Las prerrogativas: investigación, deslinde, recuperación de la posesión y desahucio

El art. 51.1 reparte el deslinde de los patrimoniales del Estado en tres manos: lo incoa el Director General del Patrimonio del Estado, lo instruyen los Delegados de Economía y Hacienda y lo resuelve el Ministro de Hacienda. El Director General es el distractor tentador porque aquí incoa él, y en otra prerrogativa también resuelve. El departamento que tiene el bien afectado entra en el deslinde de los demaniales, donde acuerda la incoación (art. 51.2).

El art. 64 obliga al Catastro, a los Registros de la Propiedad y a los demás registros y archivos públicos a dar esa información gratis cuando la Dirección General del Patrimonio del Estado se la pide, tanto para gestionar el Inventario General como para ejercer las prerrogativas del art. 41. Los aranceles son el distractor tentador porque los registros cobran por lo que expiden; aquí la ley los excluye. Tampoco hay periodicidad fija ni autorización judicial.

El desahucio administrativo recupera un bien demanial de quien lo ocupaba con título cuando ese título decae (art. 58), y por eso el art. 59.1 exige primero declarar extinguido o caducado el título que daba el derecho de uso. Esa declaración la hace la propia Administración, en vía administrativa y con audiencia (art. 59.2): no hace falta sentencia. El año es el plazo de la recuperación de los patrimoniales (art. 55.3), que no rige aquí.

El art. 44 manda comunicar al Ministerio Fiscal los indicios de delito que surjan en estos procedimientos, pero «sin perjuicio de continuar con la tramitación»: la defensa del patrimonio no espera a la causa penal. La suspensión es la respuesta tentadora porque es lo que ocurre en otros procedimientos —el sancionador, por ejemplo— cuando hay identidad con un delito; aquí la ley dice lo contrario.

El art. 48.3 ata el premio a la venta: se devenga cuando los bienes investigados se han vendido y se calcula sobre el importe líquido que se obtuvo. La resolución que cierra la investigación solo dice si la denuncia reúne los requisitos para cobrarlo (art. 48.2). Ni la inscripción ni la inclusión en el Inventario lo hacen nacer: son consecuencias de la incorporación (art. 47.d), no de la venta. Solo hay una salida si la venta no llega: pasados cinco años desde la incorporación, el denunciante puede reclamar el premio, y entonces se calcula sobre el valor catastral (art. 48.4).

El art. 41.3 recorta las prerrogativas a las entidades públicas empresariales —y a sus asimilables autonómicas y locales—: solo pueden usarlas para defender bienes demaniales. Es el reverso de lo tentador: como esas entidades se mueven sobre todo en el tráfico patrimonial, cuesta pensar que ahí, justamente, no puedan usarlas. Para sus bienes patrimoniales acuden a los medios del Derecho común, como cualquier propietario. La inscripción registral no es lo que decide.

El art. 63.1 asegura la comunicación por la vía del Registro: el registrador de la propiedad no inscribe ninguna escritura en la que falte la manifestación del notario de haberla remitido. La ley no declara nula la escritura ni da a la Administración un poder para anularla; lo que la escritura no consigue es el acceso al Registro. La obligación alcanza a los actos y contratos que no otorgan el Ministro de Hacienda, el Director General del Patrimonio del Estado ni los Delegados de Economía y Hacienda.

El art. 43.1 cierra el paso al antiguo interdicto: frente a lo que la Administración hace al ejercer sus prerrogativas, y por el procedimiento establecido, no cabe la tutela sumaria de la posesión de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y la demanda no se admite a trámite. Es la misma idea que el art. 105 de la Ley 39/2015 para las actuaciones administrativas en general. No se reenvía a otro orden ni suspende nada: el año que suena es el del art. 55.3, que acota la recuperación de oficio de los patrimoniales; no abre ninguna vía al ocupante.

El art. 50.1 da dos supuestos para deslindar: que los límites entre los inmuebles sean imprecisos o que haya indicios de usurpación. La petición de los colindantes es una de las formas de iniciar el procedimiento, junto con la iniciativa propia de la Administración (art. 52.a), no una condición para deslindar. Tampoco depende de la inscripción: si la finca está inscrita, también se inscribe el deslinde (art. 53.1).

Para los bienes patrimoniales, el art. 55.3 solo permite la recuperación en vía administrativa si se actúa antes de que pase un año, contado desde el día siguiente a la usurpación y en la forma que el propio artículo precisa; pasado ese plazo, hay que acudir al juez civil. A los catorce meses, la vía administrativa ya está cerrada. «En cualquier tiempo» es la regla de los demaniales (art. 55.2), no de un solar patrimonial. Y el desahucio administrativo no sirve aquí: es para los demaniales, frente a quien los ocupaba con un título que ha decaído (art. 58), no frente a quien nunca lo tuvo.

El art. 53.2 hace de la resolución aprobatoria del deslinde título suficiente para que la Administración inmatricule los bienes, siempre que contenga los demás extremos que exige el art. 206 de la Ley Hipotecaria. No hace falta sentencia ni conformidad de los colindantes. La firmeza la pide la ley para inscribir el deslinde (arts. 52.d y 53.1).

El art. 55.3 no exige que dentro del año se resuelva ni se ejecute nada: basta con que la iniciación del procedimiento se haya notificado antes de que pase ese plazo, contado desde el día siguiente a la usurpación. El requerimiento para que el ocupante cese llega después, dentro del procedimiento y previa audiencia (art. 56.a), y el lanzamiento, solo si hay resistencia (art. 56.b).

El art. 47.e) da dos años, contados desde el día siguiente al de la publicación del acuerdo de incoación en el «Boletín Oficial del Estado», y pasado ese plazo se archiva sin más trámite. El año es el plazo de la recuperación posesoria de los patrimoniales (art. 55.3), que es otra cosa. El deslinde tiene otro plazo, contado desde otro día.

Quién es propietario, o qué derecho tiene un particular sobre el bien, es una cuestión de naturaleza civil, y el art. 41.2 la reserva a los órganos del orden civil aunque surja al ejercer una prerrogativa. La Administración usa sus potestades para defender la posesión y deslindar, pero no decide por sí misma la propiedad en disputa. El contencioso-administrativo es la respuesta tentadora porque controla los actos dictados al ejercerlas; lo civil de fondo, en cambio, va al juez civil.

El art. 57.1 confía la recuperación posesoria de los bienes del Estado al Delegado de Economía y Hacienda del lugar donde radiquen, que da cuenta al Director General del Patrimonio del Estado, o a este mismo directamente. Si el bien está adscrito a un organismo o afectado a un departamento, decide su presidente o director o el ministro titular, también dando cuenta a esa Dirección General. El Ministro de Hacienda es el distractor tentador porque interviene en otras prerrogativas sobre estos mismos bienes.