La casación y la casación para la unificación de doctrina

El art. 208.1 se conforma con la mera manifestación de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o representante, hecha al notificársele la sentencia: con eso el recurso queda preparado. La comparecencia y el escrito ante la Sala que dictó la resolución (art. 208.2) son otras formas de prepararlo dentro del mismo plazo, no un requisito añadido a la manifestación, y la preparación nunca se hace ante el Supremo.

El art. 208.1 fija cinco días siguientes a la notificación de la sentencia para preparar la casación. Preparar es solo anunciar el propósito de recurrir: el escrito que razona los motivos se formaliza después, en el plazo que concede el letrado. La casación para la unificación de doctrina tiene su propio plazo de preparación, más largo (art. 220.1).

El art. 209.1 cierra todo recurso contra la resolución que tiene por preparada la casación, y tampoco abre un trámite para oponerse a la preparación; pero no deja indefensa a la recurrida: puede oponerse a la admisión en el trámite del art. 211.1, que es el de impugnación del recurso. El texto dice todavía «secretario judicial»: desde la LO 7/2015 (DA 1.ª) es el letrado de la Administración de Justicia.

El art. 213.1 dispone que, si el defecto subsanable no se corrige en tiempo y forma, la Sala inadmite el recurso por auto, con pérdida del depósito, y que contra ese auto solo procede la reposición. No hay que confundirlo con el auto que inadmite por una de las causas del art. 213.4, que no es recurrible (art. 213.5). La revisión es el recurso contra los decretos del letrado, y la queja, contra el auto que no deja llegar el recurso al Supremo.

El art. 220.1 da diez días siguientes a la notificación de la sentencia impugnada para preparar este recurso, y lo puede preparar cualquiera de las partes o el Ministerio Fiscal. Durante ese plazo, los autos están a su disposición en la oficina judicial del Tribunal Superior de Justicia.

El art. 219.3 c) considera de reciente vigencia o aplicación las normas que llevan menos de cinco años en vigor cuando se inicia el proceso en la instancia. Es uno de los supuestos en que el fiscal, en defensa de la legalidad, puede interponer este recurso de oficio o a instancia de los sindicatos, las organizaciones empresariales, las asociaciones de autónomos dependientes o las entidades públicas con interés legítimo, aparte de su facultad ordinaria de prepararlo como cualquier parte (art. 220.1).

El art. 221.1 separa los dos lugares: el escrito se dirige a la Sala de suplicación, que es la que tiene los autos, pero el domicilio para notificaciones se designa ya en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que es donde se va a seguir el recurso. Así las notificaciones del Supremo no dependen de la sede del Tribunal Superior ni del domicilio de la parte.

El art. 210.1 manda presentar el escrito de formalización ante la Sala que dictó la resolución impugnada, firmado por el abogado designado, que desde ese momento asume la representación de la parte en el recurso. Es esa Sala la que da traslado a las demás partes para impugnarlo y la que, después, eleva los autos al Supremo (arts. 211 y 212). La Fiscalía de lo Social del Supremo interviene más tarde, para informar.

El art. 219.1 exige que las sentencias de suplicación sean contradictorias entre sí, con la de otra u otras Salas de los Tribunales Superiores o con sentencias del Tribunal Supremo, en litigantes en idéntica situación y con hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales. Las sentencias de instancia no sirven de contraste, un auto de inadmisión no es una sentencia y un laudo no es doctrina de un tribunal. Con requisitos propios caben también las del Tribunal Constitucional, las de los tribunales internacionales de derechos humanos y las del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (art. 219.2).

El art. 218 reserva la unificación de doctrina a las sentencias que las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia dictan en suplicación. Lo que esas Salas y la de la Audiencia Nacional deciden en única instancia va por la casación del art. 205, y lo que deciden las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia se recurre primero en suplicación.

El art. 221.2 exige que el escrito de preparación esté firmado por abogado, que acredita la representación de la parte si no consta antes en las actuaciones. El graduado social colegiado puede actuar en la instancia y en la suplicación, pero en la casación y ante el Tribunal Supremo la defensa de abogado es preceptiva (art. 21.1). Tampoco basta, como en la casación del art. 208.1, la mera manifestación de la parte al notificársele la sentencia.

