Los conflictos colectivos y la tutela de los derechos fundamentales

El art. 167.1 legitima para impugnar la denegación del depósito a quienes están detrás del sindicato que nace: sus promotores y los firmantes del acta de constitución. El Ministerio Fiscal no es el legitimado activo aquí, sino parte siempre del proceso, junto con la Administración de la que depende la oficina de depósito (167.2). Los afiliados aparecen en otro supuesto, el de la modificación de estatutos de un sindicato ya constituido, y solo como coadyuvantes (art. 172.2).

El art. 160.1 manda citar a las partes para un juicio en única convocatoria dentro de los cinco días siguientes a la admisión de la demanda o de la comunicación de la autoridad laboral; la cita la hace el letrado de la Administración de Justicia, el «secretario judicial» del texto. Es el reflejo del carácter urgente del proceso (art. 159). Tres días es otro plazo del mismo artículo, el de dictar sentencia (160.2), y dos días es el mínimo que debe mediar entre la citación y el juicio en la tutela de derechos fundamentales (181.1).

Cuando el lesionado es el trabajador, él es la parte principal, y el art. 177.2 permite personarse a su lado como coadyuvantes a su sindicato, a cualquier sindicato más representativo y, en la discriminación, a las entidades que defienden esos intereses. Pero la ley pone un límite expreso: no pueden personarse, recurrir ni continuar el proceso contra la voluntad del trabajador perjudicado. Ser más representativo da derecho a coadyuvar, no a sustituirle.

El art. 181.1 fija dos límites a la vez: los actos de conciliación y juicio se celebran dentro del plazo improrrogable de los cinco días siguientes a la admisión de la demanda, y entre la citación y su celebración han de mediar, como mínimo, dos días. Cinco días es, por tanto, el techo para celebrar el juicio desde la admisión, no el mínimo desde la citación; y diez días es el mínimo del proceso ordinario (art. 82.1), que la urgencia de la tutela reduce a dos.

El intento de conciliación o mediación es requisito del proceso de conflicto colectivo (art. 156.1), y su acuerdo no es un simple contrato entre los firmantes: el art. 156.2 le da, según su naturaleza, la eficacia de los convenios colectivos del art. 82 del Estatuto de los Trabajadores, siempre que las partes tengan legitimación para negociar y respeten sus requisitos. Por eso se envía copia a la autoridad laboral. Tampoco se equipara a una sentencia: es un acuerdo con valor de convenio.

El art. 179.4 distingue dos casos. Si la demanda no debe seguir esta modalidad y no es subsanable, se rechaza de plano, advirtiendo al demandante de su derecho a ir por el cauce correcto. Pero si el juez o la Sala es competente para el procedimiento adecuado y la demanda reúne sus requisitos, no se rechaza: se le da la tramitación ordinaria o especial que corresponda. El rechazo de plano es, por tanto, la salida para cuando no hay reconducción posible.

El art. 153.3 lleva al proceso de conflictos colectivos dos litigios sobre la información de los representantes: la decisión de la empresa de declarar reservada una información o de no comunicarla, y el cumplimiento del deber de sigilo por los representantes y sus expertos. Por eso añade que el juez o la Sala adoptará las medidas para salvaguardar el carácter reservado de esa información. No es un pleito ordinario ni de impugnación de convenio: no se discute ninguna cláusula pactada, sino una decisión empresarial que afecta al órgano de representación.

El art. 183.3 declara compatible la indemnización por la lesión del derecho fundamental con la que corresponda por la modificación o la extinción del contrato o por otros supuestos del Estatuto de los Trabajadores y las demás normas laborales. Son reparaciones de cosas distintas: una, la del contrato que se pierde o se modifica; la otra, la del daño moral y los perjuicios de la vulneración. Ninguna absorbe ni descuenta a la otra.

El art. 160.5 da a la sentencia firme de conflicto colectivo efecto de cosa juzgada sobre los procesos individuales con idéntico objeto o en directa conexión, y para que ese efecto sea posible los deja en suspenso mientras se tramita el conflicto. Lo dice expresamente para el caso tentador: la suspensión se acuerda aunque ya haya sentencia de instancia y esté pendiente la suplicación o la casación. No se acumulan ni se archivan: esperan, y luego el tribunal del recurso queda vinculado por la sentencia colectiva.

El art. 185 separa dos momentos. La petición se formula ante el órgano que dictó la sentencia firme que se pretende rescindir (185.4), que puede ser la Sala que resolvió el recurso. Pero la audiencia misma se sustancia ante el órgano que conoció del litigio en instancia (185.5), por los trámites del proceso ordinario: es allí donde el demandado puede defenderse de lo que no pudo discutir.

