El depósito y la consignación para recurrir y la revisión de sentencias firmes

Desde el Real Decreto-ley 6/2023 (en vigor el 20 de marzo de 2024), el art. 234.1 cierra la puerta: acordada la acumulación, el tribunal no puede deshacerla salvo que no se cumplieran las prescripciones legales sobre acumulación o que la Sala justifique de forma motivada que causaría perjuicios desproporcionados a la tutela judicial efectiva de los demás intervinientes. La de las causas sobrevenidas para tramitarlos por separado es la redacción anterior: ya no rige.

El art. 230.5 da cinco días para subsanar, antes de resolver sobre el anuncio o la preparación, y la insuficiencia de la consignación o del aseguramiento es el primero de los defectos subsanables de su lista (letra a), con los del depósito y los de representación. La ley dice «secretario judicial»: hoy, letrado de la Administración de Justicia. Dos días es el plazo de subsanación del depósito de la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ, que no rige aquí. Si no se subsana, auto que pone fin al trámite y deja firme la resolución, recurrible en queja (art. 230.6).

En materia de Seguridad Social, el art. 230.2.a) manda al condenado a pagar una prestación ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social el capital coste de la pensión o el importe de la prestación, para abonarla al beneficiario mientras dura el recurso. La certificación de que comienza el abono es lo que presenta la entidad gestora condenada, que está exenta de ese ingreso (art. 230.2.c). La consignación en la cuenta del órgano es la regla general del art. 230.1, que solo rige cuando no procede el ingreso del capital coste; la fianza personal no la prevé la ley.

El art. 236.1 abre la revisión contra toda sentencia firme del orden social y contra los laudos arbitrales firmes sobre sus materias, por los motivos del art. 510 de la LEC y el del art. 86.3 de esta ley, y la lleva siempre a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conoce de la anulación de los laudos civiles, no de esta revisión; y ni la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia ni el órgano de instancia conocen de ella.

El art. 230.1, párrafo tercero, prevé justo este caso: cuando la condena aparece por primera vez en la sentencia de suplicación, o en ella crece la cuantía de la instancia, la consignación o el aseguramiento se hacen por primera vez, o se completan, al preparar la casación. Es el mismo momento que la regla general del art. 230.3 (anunciar la suplicación o preparar la casación): ni la interposición ni la personación ante el Tribunal Supremo, que llegan después.

El art. 230.1 admite en lugar del dinero un aval solidario de duración indefinida, pagadero a primer requerimiento y emitido por entidad de crédito; el documento queda registrado y depositado en la oficina judicial. El aval limitado al tiempo del recurso es el distractor tentador: la ley lo quiere indefinido, porque la condena puede ejecutarse después. Ni el seguro de caución ni la hipoteca están entre las formas que el artículo admite.

El art. 229.3 manda ingresar en el Tesoro Público los depósitos perdidos por sentencia. No se aplican a las costas: lo que la parte contraria recibe, si hay condena en costas, son los honorarios de su abogado o graduado social, con sus propios topes (art. 235.1). La asistencia jurídica gratuita es uno de los destinos del depósito de la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ, que no se aplica a la suplicación ni a la casación del orden social (su apartado 14). Y la Seguridad Social, por medio de su Tesorería General, recibe otra cosa: el capital coste de las prestaciones que el condenado ingresa para poder recurrir (art. 230.2).

El art. 235.4 dice que el convenio transaccional homologado sustituye el contenido de lo resuelto en las sentencias dictadas antes en el proceso, y que el auto que lo homologa es título ejecutivo: lo que se ejecuta es lo pactado. El auto pone fin al litigio, así que no hay vuelta a la instancia; cada parte asume sus costas y se devuelve el depósito. Solo se homologa si no hay lesión grave para alguna parte, fraude de ley ni abuso de derecho.

El art. 232.2 le pide que lo exponga a la Sala por escrito y sin razonar su opinión: la Sala que va a resolver el recurso no debe recibir los argumentos del propio abogado contra su cliente. La viabilidad se decide aparte, por el procedimiento de los arts. 32 a 35 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, y mientras tanto se suspende el plazo para interponer el recurso.

El art. 233.1 parte de la regla —ningún documento ni hecho que no resulte de los autos— y la exceptúa para las sentencias o resoluciones firmes y los documentos decisivos para resolver el recurso que la parte no pudo aportar antes por causas que no le sean imputables. Oída la contraria en tres días, la Sala resuelve por auto en los dos siguientes. El descuido del abogado es imputable a la parte, y que el documento fuera público o que las partes estén de acuerdo no salva que pudiera haberse aportado en la instancia.

El art. 235.1 limita los honorarios incluidos en las costas a mil doscientos euros en la suplicación y a mil ochocientos en la casación: la cifra mayor es la del otro recurso. Seiscientos euros es el depósito para recurrir en casación (art. 229.1), que no tiene nada que ver con las costas.

El art. 231.1 presume la continuidad: en la suplicación, el nombramiento se hace ante el órgano de instancia al anunciar el recurso, y si no hay designación expresa nueva, sigue el mismo abogado o graduado social de la instancia. El abogado de oficio del art. 231.4 es para el trabajador, el beneficiario o el empresario con asistencia jurídica gratuita, no para esta empresa. Y actuar sin profesional no cabe: en la suplicación la asistencia de abogado o graduado social es obligatoria (art. 21.1).