La protección del patrimonio, el inventario y el registro

El art. 31 no prohíbe transigir, judicial ni extrajudicialmente, sobre los bienes y derechos del Patrimonio del Estado, ni someter a arbitraje las contiendas sobre ellos, pero los sube al máximo nivel: hace falta un real decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda y previo dictamen del Consejo de Estado en pleno. La negativa tienta porque la norma empieza por «No se podrá», pero sigue con «sino mediante»: es un requisito, no un veto. Ni una orden ministerial ni un acuerdo de la propia Dirección General bastan. El art. 7.3 de la Ley 47/2003 exige lo mismo para transigir sobre los derechos de la Hacienda Pública estatal.

El art. 29.2 extiende el deber de custodia y defensa a los titulares de concesiones y de otros derechos sobre bienes de dominio público: quien usa en exclusiva un bien demanial responde también de cuidarlo. Los registradores son el distractor tentador porque la misma ley les da deberes, pero son deberes de comunicar (arts. 38 y 39), no de custodiar. Ni los colindantes ni el denunciante asumen obligación alguna.

El art. 28 concreta el deber de proteger y defender el patrimonio en tres frentes: protegerlo adecuadamente, procurar su inscripción registral y ejercer las potestades administrativas y las acciones judiciales que procedan. Vender, afectar o ceder son decisiones de gestión con su propio régimen, no medios de defensa. La afectación tienta porque parece blindar el bien, pero decide su destino; lo que lo protege frente a terceros es que conste en el registro.

El art. 32.2 parte de la totalidad del Patrimonio del Estado y exceptúa, entre otros, lo que los organismos públicos adquieren con el propósito de devolverlo al tráfico jurídico patrimonial según sus fines peculiares: es mercancía de paso, no patrimonio estable. El inmueble demanial y el usufructo (un derecho real sobre inmueble) están dentro, igual que los arrendamientos de inmuebles ajenos, que el art. 33.2.b) incluye expresamente. Que el arrendamiento no sea propiedad tienta, pero también se inventaría.

El art. 36.1 impone la inscripción de los bienes y derechos inscribibles, «ya sean demaniales o patrimoniales», y de los actos y contratos sobre ellos, con una sola salvedad: los arrendamientos inscribibles conforme a la legislación hipotecaria, cuya inscripción es potestativa. Los demaniales son la respuesta tentadora, porque al no poder venderse parece que no necesitan registro; pero la ley los nombra expresamente, y estar en el inventario no sustituye al registro, que es lo que protege frente a terceros.

El art. 33.4 dice que el Inventario General no es un registro público: sus datos son información de apoyo para la gestión interna y para definir políticas, no surten efectos frente a terceros y no sirven para hacer valer derechos frente a la Administración. Compararlo con el Registro de la Propiedad es la confusión tentadora, porque los dos «inscriben» bienes; pero la fe pública y la protección de terceros son del Registro, y por eso la ley obliga además a inscribir en él (art. 36).

El art. 32.4 fija un mínimo común para el inventario de las comunidades autónomas, las entidades locales y sus entidades de Derecho público: los bienes inmuebles y los derechos reales sobre ellos, sean demaniales o patrimoniales. Cada Administración puede ir más allá, pero no quedarse por debajo. Limitarlo al dominio público tienta, porque es lo que más se asocia a la protección, pero el mínimo se define por la naturaleza del bien (inmueble), no por su clase jurídica.

El art. 32.1 pide que el inventario recoja, con suficiente detalle, tres cosas: lo que identifica el bien, su situación jurídica y el destino o uso al que se dedica. Es lo que permite saber qué se tiene, con qué título y para qué sirve. La ley no exige ahí una tasación anual, ni los rendimientos, ni el nombre de un funcionario custodio: la custodia corresponde a los titulares de los órganos que tienen el bien a su cargo (art. 29), no a una anotación del inventario.

El art. 30.4 hace pagar la pérdida a quien la causó: se compensa con cargo a los créditos del departamento responsable, mediante una reasignación presupuestaria que se tramita como transferencia de crédito. El distractor tentador es el programa «Gestión del Patrimonio del Estado», que aparece en el mismo apartado, pero como destino de esa transferencia, no como origen: es el que recupera el valor perdido. Ni el Fondo de Contingencia ni un crédito extraordinario intervienen.

El art. 38 obliga al registrador a avisar cuando inscribe excesos de cabida o inmatricula fincas colindantes con otras de una Administración, para que esta pueda defender sus lindes. La regla general manda el aviso a los órganos que administran la finca pública (38.1), pero para los inmuebles de la Administración General del Estado el art. 38.3 fija un destinatario concreto: el Delegado de Economía y Hacienda. La Dirección General del Patrimonio y el departamento tientan porque gestionan el inmueble, pero la ley no les dirige este aviso.