmuebles. La mejor oferta económica es el criterio de la subasta, y el orden de llegada de las solicitudes no lo menciona la ley.

El art. 138.5 permite al Ministro de Hacienda, a propuesta de la Dirección General del Patrimonio del Estado y previo informe de la Abogacía del Estado, acordar la improcedencia de la enajenación si, por razones sobrevenidas, considera el bien necesario para fines públicos. Y añade que ni la instrucción del expediente, ni la celebración de la subasta, ni la valoración de las ofertas generan derecho alguno para quienes optaron a comprar: no hay obligación de adjudicar ni indemnización. Suspender el procedimiento ya anunciado tampoco es cosa del Consejo de Ministros, sino de una orden del propio Ministro de Hacienda (art. 138.4).

El art. 145.1 limita la cesión gratuita a los bienes y derechos patrimoniales cuya afectación o explotación no se juzgue previsible, y para fines de utilidad pública o interés social de la competencia del cesionario. Un bien de dominio público no se cede así mientras siga afectado, y destinarlo a un servicio público no basta si el bien no reúne esa condición. Y que una venta fracasara no es el requisito: lo que cuenta es que no se prevea afectar ni explotar el inmueble.

El art. 132.1 admite cualquier negocio traslativo, típico o atípico, pero de carácter oneroso. La regla general solo admite la enajenación gratuita por la vía de la cesión de la sección 5.ª; para los muebles, el art. 143.3 permite además una cesión sin sus limitaciones. Que el bien no sea necesario es lo que permite enajenarlo (art. 131.1), no regalarlo; y la reserva del uso temporal (art. 131.2) acompaña a una venta, no la convierte en regalo. Ninguna autorización del Consejo de Ministros convierte en gratuita una enajenación fuera de la cesión.

El art. 154.1 aplica a la permuta las normas de la enajenación, con una salvedad: no hace falta convocar concurso ni subasta pública para adjudicarla. Lo demás se aplica, y por eso la competencia, la tasación y la depuración previa del inmueble siguen valiendo. El órgano competente puede, si quiere, invitar al público a ofrecer inmuebles para permutar mediante un anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» (art. 154.2), pero no está obligado.

Para los muebles cedidos, el art. 148.4 deja el régimen de control al acuerdo de cesión, pero fija una regla: si se han destinado al fin previsto durante cuatro años, se entiende cumplido el modo y la cesión pasa a ser pura y simple, salvo que el acuerdo diga otra cosa. Remitir cada tres años la documentación que acredita el destino es la obligación del art. 148.3 para los cesionarios de inmuebles, no de muebles. La reversión es la consecuencia de incumplir el fin (art. 150.1), no de cumplirlo; y la ley no condiciona nada a una autorización del Ministro de Hacienda.

Los inmuebles de los organismos públicos los enajenan sus presidentes o directores, o sus órganos colegiados de dirección si así lo prevén sus estatutos (art. 135.2). Pero el apartado 3 se aplica a los dos supuestos anteriores, el del Estado y el de los organismos: si la tasación excede de 20 millones de euros, la enajenación tiene que autorizarla el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda. El valor no cambia quién la acuerda, y por eso ni el Ministro de Hacienda sustituye al presidente ni basta con un informe de la Dirección General del Patrimonio del Estado.

La regla del art. 136.1 es depurar antes la situación física y jurídica del inmueble, deslindándolo si hace falta e inscribiéndolo si no lo está. Pero el apartado 2 permite vender sin esa depuración los bienes en trámite de inscripción o de deslinde, los que hay que segregar y los sujetos a cargas, siempre que el adquirente lo sepa y lo acepte. Esperar al final del deslinde es la regla, no una exigencia sin excepción; y la excepción no depende de la forma de venta ni de una autorización del Consejo de Ministros.

La cesión puede ser de la propiedad o solo del uso (art. 145.3), y cuando es de la propiedad el art. 145.4 cierra la lista: comunidades autónomas, entidades locales o fundaciones públicas. Las asociaciones declaradas de utilidad pública pueden ser cesionarias del uso, pero no de la propiedad, y por eso son el distractor que más engaña. Las organizaciones internacionales reciben cesiones en operaciones de paz, cooperación policial o ayuda humanitaria (art. 145.2), pero tampoco de la propiedad. Y una confesión religiosa aparece en la ley como posible compradora directa (art. 137.4.b), no como cesionaria.

Para los muebles, el art. 142.1 descentraliza la competencia: la tiene el titular del departamento, o el presidente o director del organismo público, que los tenga afectados o adscritos o los haya venido utilizando. La tentación es trasladar aquí la regla de los inmuebles, que enajena el Ministro de Hacienda con el expediente de la Dirección General del Patrimonio del Estado (art. 135.1). Y el art. 142 no le da ningún papel al Consejo de Ministros.

El art. 137.3 reserva el concurso a los bienes calificados expresamente como adecuados para venderse con criterios ligados a políticas públicas concretas, de modo que la venta ayude a aplicarlas; los identifica el Consejo de Ministros, que fija también los criterios y su ponderación. Adjudicar a la oferta económica más ventajosa es lo propio de la subasta (art. 137.2). Una subasta desierta y un fin de interés general no llevan al concurso, sino a la adjudicación directa (art. 137.4, letras d y c).