El art. 223.4 emplaza a las demás partes para que se personen por escrito, por medio de letrado, ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dentro de los diez días siguientes; pero a la recurrente la tiene por personada de derecho con la remisión de los autos. El escrito en diez días es la carga de las recurridas, no la de quien recurre.

El art. 209.3 da quince días para formalizar la casación, por el orden de preparación, y durante ese plazo los autos están a disposición del letrado del recurrente en la oficina judicial; el plazo corre cualquiera que sea el momento en que los recoja o los examine. Si la Sala puede dar acceso simultáneo a todos los recurrentes, el plazo es común. El texto dice todavía «secretario judicial»: desde la LO 7/2015 (DA 1.ª) es el letrado de la Administración de Justicia.

El art. 225.1 deja en manos del letrado el defecto insubsanable de haberse preparado o interpuesto el recurso fuera de plazo: lo cierra él mismo por decreto, contra el que solo cabe revisión. Los diez días son para los defectos subsanables, y al ponente van los autos sin defectos o con defectos insubsanables distintos del plazo (art. 225.2). En la casación del art. 205 no hay esta vía: la preparación fuera de plazo la ataja la Sala de instancia por auto (art. 209.2), y los defectos insubsanables que el letrado aprecie ya en el Supremo los resuelve la Sala (art. 213.2).

El art. 215 a) da un efecto propio a la falta de jurisdicción, la incompetencia y la inadecuación del procedimiento: se anula la sentencia y se deja a salvo el derecho a ejercitar las pretensiones ante quien corresponda o por el procedimiento adecuado. Reponer las actuaciones es el efecto del quebrantamiento de forma (art. 215 b)), y resolver el fondo, el de los demás motivos (art. 215 c)); ninguno sirve cuando el proceso entero se siguió por un cauce equivocado.

El art. 205.2 da dos meses desde la notificación del acto impugnado, o desde la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición potestativo, para presentar el escrito que pide que se tenga por anunciada la impugnación, con copia del acto. Es un proceso en única instancia ante el Supremo, no un recurso: después se reclama el expediente y el recurrente formaliza la demanda en el plazo común de quince días, y contra la sentencia no cabe ulterior recurso.

El art. 205.1 abre la casación contra lo que deciden en única instancia las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia y la de la Audiencia Nacional. Lo que resuelven en la instancia las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia (los antiguos Juzgados de lo Social, LO 1/2025) se recurre en suplicación, y la sentencia que la Sala del Tribunal Superior dicta en suplicación solo llega al Supremo por la vía de la unificación de doctrina. Las Salas de lo Contencioso-administrativo no son del orden social.

El art. 225.5 resuelve la inadmisión de la unificación de doctrina por providencia sucintamente motivada, en tres días, que declara la firmeza de la resolución recurrida y no admite recurso. El auto no recurrible es la forma de la inadmisión en la casación contra resoluciones de única instancia (art. 213.5); la reposición solo cabe allí contra el auto que inadmite por no haberse subsanado un defecto (art. 213.1).

El art. 226.3 manda dar traslado a la Fiscalía para que informe en diez días, se hayan presentado o no escritos de impugnación, e incluso cuando el fiscal es parte, a los estrictos fines de defensa de la legalidad. La única excepción es que el recurso lo haya interpuesto directamente el Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad (art. 219.3): no tendría sentido pedirle informe sobre su propio recurso.

El art. 206.1 hace recurribles en casación todas las sentencias de única instancia de las Salas de lo Social, con una sola excepción por cuantía: las dictadas al impugnar actos administrativos de las letras n) y s) del art. 2 cuando lo discutido no pasa de ciento cincuenta mil euros. La propia norma salva de ese límite, y las hace recurribles en todo caso, las que impugnan la resolución administrativa de los procedimientos del art. 51.7 del Estatuto de los Trabajadores. Las otras cifras no son umbrales de este recurso.