El Patrimonio del Estado y quién lo administra

La ley usa dos palabras para dos destinatarios. Un departamento ministerial solicita del Ministro de Hacienda la afectación de los bienes que necesita (10.4.d); un organismo público le solicita su adscripción (10.6.d), y la desadscripción cuando dejen de serle necesarios. Por eso el distractor de la afectación falla: es lo que pide un ministerio, no un organismo. El organismo no acuerda por sí mismo nada sobre bienes que no son suyos, y la cesión gratuita es otra figura, de la gestión patrimonial.

El art. 11.1 permite desconcentrar estas competencias y fija el rango del instrumento: un real decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda. No basta una orden ministerial ni una resolución de la Dirección General, y tampoco hace falta una ley: la propia Ley 33/2003 ya habilita la desconcentración por real decreto.

El art. 11.2 deja la avocación en manos del Consejo de Ministros sin condiciones: puede avocar discrecionalmente el conocimiento y la autorización de cualquier acto de adquisición, gestión, administración y enajenación. La propuesta de elevación que menciona el mismo apartado es otra vía, la del órgano competente, que puede proponer al Ministro de Hacienda llevar el asunto al Consejo; no es un requisito de la avocación. Tampoco depende de ninguna cuantía.

El art. 9.1 define el Patrimonio del Estado por sus titulares: la Administración General del Estado y los organismos públicos que dependen de ella o están vinculados a ella. Por eso no se queda en la Administración General del Estado sola. Las sociedades mercantiles estatales no son organismos públicos: lo que entra en el Patrimonio del Estado son las acciones que la Administración posee en ellas, no el patrimonio de la sociedad. Tampoco son organismos públicos las fundaciones estatales, así que su patrimonio no lo integra el 9.1.

El art. 13 obliga a que en todos los departamentos ministeriales y organismos públicos haya unidades encargadas de sus bienes del Patrimonio del Estado (13.1), y les pide coordinar sus actuaciones con la Dirección General del Patrimonio del Estado para la adecuada administración y la optimización de su uso (13.2). La Intervención General controla el gasto, no coordina la gestión patrimonial, y la Comisión Delegada para Asuntos Económicos solo aparece como destinataria de propuestas del Ministro (10.3.e).

El art. 10.4.b atribuye a cada departamento ministerial la vigilancia, la protección jurídica, la defensa, el inventario, la administración y la conservación de los bienes del Patrimonio del Estado que tenga afectados o cuya gestión le corresponda; por eso, además, es el obligado tributario por los tributos que graven esos bienes. La Dirección General del Patrimonio del Estado tiene esas mismas funciones, pero sobre los bienes patrimoniales de la Administración General del Estado (10.5.f), no sobre los afectados a un ministerio. Y aunque el art. 9.2 encomienda al Ministerio de Hacienda la gestión de los bienes de la Administración General del Estado, el 10.4.b deja estas funciones, sobre lo afectado, en el departamento que lo usa.