El art. 184 enumera las demandas que, aunque invoquen la lesión de un derecho fundamental, van inexcusablemente por su modalidad propia, con carácter preferente y acumulando en ellas la pretensión de tutela: despido y demás extinciones, modificaciones sustanciales, suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, vacaciones, materia electoral, impugnación de estatutos sindicales, movilidad geográfica, conciliación del art. 139, impugnación de convenios y sanciones. La suspensión está en esta lista aunque no figure entre las acciones no acumulables del art. 26.1. La reclamación de salarios y la de antigüedad no están en ella, y tampoco la de categoría superior, aunque la clasificación profesional tenga modalidad propia (art. 137): a ninguna de ellas le impone el art. 184 su cauce.

Que nadie impugnara directamente el convenio no impide discutir sus actos de aplicación en conflictos posteriores (art. 163.4). Si en uno de ellos el juez o tribunal aprecia la ilegalidad de una cláusula, la comunica al Ministerio Fiscal, que decidirá si la plantea por la modalidad de impugnación de convenios colectivos, en la que está legitimado (art. 165.1.a). La autoridad laboral es quien comunica de oficio la impugnación al juzgado, no quien recibe el aviso, y la comisión paritaria interpreta el convenio, no lo anula.

El art. 172 aplica las reglas de la denegación del depósito también a las modificaciones de los estatutos, y fija quién litiga: impugnan los representantes del sindicato, y sus afiliados pueden comparecer como coadyuvantes, apoyando su posición sin ser la parte principal. No son demandados: la resolución impugnada es de la Administración, que con el Ministerio Fiscal es parte siempre en estos procesos (art. 167.2).

Mientras el convenio no está registrado, quien sostiene su ilegalidad o se dice lesionado debe pedir primero a la autoridad laboral que lo comunique de oficio al juzgado o Sala (art. 163.2). El art. 163.3 le abre la vía directa, por los trámites del conflicto colectivo, en tres casos: si la autoridad no contesta en quince días, si desestima la solicitud o si el convenio ya está registrado. Diez días es otro plazo del bloque, el de subsanar los defectos de la comunicación (art. 164.3).

El art. 179.2 no da a la tutela un plazo propio: la demanda se interpone dentro del plazo general de prescripción o caducidad previsto para las conductas o actos en que se concreta la lesión. Si la lesión se concreta en un acto con plazo de caducidad corto, rige ese; si no, el de prescripción que corresponda. Veinte días hábiles es el plazo del despido (art. 103.1), que solo se aplica cuando la lesión es un despido, y entonces la demanda va además por la modalidad de despido (art. 184).

El art. 180.5 encadena dos plazos muy cortos: dentro del día siguiente a la admisión de la demanda o a la solicitud, el letrado de la Administración de Justicia (el «secretario judicial» del texto) cita a las partes y al fiscal, y la audiencia se señala dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. En ella solo se discute la justificación y la proporcionalidad de las medidas, y el solicitante aporta un principio de prueba. Las veinticuatro horas tientan porque recuerdan al «día siguiente», pero ese es el plazo de la citación, no el de la audiencia.

El art. 180.6 manda resolver sobre las medidas cautelares al término de la audiencia preliminar y por auto dictado de viva voz, adoptando en su caso las medidas para reparar la situación: la urgencia no deja margen para redactarlo después. La sentencia no es el momento de decidir si se adoptan, aunque sí dispone después lo procedente sobre las que se hubieran adoptado (art. 182.2). Al ser una decisión sobre medidas cautelares, la forma es la de auto, no la de providencia.

La ley distingue dos motivos de impugnación con legitimaciones distintas. Por ilegalidad impugnan las representaciones, los sindicatos, las asociaciones empresariales, el Ministerio Fiscal y las Administraciones (165.1.a); por lesividad, solo los terceros cuyo interés haya resultado gravemente lesionado (165.1.b). El fiscal es siempre parte en estos procesos (165.4), pero no está legitimado para promover la impugnación por lesividad. Y la propia ley aclara que no son terceros los trabajadores ni los empresarios incluidos en el ámbito del convenio: el convenio es suyo, y no pueden alegar que lesiona a un tercero.

El art. 161 cierra la puerta a los recursos contra las resoluciones de tramitación del proceso de conflicto colectivo, un proceso urgente y preferente (art. 159), con una sola excepción: la declaración inicial de incompetencia, que sí se puede recurrir. La reposición queda fuera también por el art. 186.4, que no la admite contra las providencias, autos, diligencias de ordenación y decretos de los procesos de conflictos colectivos. La regla mira a las resoluciones de trámite: la sentencia tiene sus propios recursos (art. 191.3.f).

El art. 183.2 impide que la dificultad de probar el importe exacto deje a la víctima sin reparación: el tribunal se pronuncia sobre la cuantía y la determina prudencialmente, con un doble fin, resarcir suficientemente a la víctima y prevenir el daño. Por eso el art. 183.1 obliga a pronunciarse siempre sobre la indemnización cuando se declara la vulneración, tanto por el daño moral como por los perjuicios adicionales: ni se aplaza ni se desestima por falta de prueba exacta.