El patrimonio empresarial de la Administración General del Estado

El art. 166.4 trata esos fondos como el capital aportado para constituir la entidad y les da el contenido propio de una participación: derecho a una parte de las ganancias de la entidad y a una parte del patrimonio que resulte de su liquidación. No son un crédito exigible cada año —son capital, no un préstamo—, ni la ley los vincula a la reversión de bienes adscritos o al nombramiento de consejeros.

El art. 169.j) reserva al Consejo de Ministros la autorización de la compra o la venta de acciones por la Administración General del Estado o sus organismos cuando el importe de la transacción supere los 10 millones de euros. Es la misma cifra que la letra k) usa para las operaciones de adquisición o enajenación que conllevan un saneamiento, allí medida por su coste estimado. Por debajo, decide el Ministro de Hacienda o el presidente o director del organismo (arts. 171 y 174), salvo que otra letra del art. 169 exija la autorización. Los 20 millones son el umbral de otra autorización del Consejo de Ministros, la de enajenar inmuebles (art. 135.3), no la de acciones.

Para las reestructuraciones del sector público empresarial del art. 168.1, la ley pide en todos los casos el informe previo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, la que coordina la política económica dentro del Gobierno. La Intervención General controla las finanzas de estas entidades, pero no informa este acuerdo. Y el mercado de valores queda fuera a propósito: el art. 168.3 dice que estas operaciones no están sujetas a su legislación ni al régimen de oferta pública de adquisición.

El art. 166.2 delimita un grupo dentro de las sociedades mercantiles estatales con dos rasgos a la vez: forma de sociedad anónima y capital entero —directa o indirectamente— de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos. El umbral de «más del 50 por 100» es uno de los dos criterios con que el art. 166.1.c) define a las sociedades mercantiles estatales, no el de las del 166.2, y por eso es el distractor tentador. Ni la cotización ni el modo de creación forman parte de la definición. A estas sociedades se refieren después las disposiciones especiales de los arts. 176 a 182.

El art. 175.5 cierra la lista de supuestos de adjudicación directa: limitaciones estatutarias a la libre transmisión o derechos de adquisición preferente; un adquirente del sector público, sea de derecho público o privado; una subasta desierta o fallida; y la venta a la propia sociedad o a otros socios. Ni la urgencia ni la condición de acreedor están en ella. El encargo a un intermediario financiero es la vía del 175.3, y solo para valores que cotizan: estos no cotizan.