Los actos preparatorios, la prueba anticipada y las medidas cautelares

El art. 76.1 permite pedir que el futuro demandado declare acerca de algún hecho relativo a su personalidad, capacidad, representación o legitimación, o que aporte con esa finalidad algún documento cuyo conocimiento sea necesario para el juicio. Es un acto preparatorio: sirve para saber contra quién y cómo se demanda, no para adelantar el fondo. Por eso no alcanza a los hechos en que se funda la pretensión, que se prueban en el juicio, ni a los bienes del demandado, que se buscan cuando hay que asegurar o ejecutar, ni a los testigos de la otra parte.

El art. 79.1 exime de las cauciones, garantías e indemnizaciones ligadas a las medidas cautelares a los trabajadores y beneficiarios de prestaciones de la Seguridad Social, a los sindicatos en cuanto ostentan la representación colectiva de sus intereses y a las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos económicamente dependientes. Las asociaciones empresariales no están en la lista: la exención protege a la parte que defiende el trabajo, no a quien representa a los empresarios.

El art. 76.5 prevé que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuando el centro inspeccionado coincida con el domicilio de la persona afectada, pueda solicitar la correspondiente autorización judicial si el titular se opone o existe riesgo de que se oponga. El domicilio es inviolable y, sin consentimiento, solo un juez puede autorizar la entrada: no la autorizan el Ministerio Fiscal ni el alcalde, y la policía no puede suplir esa orden. No hace falta esperar a la negativa: basta el riesgo de oposición.

El art. 79.1 remite a los arts. 721 a 747 de la LEC, con las particularidades del proceso social y oídas las partes, pero permite anticipar en forma motivada la efectividad de las medidas cuando el solicitante lo pida y acredite que hay razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida. La caución no sirve de llave: en lo social, los trabajadores, los beneficiarios y los sindicatos ni siquiera la prestan. Y la incomparecencia de la otra parte no adelanta nada: si se la oye, la medida ya no se anticipa.

El art. 79.4 permite presentar la solicitud de embargo preventivo en cualquier momento del proceso antes de la sentencia, y añade que no por ello se suspende el curso de las actuaciones. No hace falta pedirlo con la demanda ni se cierra con el juicio; y la ley no lo prevé después de la sentencia, aunque no sea firme: desde ahí, el aseguramiento pasa por la consignación para recurrir y por la ejecución.

El art. 78.1 permite a quien pretenda demandar, o presuma que va a ser demandado, pedir previamente al juez o tribunal la práctica anticipada de algún medio de prueba, e incluye el examen de testigos por su edad avanzada o por peligro inminente de su vida. No hay que esperar a que empiece el proceso: la anticipación una vez iniciado es otro supuesto (art. 78.2). El acto de conciliación sirve para avenirse, no para practicar prueba, y la ley no encarga a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social asegurar la prueba de un juicio: lo que el art. 78.1 prevé es pedírselo al juez.